Por: ERNESTO VILLANUEVA.
@evillanuevamx
La detención de Humberto Moreira en España además de su significado político negativo para el gobierno de @EPN pone al descubierto el complejo diseño legal aunado a la voluntad política para aplicar a la luz de criterios de ventaja política la aplicación de la ley.
Antes de la detención de Moreira prevalecía la convicción en la clase política
que la negociación de la ley tenía lugar y hora con las autoridades federales o locales o ambas. Si eso procedía se actuaba en consecuencia, con la seguridad, al menos psicológica, de que todo estaba arreglado y no habría en el horizonte mayores problemas legales. Así fue, por ejemplo con el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo y su hijo, Rodrigo. Este último apareció en varios videos en cordial diálogo con el presunto narcotraficante “La Tuta” negociando, se entiende, a nombre del gobierno de Michoacán con quien debía ser objeto de investigación por varios probables delitos.
La captura de “La Tuta” finalmente ocurrió, pero Rodrigo, el hijo pródigo de Fausto Vallejo se encuentra gozando de cabal libertad. Y así se podrían enumerar un conjunto de casos que podrían estar en ese supuesto, incluyendo la auto investigación del gobierno para juzgarse a sí mismo en el tema de la “Casa Blanca”, que fue todo un burdo caso de encubrimiento por el titular de la Secretaría de la Función Pública, el otrora respetado, Virgilio Andrade, quien sucumbió ante las mieles del poder. El primer problema se localiza en que el gobernante decide aplicar la ley cuando es conveniente, no cuando debe, principio básico de un Estado de derecho.
El segundo problema igual o más grave que el primero es que la corrupción no sólo se ha apoderado de conductas y personas en lo particular, sino que se ha inoculado en el contenido de las leyes que regulan los casos de corrupción y que debieran, pero no lo hacen, evitar la impunidad; es decir, la falta de sanciones a quien comete un acto ilícito. El tema no es fácil; antes bien, sinuoso y complejo. Esta trama inicia con el sistema previsto para el nombramiento de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública. En la experiencia comparada y, para no ir muy lejos, en América Latina, las fiscalías son organismos autónomos con gran independencia para cumplir su quehacer sólo sujetos a la Constitución y a la ley. En México, en un claro caso de conflicto de interés, el titular de la PGR es al mismo tiempo fiscal y procurador; es decir, abogado del poder Ejecutivo. Las secretarías de Función Pública no existen en la experiencia comparada. O son Tribunales de Cuentas o Contralorías Generales de la República. Sea un nombre u otro, sus rasgos distintivos son la independencia de los poderes federales o centrales, según sea el caso. Eso iba a ocurrir en México al inicio de la presente administración, pero se quedó en el tintero. La SFP está limitada de origen para ser imparcial por estar en imposibilidad material, política y humana de sancionar a quienes designaron a su titular. La Auditoría Superior de la Federación carece de atribuciones para sancionar y está sujeta a una comisión del Congreso que tiene atribuciones de vigilarla fuera de los casos habituales en una democracia.
Si lo anterior fuera poco hay que agregar el divorcio entre las normas legales provenientes de convenios y tratados de derechos humanos y aquellas normas surgidas de un proceso legislativo. Las dos forman parte del sistema legal mexicano. Pero contrario al famoso principio pro persona creado para aplicar a las víctimas de derechos humanos la ley más favorable se hace lo contrario. Ojo: no me refiero a su aplicación a los gobernantes o políticos procesados, sino a las personas de a pie que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
No cabe duda, falta mucho por hacer: nuevas conductas de las autoridades que sólo puede darse en el terreno de la convicción de anteponer el interés general al propio y con un nuevo diseño de leyes, instituciones y sanciones. Mientras eso no sucede, el caso Moreira genera el precedente que la exculpación de la PGR ya no es una patente de corso para la impunidad.
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Fuente: Sendero del Peje.com
















