Por: JOSÉ REYES DORIA.
@jos_redo
La reforma a las telecomunicaciones de 2013 fortalece la tendencia a acotar el poder fáctico de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones
Las reformas estructurales aprobadas por el Constituyente Permanente en 2013 son ambiciosas pero corren el riesgo de quedarse a medias por presiones de los poderes afectados.
Los cambios legislativos en materia energética, telecomunicaciones, político-electoral y transparencia, son profundos y se interrelacionan a tal grado, que hacen necesario que, para lograr los objetivos estratégicos que se les atribuyen, se instrumenten con una perspectiva sistémica.
El ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto expresado durante la promulgación de la Reforma Político-Electoral, en el sentido de que enviaría una iniciativa adicional para reformar el artículo 41 de la Constitución con el objeto de volver a establecer el término adquirir en lugar de comprar, en lo relativo a la publicidad electoral, refleja el nivel de resistencias provenientes de diversos actores frente a las reformas.
La nueva iniciativa de Peña Nieto, obedece a que en algún momento, de manera subrepticia pero con la anuencia de todos los legisladores, durante la discusión de la Reforma Político-Electoral en el Congreso se modificó la fracción VI del Apartado D, del artículo 41 de la Constitución, que establece cuáles serán las causas de nulidad de las elecciones; entre dichas causas, se enuncia: Se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
La cuestión es importante. El término adquiera abarca toda la gama posible de acceso a radio y televisión más allá de la compra, porque esos tiempos se pueden adquirir por donación, regalo, cesión, aportación, etcétera; de este modo, con el término adquiera, se pone un dique al papel determinante del dinero y los medios en los procesos electorales.
Por el contrario, el término comprar permite la hipótesis de que un determinado partido o candidato accedan a radio y televisión fuera de los tiempos del Estado y, una vez denunciados, puedan alegar que no compraron esos tiempos de difusión, sino que se los cedieron, aportaron o regalaron.
El fondo del asunto tiene que ver con el espíritu de las reformas estructurales aprobadas en 2013. Diversos sectores académicos e intelectuales se han inclinado a interpretar estas reformas, como una medida para recuperar la rectoría del Estado en sectores como el de las telecomunicaciones, educativo y energético. Desde la reforma electoral de 2007, se introdujo el nuevo modelo de comunicación política, en virtud del cual los partidos políticos y los candidatos tienen prohibido adquirirtiempos en radio y televisión, salvo los tiempos del Estado que le correspondan en los términos que determine el IFE. La medida se complementaba prohibiendo a los concesionarios vender tiempos de radio y televisión para fines político-electorales.
Esta medida generó una reacción virulenta de las televisoras, porque no solo se les venía abajo un negocio de miles de millones de pesos, sino que les mermaba la enorme influencia política que significa tener la llave para promocionar, o bloquear, en las pantallas chicas, a un partido o un candidato en tiempos de campaña.
La reforma a las telecomunicaciones de 2013 fortalece la tendencia a acotar el poder fáctico de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. Al definir a la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, se le otorga al Estado la atribución de imponer condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y veracidad de la información. Esto significa, en términos prácticos, que el Estado puede, legalmente, desmontar las bases de dominancia monopólica de los grandes concesionarios de radio, televisión y telefonía, que les reportan ganancias multimillonarias y privilegios inaceptables.
Por ello, el hecho de que se haya establecido de última hora en el dictamen de la Reforma Política el término comprar, en lugar del término adquirir (presuntamente operado por la telebancada, a través de un diputado panista), no solo es una provocación sino que puede convertirse en un golpe al corazón de la reforma electoral de 2007 y la reforma a las telecomunicaciones de 2013. Porque se estaría abriendo la puerta a la permanencia, en lo esencial, del poder y la influencia de las televisoras sobre los procesos políticos y económicos.
Lo que está en juego es la supremacía de los poderes constituidos sobre los poderes fácticos, que la agenda nacional pueda construirse a partir de las instancias plenamente legitimadas por el voto popular, sin la interferencia arbitraria de ningún poder por más grande que sea.
En este contexto, el Presidente Peña Nieto es congruente con el espíritu de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y político-electoral, dado que la iniciativa que anunció el 31 de enero no sólo enmendaría el desatino legislativo antes descrito, sino que enviaría un sólido mensaje de que los poderes fácticos deben someterse a la autoridad del Estado en un marco de gobernabilidad democrática.
Fuente: Sdpnoticias.com
















