Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO.
@jcma23
Existe la percepción, expresada durante estos días por varios actores políticos, observadores independientes y académicos especializados en investigación educativa, de que la Reforma Educativa en la actual coyuntura 2018-2019 (por el momento expresada en modificaciones al texto Constitucional por el Poder Legislativo, marzo-mayo, 2019), resultó “insuficiente”; que apenas “es un primer paso”;
o que “se cambió lo que se pudo” (dado que a los legisladores de Morena y aliados políticos no les alcanzaron los votos para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador)”.
Desde otra perspectiva, hay quienes sostenemos que, en esencia, en esta Reforma Educativa de la 4T se observa “continuidad” con respecto a la Reforma Educativa 2012-2018, puesto que se conservan: 1) Las mismas concepciones educativas generales (mirar, por ejemplo, el derecho a la educación desde un enfoque administrativo de “la calidad”); 2) No hay cambios en la arquitectura institucional, porque en el fondo, y las formas, no existe un proyecto educativo alternativo (en sentido estricto, por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en esencia se conserva, pues sólo cambiará de nombre y de personalidad jurídica); 3) El trazo general de las políticas públicas educativas aplicadas durante el pasado (2000-2018) es el mismo, dado que no hay cambios sustantivos: es como un péndulo que va de la “evaluación” a la “mejora continua” de la educación; y 4) Se dejan intactas la racionalidad, los métodos y el lenguaje “tecnocráticos”, “gerencialistas”, que se usan para abordar los problemas y las soluciones del “Sistema” Educativo, (y para hacerlo más “eficiente y funcional”).
A esa sensación de insuficiencia y limitaciones en el marco jurídico general de la educación, dadas las modificaciones aprobadas recientemente al Texto Constitucional (sobre todo al Art. 3), habría que agregar el escaso nivel de impacto que dichas modificaciones normativas tendrán en la base social del “sistema” educativo nacional, a nivel local, comunitario. Porque es claro que las modificaciones constitucionales no impactarán inmediatamente en las escuelas y menos aún en las aulas. Eso se debe a que la mayoría de las maestras, los maestros, estudiantes, directivos escolares, las familias y asesores de la escuela pública, han estado al margen o ajenos de las discusiones y decisiones que se han tomado en los órganos legislativos y del poder ejecutivo federal. Para contar con evidencia al respecto, sugiero desarrollar una encuesta o un estudio de campo acerca de las percepciones y expectativas que tienen los docentes, directivos y asesores técnicos del sector público, así como estudiantes y padres y madres de familia, en torno a las recientes modificaciones constitucionales.
Ese fenómeno del divorcio entre las políticas públicas educativas (que incluye la definición del marco legal) y las comunidades educativas, ha sido ampliamente analizado, desde una perspectiva sociológica, por M. Fullan, quien afirma lo siguiente: “El proceso de cambio se ha caracterizado por seguir un patrón según el cual las innovaciones se desarrollan fuera de los centros para ser transmitidas a ellos, posteriormente, en función de bases universales. Los consumidores o usuarios de dichas innovaciones (profesores, padres, alumnos) tienen un papel limitado en ese proceso, siendo considerados más bien como adoptantes pasivos de lo mejor de las innovaciones más recientes. Es notorio que la primacía se otorga a las innovaciones (que a menudo acaban en sí mismas) y no a la capacidad de los usuarios para innovar. En otras palabras, en lugar de considerar la innovación como parte de un universo de significados, las escuelas se interpretan como un mundo de adoptantes. Allá donde los usuarios sí innovan se trataba, a menudo, de un hecho individual, el resultado de un proceso permitido y no de un proceso participativo.” (1)
El juego de lo político sobre lo educativo
Al retomar el análisis de la esfera de lo político y legislativo, afirmo que no se trata de aislar artificialmente los vaivenes del juego político de los procesos específicos de “lo educativo”. De ninguna manera. Sino más bien, lo que habría que comprender es cómo se conectan e influyen mutuamente estos campos (que a veces es necesario separarlos para fines de análisis), así como entender las complejas relaciones políticas (equilibrio de poderes) que se concretan en la toma de decisiones sobre las políticas públicas en este ámbito; así como analizar los derroteros del diseño institucional que se derivan de todo lo anterior (por ejemplo, la creación de un “nuevo” organismo “mejorador” de la educación, que esta vez no contará con autonomía constitucional); y, finalmente, saber por qué se mantiene un modelo de gestión educativa y escolar (el “gerencialismo”), y una manera particular de mirar el quehacer cotidiano en las escuelas, como aterrizaje de las políticas públicas educativas, que no ha producido resultados favorables (lo digo en sus mismos términos, es decir, en los niveles de “logro de los aprendizajes”) en las escuelas.
En este sentido, coincido con lo señalado por Arturo Delgado Santos cuando afirma que “…los obstáculos inherentes a toda intención de transformar las instituciones educativas, lleva necesariamente a otra problemática que es la del poder. El sistema educativo está inmerso en una trama de relaciones de poder, que van desde lo macro y lo meso, hasta lo micro, y estos intereses y alianzas entre grupos políticos es precisamente lo que desafía toda buena intención de cambio educativo; el ejercicio manifiesto y oculto del poder conforma una cultura de la organización escolar, un legado de prerrogativas y privilegios difíciles de renunciar…” (2)
Luego de estas breves reflexiones, surgen algunas preguntas para el presidente de la República y para el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el marco de este singular impulso de la 4T: ¿Es posible emprender cambios profundos en los modelos económico y político, sin transformaciones radicales en el modelo general o el paradigma dominante de la educación? ¿Los cambios constitucionales aprobados producirán transformaciones sustantivas en la base social del “sistema” educativo? ¿Cómo será eso? ¿Cuándo? Aun cuando no existen fórmulas solucionadoras ni transformaciones súbitas en la educación pública, es posible, sin embargo, proponer algunas iniciativas que promuevan un acercamiento, un trabajo estrecho, de vinculaciones sustantivas, entre las políticas públicas y la vida cotidiana en las escuelas. En ellas, como sabemos, los actores principales de los procesos significativos son los docentes, estudiantes, directivos escolares, las familias, los asesores técnicos, así como el personal de apoyo y demás profesionales de la educación.
Las investigaciones de Fullan sugieren, al respecto de las alternativas posibles, lo siguiente: “…el cambio radical puede venir, solamente, a través del oportuno desarrollo de las capacidades individuales de los usuarios para participar activamente en un proceso que parte de capacidades limitadas, y que tiene, en cada nivel del mismo, una cierta inercia a transformar prácticas sutiles, y no tan sutiles, en viejos modelos ya existentes.” Y agrega: “Si el cambio pretende tener éxito, los individuos y los grupos deben encontrar el significado tanto de lo que cambiar como del modo de hacerlo. Sin embargo, es difícil resolver el problema del significado cuando afecta a un gran número de personas… Tenemos que saber cómo es el cambio desde el punto de vista del profesor individual, el estudiante, los padres y la Administración si queremos entender las acciones y las reacciones de cada uno; y si queremos comprender en su totalidad toda la escena , debemos combinar el conocimiento conjunto de todas estas situaciones individuales con el entendimiento de factores organizativos e interorganizativos, los cuales influyen en el proceso de cambio, tales como los Departamentos de Gobierno, las Agencias intermedias, las Universidades, las Federaciones de profesores, los sistemas escolares y la interacción de los centros”. (3)
Frente a estas contradicciones, la investigación educativa ha encontrado que las Reformas Educativas concertadas, desde las cúpulas (políticas, sindicales o legislativas), que no gestionan un trabajo serio, profesional, de vinculación y participación educativa y pedagógica con las escuelas, fracasan. En otras palabras, el impulso reformista del Estado por lo general es frenado por las comunidades educativas, cuando la base social de la educación no es tomada en cuenta o es ajena a las decisiones que se realizan en torno al bien intencionado, pero imprevisible, cambio educativo.
Se perdió la oportunidad de llevar a cabo una transformación educativa desde “abajo”, en un primer momento, pero nunca es tarde para dar un giro al barco.
Fuente: Sdpnoticias.com
















