Por: Aurelio Ramos Méndez.
El trámite en el Legislativo del paquete de iniciativas contra la corrupción resultó la mayor y más perversa confabulación de políticos para la preservación de sus intereses, un proceso en el cual el Congreso reafirmó su condición de tianguis para el mercadeo de votos de senadores y diputados de todos —todos— los partidos.
Se trata de un ejercicio en el cual, por si algo faltase,
gerentes y directivos de una docena de organizaciones civiles debutaron en tareas paralegislativas, con idéntica o mayor vocación de deshonestidad aún que los políticos profesionales.
En el Senado, el miércoles por la madrugada, el paquete cuya iniciativa más polémica fue la Ley de Responsabilidades Administrativas, con su ruidosa propuesta de ley 3 de 3, recibió luz verde en circunstancias que formaron un pestilente lodazal, avalado luego en similares condiciones por los diputados.
Bien visto el asunto, sin embargo, el desenlace del paso por el Legislativo de las iniciativas anticorrupción resultó, tal como se había prefigurado desde hace meses y como no podía ser de otra manera, un debate hipócrita, un ajuste a la legislación nacional desde el cogollo del problema.
Un hecho reivindica no obstante a la Cámara alta: La disposición incorporada de madrugada, como de contrabando en la Ley de Responsabilidades, por la cual empresarios que han estigmatizado hasta el cansancio a los servidores públicos e invocado la voluntad de Dios en los bueyes del compadre, tendrán que presentar su 3 de 3, si hacen negocios con el Estado.
La inopinada resolución ya operó un milagro: tiene a los ensoberbecidos directivos de la Coparmex encabezados por Gustavo de Hoyos Walther, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno, haciendo desfiguros al pie del Ángel de la Independencia, pidiendo el fin de la impunidad para todos menos para sí. Y a Juan Pablo Castañón pronosticando ¡mayor opacidad! por efecto de la norma.
La idea de la ley 3 de 3 la vendieron, entre otras organizaciones civiles, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el CIDE, la Fundación Espinosa Yglesias, México Evalúa y —ver para creer— hasta la Coparmex.
Se buscaba que funcionarios, ministros, magistrados, senadores, diputados, dirigentes sindicales y servidores públicos en general, tuviesen obligación de presentar tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Y que éstas fuesen públicas, susceptibles de ser conocidas por todos los mexicanos. Sonaba bonito.
Pocos pero escandalosos, los promotores del proyecto, entre otros Juan Pardinas, Sergio López Ayón, María Amparo Casar, Guillermo Ávila, Eduardo Bohórquez, Mauricio Merino y Enrique Cárdenas, juntaron 634 mil firmas de incautos ciudadanos que respaldaron la propuesta, y las entregaron al presidente de la Cámara alta, Roberto Gil Zuarth.
Si no fuera porque se intuye el propósito deliberado de participar del suculento pastel del Legislativo, podría decirse que, al entregarle la propuesta al panista Gil, los representantes de las ONG metieron la cabeza en la boca del lobo y el lobo simplemente cerró la boca.
¡Vaya uno a saber qué brebaje o qué pócima les dieron a beber en el Senado a los sedicentes representantes de la sociedad civil, o cuántos ceros tuvo el cheque de la capacidad de convencimiento de sus interlocutores! El caso es que, por escrito, cometiendo una traición a la voluntad de los 634 mil firmantes, en un descarado timo a estos inocentes mexicanos, las ONG apoyaron luego un proyecto adulterado, disminuido, en el cual la exigencia original de que los servidores públicos informasen cuánto tienen y cómo lo adquirieron quedó convertida en llamado a misa.
De ahí se asieron senadores para justificar su chaquetazo. La panista Marcela Torres Peimbertanunció la adhesión del PAN al decolorado proyecto en los siguientes términos: “Si ya hasta los ciudadanos cedieron en su propia ley, pues nosotros tampoco vamos a pelear de más”.
Claro que la farsa del proceso legislativo continuó hasta la votación, cuando los panistas Jorge Luis Preciado y Héctor Larios prefirieron satisfacer urgencias personales en lugar de sufragar, y José María Martínez y Adriana Dávila de plano no acudieron al Senado. Y cuando los perredistas Luz María Beristáin, Benjamín Robles y Alejandra Roldán se ausentaron para propiciar la derrota intencional de una ley con alta capacidad prensil, dotada de dientes y garras. ¿Estaban en el secretoFernando Herrera y Miguel Barbosa?
En la pantomima democrática participó, eso sí, el pelotón de petistas encabezado por Manuel Bartlett, grupo del cual, salvo Ana Gabriela Guevara, que votó abstención, y Martha Palafox, que no asistió a la Cámara, los demás se abstuvieron de emitir su voto, algunos aun estando presentes.
¿Por qué no votaron los del PT? Layda Sansores desglosó, maniquea y a su manera, la enigmática jugada: “Porque el coordinador priista Emilio Gamboa ya tenía ‘comprados’ a varios legisladores”. Con apego a la verdad, la heredera de El Negro Carlos Sansores Pérez debió haber dicho que de varios de sus colegas se presume que se vendieron. Hace tiempo quedó establecido que se necesitan dos para bailar tango.
En la Cámara baja el paquete anticorrupción, incluida la polémica ley, no tuvo contratiempos; fue aprobado en sus términos. Ligera. Inocua.
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Fuente: Crónica.
















