Por: Aurelio Ramos Méndez.
Una de dos con la 3 de 3: no sirve para nada en su versión original y sus chambones impulsores andan perdidos en la estratósfera, sin contacto con la realidad, o es una útil herramienta anticorrupción que acabó negociada por oro contante y sonante por la bancada senatorial del PAN.
Después de semanas de amenazas, gritos y sombrerazos por parte de legisladores y dirigentes panistas,
en defensa de la genuina 3 de 3, como si en ello les fuera la vida, Marcela Torres Peimbert anunció la adhesión de los blanquiazules al proyecto del PRI y el PVEM, el cual consideraban desteñido, limitado, inservible.
Hizo Torres Peimbert el anuncio de la capitulación con un argumento demostrativo de la curiosa manera —por decirlo con suavidad— que en su partido tienen de entender la función legislativa, consistente en doblar las manos cuando se requiere mayor firmeza.
A decir de quien es secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado, su bancada se somete “ante las resistencias brutales que estamos viendo de toda la clase política” a los esfuerzos de moralización, y, desde luego, “pensando en el bien del país”.
¡Caramba! Cualquiera pensaría que si los del blanquiazul hicieron tanto borlote con la polémica iniciativa era porque sus convicciones ahí contenidas les resultaban caras e inquebrantables. Y porque frente a las “resistencias brutales” la obligación ética y política de un legislador es tratar de vencerlas, presentar mayor resistencia, poner el brazo más firme.
Tal como se los dijo Emilio Gamboa, panistas y perredistas contaban con el número de votos suficientes para darle luz verde a su iniciativa. No lo hicieron.
Los senadores coordinados por Fernando Herrera y cuyo copartidario, Roberto Gil, preside la Cámara alta, prefirieron plegarse al criterio de que debe quedar a voluntad de los servidores públicos difundir información sobre su patrimonio e intereses personales y familiares. Detallar estos aspectos –dicen— expone los hombres públicos a la delincuencia, el asalto, el secuestro, la extorsión y otros delitos.
¿De verdad creen los senadores del PAN que en un entorno donde todo el mundo sabe quién es quién y reconoce —aunque no tenga modo de probarlo— al político ladrón, el funcionario transa, el líder venal o el empresario logrero los delincuentes necesitan ver en Internet la lista de propiedades, lujos y detalles patrimoniales para atentar contra estos?
Para justificar la indecorosa reculada Torres Peimbert se apoyó en el súbito chaquetazo previo de los gerentes de ONG promotoras de la iniciativa 3 de 3. ¿Quiénes? Juan Pardinas, Sergio López Ayón, Guillermo Ávila, Eduardo Bohórquez, Mauricio Merino, Enrique Cárdenas, María Amparo Casar, entre otros. “Si ya hasta los ciudadanos cedieron en su propia ley, pues nosotros tampoco vamos a pelear de más”, dijo, en un alarde de noción de la responsabilidad legislativa.
Para tratar de confundir al respetable los panistas emularon al diputado brasileño Waldir Maranhao, aquel que con diferencia de sólo unas horas dijo no pero sí al juicio político a Dilma Rousseff. Ricardo Anaya salió sin convicción a desmentir a Torres Peimbert.
No nos dejemos engañar. Los panistas, tal como aquellos “ciudadanos” en funciones paralegislativas que hasta un escrito firmaron, a modo de rendición, sepultando su iniciativa y ensalzando el proyecto PRI-PVEM, no bebieron ningún brebaje que les hiciera cambiar de criterio. Tampoco recorrieron su Camino de Santiago. Menos aún recibieron uno de esos golpes de muerte en la cabeza por los cuales, a veces, al recuperar la conciencia, se es otra persona, con sabiduría, habilidades y destrezas desconocidas. Nada de eso.
Nunca les interesó a los legisladores del PAN la ley avalada por más de 600 mil ciudadanos políticamente estafados. Mutaron de opinión presumiblemente por algo más prosaico: dinero contante y sonante, prebendas diversas, puestos burocráticos, triunfos electorales y otras expresiones de venalidad.
El debate legislativo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se libra en momentos en que el mundo entero parece desconcertado por la dimensión adquirida por el fenómeno de la corrupción. Cuando candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores protagonizan una contienda electoral marcada por escandalosas acusaciones aun sobre las más inimaginables formas de deshonestidad. Ninguna de las cuales San Juan Nepomuceno validaría como calumnia, difamación o chisme, por mucho que se invocase su protección.
Ocurre el debate cuando en Brasil una clase política corrupta hasta la médula acaba de tumbar a una presidenta que al parecer no se robó ni un real pero incurrió en faltas administrativas. Y cuando en el Reino Unido se configura el reino del revés, aquel donde —según la ronda infantil— un ladrón es vigilante y otro es juez.
Descubierto como depositario de fondos de inversión en Bahamas, David Cameron fue anfitrión de la primera cumbre contra la corrupción. Encuentro al cual concurrieron –se vale reír— Virgilio Andrade, Juan Pardinas y Eduardo Bohórquez, además de José Ángel Gurría por la OCDE.
La cumbre fue convocada por motivos bien conocidos en México, entre estos la certeza de que la corrupción no es un delito sin víctimas fatales.
Suman decenas, si no es que centenares de miles los muertos resultantes de la connivencia entre policías y delincuentes, las tragedias en obras públicas malhechas, con materiales de quinta, los decesos en hospitales por irregularidades en la proveeduría o calidad de medicamentos, los accidentes derivados de mordidas de tránsito, las licitaciones amañadas, y hasta por el desvío de ayuda a la población en situaciones de desastres…
Menos interesado en combatir la corrupción que en lavarse la cara y cuidar el reino, en cuyos territorios —las Islas Vírgenes Británicas— se hallan registradas 113 mil de las 210 mil empresas que aparecen en los Papeles de Panamá, Cameron inició con el pie izquierdo su pantomima.
En grave descortesía, aunque al parecer acostumbrado a hablar a espaldas de la gente, dijo que Nigeria y Afganistán son “fantásticamente corruptos, quizá los países más corruptos del mundo”. Sus groseras palabras tuvieron, sin embargo, merecida respuesta: Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria, dijo entre risas que a Cameron no le exige disculpas por su insolencia, sino que le devuelva al país africano el dinero que nigerianos corruptos han depositado en la Gran Bretaña.
Algo que también hubieran podido haber dicho Andrade, Pardinas y Bohórquez, si no fuera por —ya está demostrado— su escaso interés en combatir el cáncer de la corrupción.
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Fuente: Crónica.
















