Por: MÓNICA CAMACHO.
El Congreso de Puebla aprobó la desaparición del ayuntamiento de Tehuacán y la integración de un Concejo Municipal que se hará cargo del gobierno de esa ciudad, debido a que encontró 33 pruebas que materializaron violaciones al manejo de recursos públicos, usurpación de funciones, bloqueo de atribuciones entre los integrantes del cabildo y mala atención de los servicios públicos.
En los hechos, el presidente municipal Andrés Artemio Caballero López y el resto de los integrantes del Cabildo, electos por el voto popular en 2018, seguirán en funciones debido a que promovieron una controversia constitucional contra la disolución que se encuentra en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Legislativo tomó la decisión por mayoría de votos en el último día que tenía para pronunciarse sobre el tema y lo hizo luego de que la bancada mayoritaria de Morena aceptó corregir el dictamen para no desacatar la suspensión del proceso que dictó la SCJN.
Los cambios consistieron en establecer que la disolución se ejecutará una vez que la corte resuelva la controversia constitucional, mientras el proyecto original determinaba que la resolución surtiría efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
La corrección se realizó en medio de las advertencias de los diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) de que el acuerdo del Congreso derivaría en un desacato y la posible imposición de sanciones para los diputados, las cuales podrían llegar a la separación del cargo e incluso cárcel.
Según el dictamen aprobado, la Comisión de Gobernación obtuvo las 33 pruebas a favor de la desaparición en las audiencias que abrió en julio pasado para que los integrantes del Cabildo tuvieran la oportunidad de presentar sus alegatos, ante las solicitudes de revocación de mandato que presentaron ciudadanos inconformes con el gobierno de ese municipio.
De la información recabada, el Congreso concluyó la existencia de un conflicto suscitado entre los integrantes del Cabildo de Tehuacán que provocó “la toma de decisiones injustificadas carentes de motivación que trascendieron al ámbito administrativo y presupuestal”.
El Poder Legislativo detectó que las irregularidades provinieron de un grupo de regidores denominado G-8 que impuso decisiones que atentaron contra los derechos del resto de los integrantes del Cabildo, al excluirlos del trabajo en comisiones y someterlos a un ambiente de “amenazas e intimidación constante”.
Además, el denominado G-8 conformó una comisión especial de transición con los regidores Víctor Manuel Cannán Barquet, Israel Nasta de la Torre y Yessenia Hernández Asunción que, según el Congreso, incurrió en “causas graves” como la usurpación de funciones, pues desempeñaron actividades exclusivas del presidente municipal en los ocho meses que transcurrieron entre la detención del edil propietario Felipe Patjane Martínez y la toma de protesta del alcalde suplente Andrés Artemio Caballero.
De acuerdo con una nota publicada por La Jornada de Oriente el 4 de junio de 2019, el resto de los integrantes del G-8 son Alejandro Villareal Hernández, Elvira Balderrama Correa, Sara Sánchez Mendoza, Irma Villanueva Cortés y Reyna Alicia Paredes Flores.
Fuente: Jornada de Oriente.
















