Por: Aurelio Ramos Méndez.
Será quizá porque aun los más acuciantes problemas del país en realidad no existen sino que son psicosomáticos, ninguna autoridad, del Presidente de la República para abajo, se ha dado por enterada para perseguir de oficio, como corresponde, los graves, punibles e imprescriptibles delitos que se han imputado de manera recíproca, en literal pleito de borrachos, Felipe Calderón y Humberto Moreira.
La inacción gubernamental prueba que, en nuestro cacareado estado de derecho, un ex Presidente de la República puede incriminar —y a la vez incriminarse— a un ex gobernador con la grave acusación de que éste, en su momento (2005-2011), protegió a integrantes de la delincuencia organizada, pues en ese tiempo “todos los cabecillas de los zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila”.
Prueba, además, la prevaricación del gobierno de Enrique Peña Nieto, que en el México de combate a la impunidad un ex gobernador puede asegurar, sin que nadie le pregunte cómo lo supo, que un candidato se robó la Presidencia de la República. Tal como instando a Calderón “que no se haga tarugo”, ha hecho Moreira: “Se robó la Presidencia, se la robó a Andrés Manuel López Obrador”.
Y puede en este México de leyes, ese mismo ex gobernador, incluso hacer imputaciones no sólo de usurpación del más alto cargo público, sino aun de robo, represión y asesinato, sin que el imputado presente siquiera —por algo será— una denuncia por difamación. Y sin que nadie dentro del gobierno asuma su responsabilidad de indagar el asunto.
Porque Moreira comparó a Calderón con Victoriano Huerta en sus rasgos más escabrosos: “Es igual de borracho, igual de ratero, porque se robó la Presidencia; igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”.
Movería a risa, si no fuera porque causa irritación, este episodio de insultos, cuya consecuencia lógica ha sido proveer de un arsenal de argumentos al político que ambos buscan atajar de cara al 2018. El líder de Morena se limitó a señalar que los casos de gobernantes que están en la cárcel, prófugos o impunes —entre estos Moreira y Calderón— son prueba del cinismo del PRI y el PAN. Ni cómo negar que se trata de una verdad de 24 quilates.
Si es exasperante la indiferencia gubernamental frente a acusaciones del calibre que intercambian el panista y el priista, las circunstancias en que inició este pugilato y los personajes involucrados en el mismo de plano mueven a la sospecha de que estamos ante mafiosos de la más alta escuela, verdaderos capo di tutti capi. Y que andan en pos de acumular más poder político.
Calderón inició la pelea en la postulación de su compadre Guillermo Anaya, como candidato del PAN al gobierno de Coahuila. Evento al que Anaya también llegó acompañado de Luis Fernando Salazar, Bernardo González y José Rosas Aispuro, entre otros panistas.
Sólo que en Coahuila hasta los niños de pecho saben de los presuntos vínculos de Anaya con el jefe del narcotráfico Sergio Villarreal, El Grande, uno de cuyos hermanos —está documentado en autos de la PGR y la vasta literatura sobre el fenómeno del narco en México— es cónyuge de una hermana del compadre de Calderón y ahora orgulloso candidato a gobernador.
Con semejantes datos en el historial familiar y político del ex Presidente hay motivos fundados para preguntar quién en realidad es el protector de narcos, si éste o Moreira. Con la desventaja para el michoacano de que su mendacidad es proverbial. Cosa de recordar los días en que negaba, con contumacia y sin sonrojarse, haber usado el voquible “guerra” para definir su estrategia contra los traficantes de drogas.
Están bien identificados en el organigrama del gobierno federal, y en el estatal coahuilense encabezado por Rubén Moreira, los funcionarios a quienes corresponde ponerse a trabajar frente al cruce de estas gruesas acusaciones entre un ex gobernador y un ex presidente que anda tristemente arrastrando la majestad del alto cargo que ya no se sabe si usurpó o ganó “haiga sido como haiga sido”.
No deberían sacarle el bulto al problema Raúl Cervantes Andrade ni Miguel Osorio Chong, y mucho menos Salvador Cienfuegos y Francisco Vidal Soberón, pues Moreira dijo también que los jefes policiacos en su administración fueron generales designados de acuerdo con la Secretaría de la Defensa y que Calderón se negó a enviar marinos a Coahuila para combatir la delincuencia.
En su agarrón, el ex Jefe del Estado y el ex gobernador han hecho polvo la imagen de varias instituciones y salpicado de lodo a buena parte de la clase política y gobernante. Sin embargo, a nadie en Los Pinos le ha quitado el sueño esta abolladura, por más que sólo la complicidad explica la actitud impasible.
Moreira sugiere que la inquina calderonista se debe a que se negó a firmar una obsequiosa carta de gobernadores en la cual fue avalado el robo de la Presidencia. Juzgue el improbable lector si quienes estaban entonces en las gubernaturas serían capaces de tamaño cochupo: Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Eugenio Hernández, Eduardo Bours, Félix González Canto, Amalia García, Marco Antonio Adame, entre otros.
No faltará quien diga que carece de importancia la riña Calderón-Moreira, que si bien algunos delitos no han prescrito otros ya lo hicieron, y que no tiene sentido jugar el dedo en la dolorosa llaga de los comicios de 2006. Nada de eso.
Echar a andar el engranaje de la justicia en este caso es indispensable si se aspira a depurar la política; demostrar que el estado de derecho no es una entelequia; prevenir que en 2018 no se reedite el 2006; impedir que sigan delinquiendo y medrando políticos de la calaña de estos dos pendencieros; y enviar un saludable mensaje de que en nuestro país quien la hace, la paga, por poderoso que sea.
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Fuente: Crónica.
















