Por: Aurelio Ramos Méndez.
En modo alguno es indebido y menos aún ilegal que los funcionarios públicos tengan aspiraciones políticas; de hecho, éstas suelen ser el motor de un buen desempeño, y por lo mismo, redundar en beneficio de la sociedad. Pero una cosa es aspirar y otra muy distinta convertir los puestos en trampolín, con grave perjuicio para la tarea gubernativa.
Viene a colación este señalamiento porque, en cierta manera,
el socavón en el Paso Express a Cuernavaca, así como la creciente inseguridad y violencia y el descomunal caos por obras sin ton ni son en la capital, han sido resultado de la entrega, en cuerpo y alma, a la construcción desde puestos públicos de proyectos políticos personales.
El tema de la sucesión presidencial satura el ambiente; no se habla de otra cosa en las sobremesas. Lo cual se antoja apenas natural, si se repara en la cercanía del proceso electoral 2018. Pero, ¡caramba!, en algunas áreas gubernamentales llevamos ¡seis años supeditando el trabajo institucional a la grilla!
Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez son, por ahora, los más conspicuos aspirantes a candidatos presidenciales a quienes acaba de estallarles en las manos problemas que quizá no hubieran detonado —al menos no con la potencia que lo hicieron— si ambos estuvieran menos distraídos en sus anhelos político-partidistas.
Estos dos políticos, sin embargo, no son ni de lejos los únicos cuya legítima ambición de contender por la próxima vacante de Enrique Peña Nieto los ha obligado —así lo nieguen— a delegar su responsabilidad esencial, aquella para la que fueron electos: conducir sin descuido las materias que tienen encomendadas, en su caso el gobierno en sus respectivas entidades.
La capital del país está patas arriba, debido a obras acometidas por la administración central sin duda con intención de hacer una buena gestión, eficiente y lucidora; pero sin planeación ni calendarización adecuada. Y, desde luego, sin el imprescindible, riguroso y cercano seguimiento del máximo responsable del gobierno.
Similar abandono ha experimentado el rubro de la seguridad pública, de lo cual es botón de muestra el caso Tláhuac, que hizo crisis en el enfrentamiento de la Marina con —disquisiciones semánticas aparte— un cártel de las drogas en toda regla, cuyo saldo fue de ocho muertos, y posteriores narcobloqueos y quema de autobuses urbanos.
El episodio derivó en un sordo enfrentamiento del equipo de Mancera con el gobierno delegacional, en el cual salió a relucir la indolencia de parte y parte. Y en cuyo trasfondo se perciben, nítidos, afanes electoreros; un pulso Morena-PRD.
Está claro: Ni en los momentos de mayor desasosiego para la ciudadanía nuestros políticos son capaces de deponer sus ambiciones.
En el fragor del caso Tláhuac afloraron datos que, de ser verídicos, confirman distracción y dejadez.
Rigoberto Salgado —afirma su correligionaria Clara Brugada— ha girado 27 oficios al gobierno capitalino con solicitudes de atención a temas de seguridad y del anárquico servicio de mototaxis. La excandidata presidencial, Patricia Mercado, que algo sabe de forcejeos electorales, asegura que no existe oficio alguno relativo al narcomenudeo.
Mientras en Tláhuac se configuraba un conflicto mayúsculo, Mancera hacía política en la Conago, un ejercicio que le llevó a preocuparse por la inseguridad a miles de kilómetros de la CDMX, en Parral y Ciudad Juárez. Y, luego, a la realización de tardíos operativo de retiro de mototaxis.
En otro frente, los apetitos presidenciales de Graco Ramírez quedaron sepultados en el socavón del Paso Express a Cuernavaca. Qué bueno. Durante cinco años han sido causa de un descuido gubernamental tan notorio y oneroso como los espectaculares con su imagen colocados en los puntos más vistosos de las principales urbes del país.
Tal vez si el mandatario morelense lo fuese de tiempo completo, aplicado cien por ciento a su alta tarea gubernamental, se hubiera ahorrado el penoso espectáculo —al mejor estilo de Songo y Borondongo— de las acusaciones recíprocas con el equipo de Gerardo Ruiz Esparza, primero, y de Miguel Osorio Chong después.
Mejor aún, con algo menos de omisión y olvido gubernamental quizá no se hubiese formado —o hubiera sido mejor atendida la contingencia— la oquedad que cobró dos vidas sobre una carretera de 2 mil millones de pesos y quince semanas de estrenada.
Graco y Mancera, ya se dijo, no son ni con mucho los únicos aspirantes a candidatos presidenciales que han soslayado su tarea principal en aras de sus ansias políticas. Es cosa nada más de mirar hacia Gobernación, la SEP y aun la delicada área de la hacienda pública y las relaciones exteriores, estas últimas por estos días en acción mancomunada.
Con total indiferencia ante las presiones gringas que tienen por ariete el muro fronterizo y la renegociación del TLC, la dupla Luis Videgaray-José Antonio Meade hizo, de manera conjunta, el anuncio de colaboración con la aplicación de sanciones a Venezuela por Estados Unidos. Advertencia destinada a granjearse la simpatía de núcleos de opinión obcecados en mostrar el espantajo del chavismo.
Si el anuncio de la ayuda al Tío Sam desató la euforia de tales sectores, sólo horas después las ovaciones alcanzaron niveles ensordecedores. Ocurrió cuando desde Veracruz, flanqueado por los titulares de las fuerzas armadas, el Jefe de Estado dijo que “en cinco años le hemos cambiado el rostro a la economía del país”. Una expresión con penetrante olor a destape.
La sucesión, como se ve, llena la atmósfera política. Pero también distrae de asuntos que deberían estar en el centro de las preocupaciones de nuestra clase política y gobernante.
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Fuente: Crónica.
















