Por: Jorge A. Bustamante.
Empiezo con una protesta contra un acto de arrogancia del gobierno del estado de Texas, se trata de la pena de muerte de Edgar Arias Tamayo que está programada para ejecutarse en Texas, el próximo 22 de enero del 2014. De ninguna manera debe interpretarse este acto de protesta como una defensa de los delitos cometidos por esta persona,
mucho menos el de haber asesinado a un policía de Texas. Mi protesta debe entenderse contra la respuesta que el gobernador de Texas, Rick Perry, dio a la carta que le escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, John F. Kerry, advirtiéndole a él y a todo el gobierno estatal, que el gobierno de Texas está obligado por el derecho internacional a respetar y a hacer cumplir los acuerdos firmados por el gobierno federal de Estados Unidos; como por la violación flagrante al máximo ordenamiento de convivencia entre las naciones como lo es el derecho internacional, que se aplica al caso del ciudadano mexicano Edgar Arias, tanto como para el caso de otros 50 mexicanos condenados a muerte en Texas, cuyos derechos derivados de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares que establece la obligación de los Estados-nación de propiciar el acceso de los extranjeros acusados de algún delito, a la defensa y protección del cónsul de su país, al que los gobiernos de los países huéspedes deben de notificar, del arresto y/o acusación en contra de un inmigrante. En el caso del señor Arias Tamayo, como en casos anteriores (particularmente el de otro mexicano, José E. Medellín, quien fuera ejecutado en 2008, aun en contra de la opinión del entonces presidente Bush, y de la protestas del gobierno de México), las violaciones a la Convención de Viena sobre asuntos consulares han sido tan graves, como el nulo caso que ha hecho a su normatividad, el gobernador Perry y su entonces procurador de Justicia, Ted Cruz -actualmente senador de Texas y uno de los principales congresistas del llamado Tea Party, oponentes a toda reforma migratoria y a todas las propuestas legislativas que apoya el presidente Obama- ambos arguyeron que el presidente de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre las decisiones del gobierno de Texas. El gobierno federal de Estados Unidos apeló contra esa decisión y perdió. En 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió en favor de la postura del gobernador de Texas. Desde entonces, ningún gobierno estatal de ese país hace caso alguno al derecho internacional, bajo el alegato de “Soberanía”. O sea que el único recurso legal que le queda al gobierno de México es el de presentar una queja ante la OEA. Lo más probable es que eso no servirá de gran cosa, pero habría que hacerlo de todos modos, aunque sea solo para sentar un precedente de respeto al derecho internacional. Lo que yo recomiendo, como simple ciudadano, es que se busque el caso de un gringo -de los muchos que cometen delitos en México- de preferencia texano, que se preste para dejar un registro de reciprocidad por la burla que ha hecho el gobernador de Texas, tanto de los derechos de los mexicanos como de las palabras del embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, a quien no se le ocurrió mejor idea que escribirle lo siguiente al titular de la política exterior de Estados Unidos, Sr. John F. Kerry: “Este asunto -el de la pena de muerte del señor Arias Tamayo- se ha convertido y continuará siendo, un irritante significativo en las relaciones entre nuestros dos países” (véase el diario New York Times del 12 de diciembre de 2013). Faltaría saber qué opinan los familiares de los ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Texas, de que a lo más que puede llegar el gobierno de su país para defender sus derechos es a que el gobierno del país más poderoso del mundo se asuste con la amenaza del embajador de México de que las condenas de muerte de sus paisanos se conviertan en un “irritante significativo” en las relaciones entre los dos países. Habría que esperar para saber qué opinan quienes integran al Poder Legislativo de nuestro país y deban revisar las acciones del Poder Ejecutivo. Si bien “lo cortés no quita lo valiente”, alguien del Poder Legislativo debería de hacerle notar -sería mejor en inglés dado el monolingüismo del góber texano- al gobernador Perry y a su gabinete de la falta de correspondencia entre lo grande de su Estado y lo pequeño, tanto de su conocimiento como de su respeto por el derecho internacional.
Fuente: Reforma.
















