Por: Leslie Gómez.
Ciudad de México.- La reforma político-electoral requiere de una legislación secundaria que sancione de manera enérgica a partidos y servidores públicos que usen estrategias mediáticas para disfrazar su promoción, advirtieron ex consejeros y expertos.
Jaime Cárdenas, ex integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE),
sostuvo que organismos políticos y funcionarios utilizan entrevistas en revistas, infomerciales o cápsulas informativas para disfrazar su promoción y burlar la legislación.
“Algunos repiten la fórmula porque no hay sanciones mayores y arriesgan la multa a cambio del impacto que tienen”, externó en entrevista.
“Estas prácticas se han presentado muchas ocasiones, y sucede todavía. Algunos casos fueron sancionados por el IFE, pero no sólo partidos y candidatos, también gobernantes”, indicó, por su parte, el ex consejero Alfredo Figueroa.
Aunque la autoridad electoral ha establecido algunas multas por diversos casos relacionados con este tipo de propaganda, dijo, mientras no haya un marco sancionatorio claro, dicha práctica ilegal seguirá.
“Falta un nuevo sistema sancionatorio en el país, e incluso un nivel de sanciones de tipo penal para estas prácticas que, en otras naciones, se consideran delito”, opinó.
Por violaciones a la ley electoral en esta materia, el IFE ha establecido un total 105 sanciones desde 2008. Las multas ascienden a más de 290 millones de pesos.
Los expertos coincidieron en que la reforma política no sólo no cuenta con una legislación secundaria que castigue ejemplarmente estas prácticas, sino que, además, el cambio de la palabra “adquisición” por “compra”, para considerar el hecho como una causal de nulidad en elección, dificulta que pueda probarse que alguien recurre a esa práctica.
Los consejeros electorales María Marván y Marco Antonio Baños señalaron, por separado, que es urgente que el marco regulatorio establezca con claridad qué tipo de sanciones se pueden aplicar a quien incurra en estas conductas.
“Si bien lo casuístico lo tiene que analizar el Consejo General, también es cierto que la ley puede tener exigencias más claras para que los propios legisladores decidan qué tan estricta quieren la ley. Así como está, es difícil castigar esa conducta”, estimó Marván.
En estos casos, refirió, todos los partidos acaban siendo acusados y acusadores, por lo que debe haber una definición clara en la legislación.
“Tienen una oportunidad para que en la ley de partidos políticos, en la ley de procedimientos electorales, de telecomunicaciones, para que el INE (Instituto Nacional Electoral) tenga claro que la falta de claridad debilita a la democracia”, refirió.
Baños consideró que en la ley secundaria se puedan desarrollar los criterios para atender los casos señalados.
“Vimos adquisiciones en revistas que luego fueron publicitadas en la televisión y que le dieron a los partidos tiempo aire que está prohibido”, recordó.
Fuente: Reforma.
















