Por: Francisco Báez Rodríguez.
Un problema sistémico con los empresarios mexicanos es que hace décadas se casaron con una visión de la economía y siguen pensando en la misma receta, aun cuando las condiciones estructurales –y también las políticas y sociales– son totalmente diferentes.
Ahora dan otra vuelta a la noria, con su propuesta de contrarreforma fiscal, que impulsan junto con algunos legisladores de Acción Nacional.
El concepto de fondo es el mismo que manejaban en tiempos de López Portillo: el Estado gasta demasiado, cobra demasiados impuestos, devora crédito en exceso y no deja espacio ni recursos suficientes para que la iniciativa privada invierta y genere empleos.
La idea de que una reducción de impuestos generará más riquezas, parte de un concepto ideológico base (sólo parcialmente cierto): que el Estado gasta, no invierte; y de otra idea que podría amablemente catalogarse en el rubro de las buenas intenciones, pero que es falsa: que todo impuesto deducido se transformará en inversión productiva.
Desde hace ya varias décadas, la situación fiscal y el mismo papel económico del Estado mexicano han variado notablemente. Por una parte, ha dejado a la iniciativa privada sectores enteros de la economía, que antes manejaba, de manera deficiente. Por otra, ha tendido a reducir notablemente el déficit público, al tiempo que se le ha secado el pozo que años atrás parecía inacabable: los recursos provenientes de Pemex.
Simultáneamente, se han multiplicado los requerimientos financieros del sector público para llevar a cabo sus tareas fundamentales: seguridad, educación, salud… y se ha hecho más evidente el papel de detonador del crecimiento, y de la propia inversión privada, que tienen las inversiones públicas.
En resumen, a pesar de sus ineficiencias, tenemos un Estado mucho más competente que antes, y que tiene enormes responsabilidades en lo social y en el impulso del dinamismo económico. El asunto, por eso, no es simplemente hacerlo chiquito. Y tampoco podemos suponer (“economía vudú”, Bush padre dixit), que una menor carga impositiva se traducirá, en el corto o en el mediano plazos, en un auge de la inversión privada (sobre todo si no hay inversión pública abriendo brecha, y esto lo saben los economistas del sector privado).
La propuesta de baja generalizada de impuestos lo único que lograría sería ahorcar las capacidades financieras, ya limitadas, del Estado mexicano.
Sabemos que un estímulo fiscal de corto plazo suele tener efectos inmediatos y visibles, que luego se desvanecen. En cambio, reformas institucionales permanentes y previsibles generan efectos de mediano plazo que a final de cuentas resultan mucho más importantes.
En otras palabras, el grillerío alrededor de la reforma fiscal proviene de la desesperación de la coyuntura de muy bajo crecimiento, y las ganas de ver resultados inmediatos. Proviene de la vista corta.
Es necesario pensar en el mediano y el largo plazos. Hay algunas reformas institucionales aprobadas y otras en marcha, para generar ese entorno permanente y previsible que fomenta la inversión.
Se requiere que las reformas terminen por detonar. Y hay que subrayar –pensemos en la financiera y en la de telecomunicaciones– que algunas influyentes empresas están entre quienes han querido desnaturalizarlas en la práctica.
Se requiere, también, certeza jurídica, eso que no abunda, y prácticamente no existe en muchas regiones del país, que han sido presa de la violencia o del vandalismo político.
Se requiere combatir en serio la corrupción, para lo que es necesario también el concurso del sector privado.
Se requiere apostar por la innovación y por los jóvenes, no nada más en el terreno discursivo. Ese es el camino para el aumento de la productividad (y no como ahora, que se insiste, como hace tres décadas, en competir de manera epidérmica, a través de salarios bajos).
Se requiere simplificar trámites para la inversión privada y mixta, así como mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno.
En fin, se requiere que haya claridad en las reglas del juego. Que sean permanentes. Rehacer condiciones de ambiente económico general para que haya certeza en la inversión. Estas condiciones no significan exacción de ganancias estratosféricas en el corto plazo, ni deben hacerlo. Significan entender un nuevo pacto social, implícito o explícito, pero que implique crecimiento sostenido de la demanda interna.
Pero no. El cortoplacismo de los empresarios promotores de la contrarreforma fiscal, que piensan en la ganancia de mañana pero no en las posibilidades de ganancias pasado mañana, les impide percatarse de que, en la práctica, están jugando en contra de esa claridad y esa permanencia de las reglas del juego. Le dan de palos al avispero.
Porque en los hechos, más que por la magia de la economía vudú, están apostando por un cataclismo político que el país no merece, y que tiene nombres y apellidos.
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Fuente: Crónica.
















