Por: MARTÍN ESPINOSA.
No pasa un día en que no sepamos de agresiones a elementos policiacos o a algún representante de la autoridad por parte de ciudadanos que prefieren “pasar por encima” de los ordenamientos legales que respetar la ley
Uno de los saldos más negativos que hoy padece la sociedad mexicana, en medio de la crisis social sin precedentes que experimentamos en estos tiempos de turbulencia
en varios órdenes de la vida nacional, es sin duda el desacato a la autoridad.
El conflicto con las reglas más elementales de convivencia entre nosotros abarca desde las más altas esferas de gobierno hasta los niveles más bajos de la sociedad. Resulta de no creerse que quien por ley debe respetar los máximos ordenamientos constitucionales del país alegue que por “injustos” habría que “pasarles por encima”.
En los tiempos actuales, se vuelve hecho cotidiano agredir a la autoridad y no respetar a quien representa a una institución. El conflicto no sólo es “ideológico”. Tiene muchas cosas más de “fondo”, como el hecho de vivir siempre al “margen de lo legal”, de no acatar las reglas básicas de convivencia social porque simple y sencillamente es más importante el interés particular que lo que es mejor para la colectividad.
Aunque hay quien quiere ver esta crisis como resultado de un modelo económico o político, puesto en práctica por los gobiernos de los últimos 30 años, lo cierto es que este saldo nefasto para la convivencia social data –por lo menos– del último siglo. Y en lugar de haberse revertido en las últimas décadas, se profundizó hasta llegar a los niveles que hoy vivimos.
Hace unos días, una asociación civil de Jalisco advertía de un “fenómeno” social que desde hace varios años se presenta en ese estado del país. Niños y jóvenes de entre 8 y 20 años son reclutados por células del crimen organizado. Se trata, principalmente, de niños en situación de calle a quienes las bandas criminales ofrecen dinero, ropa, alimento o medicinas, a cambio de que empaquen o vendan drogas. Es decir, lo que ni sus familias –seguramente desintegradas– ni la sociedad misma a través de las instituciones creadas ex profeso les han brindado desde hace varios años, abandonándolos a “su suerte”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2017 había 2 millones de menores de entre 5 y 17 años que trabajaron en labores ilegales en Jalisco. Imagínese la magnitud del problema en estados como Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Morelos.
Igualmente, no pasa un día en que no sepamos de agresiones a elementos policiacos o a algún representante de la autoridad por parte de ciudadanos que prefieren “pasar por encima” de los ordenamientos legales que respetar la ley, que seguramente para ellos es “injusta” porque atenta contra sus “intereses” muy particulares o no les permite delinquir a “sus anchas”, como ellos quisieran. De ahí la proliferación de actividades fuera de la ley, situación que hoy tiene agobiados a millones que creemos que es por el camino de la legalidad como el país va a mejorar en todos los aspectos. De eso se trata, de restablecer el tan cacareado “Estado de derecho”. Y eso no ocurre por decreto o con simples declaraciones hechas a voluntad de la propia autoridad. Es un proceso que se desarrolla a mediano y largo plazos.
La mejoría que anhelamos como sociedad no transita, necesariamente, por repartir dinero a diestra y siniestra a quienes menos tienen con el pretexto de que el problema es económico. De nada servirá darles “el pescado si no hay mecanismos que los enseñen a pescar”, como sucedía hasta hace algunos años en el seno de millones de familias.
Con la desintegración del principal “núcleo social” eso se terminó y hoy pareciera haber mutado hacia otra dinámica, mucho más dañina y letal para el desarrollo humano: conseguir el éxito a costa de lo que sea; no importa si es lícito o ilícito.
No hay manera de resolver nuestros conflictos con la autoridad si no retomamos los principios que nos permitieron llegar a ser la nación independiente en la que nos convertimos desde hace ya un par de siglos.
Las guerras intestinas, como en la que hoy nos pretende meter el nuevo régimen (liberales contra conservadores), no construyen, precisamente, el clima que requerimos para levantarnos de donde nos encontramos en la actualidad.
Alentar la división solamente retrasa el proceso de restauración que necesitamos para comenzar la nueva transformación que el país requiere.
Fuente: Excélsior.
















