Por: Aurelio Ramos Méndez.
La corrupción de los políticos y funcionarios se perfila de manera nítida como el arma más letal en la contienda por la Presidencia de la República en 2018.
Contagiados por lo que se ha visto en diversos puntos del orbe, de España, Portugal y Grecia a Bolivia y Guatemala, pasando por Brasil y Argentina, donde han caído o se tambalean gobiernos tanto de derecha como de izquierda,
nuestros políticos velan armas para acusarse unos a otros de ladrones.
La batalla demostrará, por principio de cuentas, que en materia de depuración de la vida pública durante décadas los mexicanos hemos pedaleado duro sobre una bicicleta estática, sin llegar a ninguna parte.
De hecho, en los prolegómenos de la confrontación electoral, entre la espesa niebla de la contingencia ética que nos asfixia, es factible anticipar que el desenlace será una especie de detente, una suspensión de hostilidades sin consecuencias, producto del equilibrio de fuerzas entre acusadores y acusados. Este final se perfiló, el jueves pasado, en la sesión del consejo directivo de la Coparmex.
Un cuarto de siglo después del arribo al poder de Miguel de la Madrid enarbolando el trapo de la renovación moral, aun sin conocerse la identidad de quienes se disputarán la silla dentro de dos años, se avizora que la atmósfera se llenará tanto con denuncias como con promesas de depuración y castigo para los deshonestos.
La estrategia está ya en marcha desde una derecha envalentonada por el campanazo a Lula y Dilma, el empujón aCristina Kirchner, el frenón a Evo y el acoso a Maduro. Gobernantes que, a despecho de la avasallante propaganda de sus opositores, han entregado —quien más, quien menos— cuentas aceptables en lo social y económico.
Desde inicios de la presente administración federal la Coparmex, entre cuyos miembros han estado siempre las parejas de baile de los funcionarios corruptos, retomó con fuerza su retórica contra la corrupción.
Por todo el país las filiales de esta organización, sin la menor noción de autocrítica, han agitado el tema —¡ver para creer!— de la moralización, considerado por la cúpula patronal una bandera histórica de su sector, cuando en realidad ha sido mero recurso político-electoral.
En la ceremonia de protesta de Gustavo de Hoyos Walther como líder nacional del sindicato de patrones, en una actitud que le va bien sólo a quien nada debe, el nuevo dirigente le puso una celada a su invitado, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con un hilillo de sangre deslizándose por la comisura de sus labios, De Hoyos reprobó a los maniqueos que —dijo— sólo buscan polarizar a la población entre buenos y malos. Y en seguida señaló las tres principales calamidades que en su opinión dañan la convivencia social: “la opacidad, la corrupción y la impunidad”. La soga en la casa del ahorcado.
Como era apenas natural que sucedería, el Jefe del Estado le hizo notar en el acto al líder patronal que la corrupción no es exclusiva del ámbito público, sino que se da también en el privado, y muchas veces “van de la mano”. ¡Merecido sopapo! Pero también todo un acertijo para los ciudadanos rasos.
En el ambiente quedaron flotando interrogantes acerca de quiénes son esos personajes de los sectores público y privado que van, dichosos, prendidos de la mano, cometiendo fechorías. Y cuáles las razones por las que no se les ha castigado. El mensaje, así, quedó como simple advertencia: “No me hagas hablar y todos contentos”.
Fue una emboscada, por donde se mire, la del líder empresarial al primer mandatario. En febrero pasado, en Michoacán, había dicho que “no podemos seguirnos significando como un país donde la corrupción y sobre todo la impunidad son el signo distintivo”, y señaló que naciones como Guatemala, Brasil y Colombia han dado ejemplo en materia de combate a la corrupción, encarcelando a ministros e incluso un jefe de Estado.
Luego, con el talante de quien pide que se haga la voluntad de Dios en los bueyes del compadre, añadió, refiriéndose sólo a los servidores públicos:
“Y la pregunta es, ¿en México cuándo? Lo que queremos, para decirlo en forma reducida, es que si un funcionario la hace, ¡que la pague! Que las camarillas de funcionarios que la hagan, ¡la paguen!”.
Como avance del empleo del tema de la corrupción como ariete electoral, un puñado de organizaciones de la sociedad civil, entre cuyos mecenas menudean apellidos vinculados con los más poderosos grupos financieros y empresariales, ya entregaron al Congreso casi 300 mil firmas con el fin de promover la iniciativa de ley 3 de 3, cuya finalidad es tratar de atarles las manos a cleptómanos de la administración pública. Las recibió Roberto Gil Zuarth, gestor de préstamos para la parentela de Felipe Calderón.
La corrupción constituye, quién puede negarlo, uno de los problemas más agudos de nuestro país. Un cáncer que, lejos de desaparecer, avanza pierna arriba, el cual tampoco es privativo de la derecha ni de la izquierda, sino que —lo vemos en todo el mundo— afecta a todos por igual, carcome cualquier partido.
En España Mariano Rajoy chapaleaba alegre en un pozo de deshonestidad y ya está siendo echado a empellones. En Brasil se bate como fiera para evitar pisar la cárcel el presidente más popular en la historia de ese país, Lula, quien había salido del poder con 87 por ciento de aceptación. Y en Bolivia Evo Morales logró progresos sociales que no se habían tenido en 400 años, pero fragilidades del corazón lo enredaron en corruptelas y ya está por irse.
Políticos y gobernantes uñilargos han brotado como hongos en nuestros lares. Fernando Collor de Mello, Carlos Menem, Otto Pérez Molina; el ex alcalde bogotano amigazo de Calderón, Samuel Moreno, y una nómina interminable inspira a quienes en México ya tienen al lado las cubetas de lodo.
Ante una justicia en actitud puramente contemplativa, sólo cabe esperar que en el intento de sacudirnos a los inmorales no pasemos de Guatemala a Guatepeor.
Como les sucedió a los argentinos con Mauricio Macri, quien antes de las elecciones llegó a coleccionar ¡214 denuncias en su contra!, la mayoría por actos de corrupción, desde espionaje y contrabando de autopartes, hasta violaciones a la Ley de Ética Pública al haber pasado la charola a empresarios para financiar su campaña.
aureramo@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
















