Por: ERNESTO VILLANUEVA.
@evillanuevamx
* Federico cuestiona a Amparo Casar de varias conductas reprochables.
El estudio denominado “dinero bajo la mesa” elaborado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde propietario de su consultora Integralia adolece de varias fallas metodológicas, a saber: Primera. La expresión “dinero bajo la mesa” se usa para referirse al pago generalmente en efectivo (de ahí “bajo la mesa”) que un político o gobernante entrega a un medio o periodista,
en este caso, para decir o dejar de decir algo. Al leer el estudio no se observa en ningún lado una muestra jurídicamente relevante de que hay al menos indicios de la comisión de un delito en materia de corrupción. Un título como tal estaría soportado por videos, grabaciones u otros medios en los que se detecta in fraganti la probable comisión de un delito. No es el caso. Legalmente no hay delito o ilícito qué perseguir ante un tribunal de derecho a la luz de los datos consignados en el estudio de referencia.
Segundo. El estudio se limita a hacer solicitudes de información pública para determinar los pagos que el gobierno federal ha hecho por concepto de publicidad oficial o de otra naturaleza. Esos pagos, como es natural, se encuentran soportados por las respectivas facturas o recibos de personas con actividad empresarial que entran al sistema financiero mexicano y se hacen, por ende, de manera transparente y no “bajo la mesa”, de ahí que Casar y Luis Carlos hayan obtenido los datos con el que arman su informe.
Tercero. El estudio de referencia se nutre de opiniones de “analistas” que no son citados como lo ordena una investigación científica que, aunque los identificara son juicios de valor o conjeturas de lo que el “analista” considera que sucede en los medios en su relación con el poder público. En derecho penal no llegaría siquiera a lo que se denomina “testigos de oídas”.
Cuarto. En algunos casos analizados se puede inferir- pero sólo como apreciación, difícilmente podría convertirse en una herramienta para controvertir un caso ante un tribunal de derecho- que no se compadece el monto recibido con el tráfico de las páginas digitales de los periodistas señalados en una lógica de mercado. No es ilegal, pero sí es un ingrediente de una falta de ética pública. Ese comportamiento no está regulado- y, por supuesto, debería estarlo- en la muy reciente Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada por mandato judicial con una deficiente técnica jurídica y sin resolver los grandes nudos gordianos de esa compleja relación medios-periodistas-gobierno.
Quinto. En el estudio de referencia no se observa una metodología que explique por qué se hizo como se hizo y por qué no de otra forma. Es un punto de partida en todo quehacer científico. Si hubieran sido mis alumnos de doctorado los hubiera reprobado por fallar en lo primero.
Sexto. Los graves errores metodológicos han generado que la investigación no resista el menor análisis científico y menos puede ser útil para iniciar un litigio estratégico. Es sorprendente la ausencia de un sólido marco teórico que hubiera sido deseable y necesario. Los principios metodológicos básicos descansan en tratar por igual a los sujetos de estudio. No debe haber modificaciones porque altera el estudio y el de referencia lo ha generado por esa ausencia de hilo conductor a prueba de todo.
Séptimo. En algunos casos el estudio pone la lupa en los casos donde se presume hay una irregularidad- por lo menos ética- cuando hay una inexplicable diferencia entre la audiencia del medio y las pautas publicitarias oficiales que recibe, sobre todo si se revisa su línea editorial. Si esta fuera la lógica del estudio se hubiera aplicado el mismo criterio de análisis a todos los investigados, pero no fue el caso.
Octavo. Se incluye a Federico Arreola como “chayotero” pero no se dan elementos de juicio que sustenten esa imputación. Federico ni tiene página personal ni factura como persona física y, como él mismo lo ha dicho, sus ingresos provienen de su sueldo y de sus participaciones accionarios de www.sdpnoticias.com en tanto directivo y socio. Que recibe publicidad sí y de manera legal y legítima al ser uno de los medios digitales con mayor tráfico lo que en la lógica del mercado justifica con creces esas pautas de publicidad.
Noveno. Ya Federico ha salido a explicar su caso que se aleja de toda elasticidad verosímil de la metodología seguida por llamarla de alguna manera del informe en cuestión. Veo en el mismo una afectación a su patrimonio moral (la difamación y la calumnia en la CDMX se derogaron con la expedición de la ley especial en materia de protección al derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen en el 2006). Peor todavía, Federico ha denunciado por qué está convencido de que al estar en ese ingrato lugar y peor calificativo es resultado de un ajuste de cuentas por agravios pasados que nadie tienen que ver con análisis objetivables de medios y gobierno.
Décimo. Federico cuestiona a Amparo Casar de varias conductas reprochables, quizá una que pasó de largo y es importantísima es que al parecer la señora Casar tuvo simultáneamente dos cargos en el gobierno federal, una como coordinadora de asesores del secretario de gobernación y otra como investigadora del CIDE que es también parte de la Administración Pública Federal. Si eso es cierto habría incurrido en responsabilidad administrativa; es decir, en un acto de corrupción paradójico con su cargo como titular de una AC en materia de combate a la corrupción, del que habría salido impune.
@evillanuevamx
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Fuente: Sdpnoticias.com
















