Por: Fabiola Guarneros Saavedra.
Más allá de escándalos, el problema de fondo es la transparencia con la que debieran ventilarse los asuntos públicos
Las teorías de la conspiración, los documentos ocultos, los hackers buenos y malos, los vínculos inconfesables, las listas de malos metidos en transacciones sospechosas. Todos estos ingredientes preparan platillos periodísticos sensacionales,
sabrosos, suculentos. No necesariamente nutritivos. En ocasiones, llegan a ser indigestos. Y con frecuencia, su exceso de ruido y su ausencia de nueces distraen de asuntos que en teoría deberían preocuparnos más.
El 1 de abril se presentaron los resultados de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, donde se ha seguido una línea de investigación sobre la posibilidad de que ahí hubieran sido asesinados los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El estudio realizado por expertos en fuego determinó que al menos unas 17 personas sí fallecieron ahí incineradas.
La divulgación del resultado del estudio recrudeció la pugna entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que argumenta que la difusión del resultado de este análisis –acordado por ambas instancias– violó un acuerdo de confidencialidad.
Aun cuando del estudio no se desprende necesariamente que los 17 incinerados en Cocula sean parte de los 43 alumnos desaparecidos, la conclusión abona en contra de la tesis de que “fue el Estado”. Pero quienes la sostienen aquel día estaban distraídos con otra “revelación”: la entrevista de la revista Bloomberg Businessweek a un supuesto hacker colombiano que, según su testimonio, alteró varias campañas presidenciales en América Latina, colaboró con la del PRI en 2012, creó miles de bots y espió a Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador.
Desmentida por los implicados en la información y al carecerse de otro tipo de evidencia –porque ésta fue destruida por el propio hacker el día que ganó Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la publicación estadunidense–, la historia deBloomberg fue palideciendo mediáticamente hasta que fue sepultada por un escándalo global: Los Papeles de Panamá, que implicó a jefes de Estado y celebridades en la creación de empresas en paraísos fiscales.
Como ocurrió hace poco más de un lustro con la revelación de miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado de EU por parte de la organización WikiLeaks, los #PanamaPapers involucran esencialmente a hackers buenos que le roban documentos confidenciales a entes malos y los filtran a organizaciones buenas para desenmascarar a políticos y personajes que por el solo hecho de aparecer en esas filtraciones ya son tachados de corruptos.
Y también, tal como ocurrió con el Cablegate, todo el descomunal ruido de un principio se irá decantando y ya se verá qué de todo lo denunciado en realidad se sostiene, habida cuenta de que, al menos hasta la hora de redactar estas líneas, no se ha visto públicamente alguno de esos papeles y por ahora nos hemos atenido a creer lo que dicen los periodistas que accedieron a ellos para construir sus notas.
Como el peso de los personajes mexicanos implicados en esta nueva trama no es similar a los de Rusia, Argentina, Reino Unido o Islandia, el escándalo ha tendido a diluirse en nuestro país, sin que ello signifique que esté del todo descartado. Pero aun así, su reverberación ha vuelto a dejar un tanto relegado al caso Ayotzinapa en una etapa clave.
Y es que, más allá de escándalos, el problema de fondo es la transparencia con la que debieran ventilarse los asuntos públicos. Curiosamente, la opacidad es el caldo de cultivo de las revelaciones tronantes. Y al menos en nuestro contexto local, sólo necesitamos respuestas que surjan del acuerdo de los actores para proporcionarlas a la sociedad, y no de furtivos hackers que las hurten ni de periodistas heroicos que las divulguen.
Así, en este ánimo de preguntar, ¿por qué en el caso de Ayotzinapa los padres de los normalistas no han accedido a proporcionar la información que permita elaborar las fichas técnicas de identificación, un paso clave para su búsqueda, como publicó Excélsior el pasado lunes? ¿Existen vínculos de los Guerreros Unidoscon los padres o su abogado? ¿No sería sano y transparente que, así como hicieron los trabajadores del INAH, se sepa quiénes más colaboran para apoyar a los padres (y conste que, de buena fe, pienso en eso, en un apoyo humanitario, y no en el financiamiento de un activismo).
Más allá de que se guarden las formas jurídicas que obliguen a la secrecía, o que existan otras razones de peso para mantener ésta, ¿no sería más sano para toda la sociedad que se conociera el informe completo del peritaje y no dé la impresión de que la “confidencialidad” es mero pretexto cuando el resultado no confirma cierta hipótesis?
Tener respuestas sería más sano que entretenernos con cuanta nueva cortina de humo salga, provenga de donde provenga.
Twitter: @Fabiguarneros
Fuente: Excélsior.
















