Por: RUBÉN CÁRDENAS.
La exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, acaba de confirmar algo que ya se conocía aquí y allá: Felipe Calderón no sólo estaba enterado, sino que solapaba la relación de su cercano colaborador Genaro García Luna -actualmente preso en Nueva York- con el crimen organizado, sobre todo con el cártel de Sinaloa, como también lo supieron Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto, pero ninguno hizo nada en su momento.
En declaraciones a la revista Proceso este fin de semana, Jacobson trató de justificar, sin lograrlo, las razones de Estados Unidos para mantenerse en la omisión respecto a las conductas delictivas de García Luna, lo cual es cuestionable, porque al menos durante los dos sexenios panistas tuvo estrecha relación con la criminalidad y los norteamericanos estuvieron al tanto de ello, pero en vez de intervenir como suelen hacerlo, le abrieron la puerta de su país para que viviera a sus anchas, con todos los lujos imaginables, aun sabiendo que los pagaba con dinero de procedencia ilícita, una cuestión en la que se supone son muy éticos.
Además de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto conocieron y respaldaron las andanzas de García Luna y, lejos de cuestionarlo, decidieron protegerlo. Del 2001 al 2005, García Luna fue el responsable de la extinta Agencia Federal de Investigación, desde donde trabajó y expandió estrechas conexiones con narcotraficantes; en el sexenio de Peña Nieto, aun cuando no ocupó ningún cargo público, fue beneficiado con millonarios contratos para vender al gobierno presuntos equipos de seguridad.
En este orden de ideas, Roberta Jacobson reabrió el debate respecto al impedimento, en caso de que lo haya, para que el presente gobierno pueda actuar contra Felipe Calderón, Fox y Peña Nieto, incluso de Carlos Salinas De Gortari por solapar a García Luna, cuando es obvio que a cada uno de ellos se le puede integrar una gruesa carpeta de investigación y, además, hoy no tienen ya el mismo peso político que les permitió encumbrar a personajes oscuros, no sólo a García Luna, y usarlos para sus propios intereses.
Algunos influyentes dentro de la estructura del gobierno de la Cuarta Transformación consideran que la investidura presidencial quedaría hecha añicos si se encarcela a un expresidente, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, en donde algunos exmandatarios han sido detenidos y sentenciados por la comisión de diversos delitos, pero eso ha levantado protesta social.
En cambio, otro grupo de colaboradores de AMLO estima que es momento de reivindicarse con los gobernados y cumplir los compromisos de campaña, por lo cual sí debe proceder contra cualquier ejemplo pasado de corrupción, en vez de dejar que se paseen a sus anchas dentro y fuera de México, en lo que se percibe como una actitud de impunidad.
Y sobre todo, más allá de la lucha que se pueda estar registrando al interior del gobierno para establecer los límites contra la corrupción de regímenes anteriores, López Obrador no debe olvidar el compromiso que estableció con los electores de proceder contra quienes traicionaron la confianza ciudadana. Ya no es una cuestión de si AMLO los quiere perdonar o no, porque no puede decidir y actuar a título personal, sino debe hacerlo a nombre de la mayoría y esa mayoría quiere justicia, que no venganza.
Twitter @rubencardenas10
Fuente: Siglo de Durango.
















