Por: Max Cortazar.
La desigualdad es una realidad nacional que suele estar alejada de los discursos políticos y de los sondeos de opinión. Con razones de sobra, a los mexicanos nos preocupa, principalmente, la situación de estancamiento económico, la ausencia de mecanismos suficientes para asegurar desempeños éticos de las autoridades o el contexto de violencia e inseguridad persistente en distintas regiones del país.
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar en los graves impactos a nuestra viabilidad como colectivo que tienen las crecientes brechas en el acceso a los satisfactores más básicos del bienestar personal o familiar, presentes al interior de nuestra sociedad.
La desigualdad es una condición que conlleva efectos transversales preocupantes. En la arena política genera bajo respaldo a un sistema democrático de gobierno y, en consecuencia, falta de credibilidad al funcionamiento de las instituciones. Cabe recordar el estudio dado a conocer hace un par de meses por el Pew Research Center con sede en Washington, en el cual México expresa uno de los niveles de satisfacción más bajas hacia la democracia, en comparación con los 38 países considerados en la muestra.
Asimismo, el mismo centro de investigación reveló que apenas dos de cada diez mexicanos le guardan algún tipo de confianza al gobierno. Resultados que son consistentes con las conclusiones de otras encuestas internacionales en la materia, como es el caso de Latinobarómetro.
También, en el campo económico, la desigualdad genera estragos importantes. México es uno de los países del mundo donde conviven el mayor número de multimillonarios con el mayor número de personas en pobreza. En un país donde el uno por ciento de su población concentra una riqueza similar al 95% de los mexicanos —según datos de un estudio reciente liberado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México—, resulta por demás complejo pensar en las posibilidades de alcanzar nuestro potencial, cuando son millones quienes se quedan marginados de los beneficios de las cadenas de actividad productiva.
Sin duda, esto es propiciado en gran medida por un contexto social donde el común denominador se encuentra en la falta de oportunidades. A pesar de los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil organizada, aún se cuentan por varios miles los ciudadanos en el país que en pleno siglo XXI se ven marginados de servicios de salud, educación y capacitación de calidad.
Si el factor salud es una variable determinante en la calidad de vida de las personas, la educación lo es en el contexto de un mercado laboral que para desarrollarse en él exige el desarrollo de habilidades tecnológicas mínimas. Además, la desigualdad lastima el tejido social que procura condiciones propicias de una mayor seguridad para las familias integrantes de una comunidad.
Por todo ello, resultan preocupantes los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Población, dados a conocer ayer por Excélsior, los cuales reafirman la tendencia en la creciente brecha de desigualdad que vive México. De acuerdo con la nota periodística, mientras en los últimos 13 años las entidades de Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México crecieron en sus respectivos ingresos por habitante, en contraste con estados como Chiapas que, por el contrario, contrajeron su Producto Interno Bruto per cápita en el mismo periodo. Asimismo, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y el Estado de México se mantienen con los menores PIB por habitante. En suma, desde 2003 el país ha agravado la desigualdad existente entre sus diversas regiones.
Erradicar las causas de la desigualdad comienzan por dejar de concebir el diseño del país desde su capital y bajo criterios centralistas. Empieza por definir de la mano de autoridades, empresarios, emprendedores y sociedad civil las vocaciones prioritarias a desarrollar, para que políticas públicas mejor instrumentadas permitan alentar el crecimiento económico desde las propias municipalidades, así como atender mejor las necesidades del orden social.
En este campo, la labor —o mejor dicho, la rendición de cuentas— de las autoridades estatales y locales resulta indispensable, pues son ellas quienes tiene interacción de primera mano, con las fuerzas motoras de sus comunidades. Si persistimos en el modelo actual de planificación, con desigualdad no habrá futuro posible.
Fuente: Excélsior.
















