Por: Isabel Turrent.
No somos los únicos. El fantasma del rechazo a los políticos actuales y a sus modos de gobernar recorre todo el mundo occidental. Una encuesta de 2013 entre votantes estadounidenses mostró un resultado que muchos mexicanos compartirían: los diputados y senadores son más impopulares que los embotellamientos y las cucarachas. Y en Gran Bretaña,
62% de entrevistados en una consulta de 2012 estuvo de acuerdo en que “los políticos mienten siempre: no se les puede creer nada”.*
La desilusión ciudadana ha erosionado la democracia: la tasa de abstención ha aumentado año con año y un número creciente de votantes ha optado por grupos y partidos populistas y radicales. La abstención deslegitima cualquier proceso democrático porque la democracia está enraizada en la participación ciudadana. Los partidos de derecha -que en su mayoría mezclan el conservadurismo social con propuestas económicas de izquierda como nacionalizar industrias y fortalecer al Estado interventor (a imagen y semejanza de los partidos fascistas europeos de los treinta)- vulneran la democracia porque son por naturaleza autoritarios. Ponen en duda la validez de los órganos representativos de la democracia -y de las leyes que aprueban-, promueven la parálisis del gobierno como estrategia política sin importar los costos, envenenan el discurso político, son intolerantes e introducen en el cauce del quehacer político agendas antidemocráticas. Toda proporción guardada -y esta proporción es considerable si se consideran factores como el racismo y la xenofobia galopante de grupos como el Frente Nacional francés, el UK Independence Party británico y el Partido del Té en Estados Unidos- el impacto negativo de esos partidos populistas en el armazón democrático ha sido igual aquí y en otros países.
Las razones del descontento ciudadano son muchas. Algunas son estructurales y se aplican a todos los países, como la “doble delegación” en las democracias modernas que ha convertido a tecnócratas que nadie eligió en gobernantes de hecho, la desigualdad que pone en duda uno de los fundamentos de la democracia -todos son iguales ante la ley- o el impacto de la globalización que ha reducido la capacidad de maniobra y la soberanía de los Estados. Otras causas son de factura local: las costosas campañas financiadas por los ricos que han convertido a los políticos en rehenes de los grupos más privilegiados en Estados Unidos y la falta de regulación de su sistema financiero -causa principal de la crisis de 2008- o el déficit democrático de la Unión Europea. En México, la lista de esas deudas es muy larga: a la cerrazón del sistema partidista habría que sumar la irresponsabilidad y la escasa rendición de cuentas de los políticos y la corrupción rampante que perdona a muy pocos, para no hablar de su ineficacia para resolver problemas gravísimos como la inseguridad que padecemos todos los mexicanos.
Sin embargo, y ningún gobierno debe olvidarlo, la vía más directa para restaurar la democracia es atacar el denominador común del descontento del electorado en todas partes: el pobre desempeño económico de los últimos años. La democracia favorece el crecimiento económico sostenido porque provee el armazón institucional y legal que protege, entre otras cosas, la propiedad, la educación para todos y el espíritu empresarial, pero no es un antídoto infalible contra el voto irracional y desinformado. Si una mayoría del electorado vota por partidos populistas o elige políticos ineficientes, comparte la responsabilidad de un mal gobierno. Con la ventaja de que podrá deshacerse de ellos, sin violencia -el único mecanismo de relevo de mando en sistemas autoritarios, dictatoriales o autocráticos- en las siguientes elecciones.
La democracia tiene una última ventaja comparativa: es el único arreglo político que permite equilibrar la búsqueda del bienestar colectivo y la protección de las libertades individuales. Winston Churchill tenía razón: la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado.
* Philip Coggan, The Last Vote (Penguin Books, 2013), p. 2.
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Fuente: Reforma.
















