Por: Jorge Marín Barragán.
OROZABA, VER.- Los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero y las manifestaciones de solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa, reflejada en la exitosa marcha del 20 de Noviembre de 2014, a pesar de la estrategia implementada para desviar la atención con otros temas, obligó al gobierno federal a tomar medidas que el Presidente Enrique Peña,
dio a conocer en un mensaje transmitido por los medios de comunicación a los mexicanos.
Desaparecer las policías municipales del país y la intervención de las alcaldías cuyas autoridades tengan nexos con la delincuencia, crear el número telefónico 911 para atender emergencias, completar el proceso de la clave única de identidad y el rescate económico de la zona sur del país. Acciones y propuestas que buscara implementar para hacer frente a la crisis de seguridad y de justicia y atender la fragilidad institucional y buscar la activación económica de las zonas donde la pobreza se acentúa.
Los partidos políticos inmediatamente cuestionaron estas propuestas, el PAN dijo que estas en su mayoría formaban parte de lo que Felipe Calderón había impulsado, el PRD dijo que era insuficiente y en general todos coincidieron que le falto autocritica y un análisis más severo del momento que vive el país.
Efectivamente falta autocritica, no solo al Presidente Enrique Peña sino a toda la clase gobernante de todas las filiaciones partidistas, particularmente a quienes han tenido bajo su encargo el gobierno federal y Estados de la República. Poniendo especial atención en el caso de Guerrero, donde todos, digo todos, tienen en mayor o menor medida responsabilidad. Por acción que son las complicidades, algo sumamente grave. La inacción por incompetencia o producto de sobornos a las autoridades. La omisión de quienes fueron alertados de la situación y tuvo como respuesta la cómoda indiferencia. Hagamos una síntesis.
El PAN llego al poder con la promesa de cambiar la situación del país y no lo hizo, no podemos decir que fracaso, más bien fue cómplice porque favoreció la impunidad (ni un pez gordo en prisión de los que en campaña prometió). No combatió la corrupción, tal parece que la alentó, ahí están presentes los señalamientos de los moches y la exhibición de algunos de sus militantes más encumbrados en esas prácticas, OCEANOGRAFIA, los contratos en PEMEX (una larga historia contada por la periodista Ana Lilia Pérez y que la mando al exilio), las obras costosas con presupuestos injustificados (Estela de luz), Amigos de FOX, Los Bribiesca y un largo etc., aunque ello resulta solo una pista, que pudiera tener como destino una larga lista de funcionarios y ex funcionarios del año 2000 a la fecha que tuvieron un cambio patrimonial sumamente sospechoso, una investigación apropiada daría evidencia sustancial y contundente de su actuar.
La propuesta del mando único policial nació en el seno de la CONAGO, en el mes de marzo de 2010, contemplaba exámenes de control y confianza, salarios dignos, capacitación y equipamiento, así como incentivos de ascenso y reconocimiento a los elementos, esta propuesta fue impulsada con mayor insistencia cuando llegó a la presidencia de este organismo Fidel Herrera Beltrán, quien a su vez propuso ante el congreso de Veracruz esa iniciativa, a la espera de que a nivel federal se concretara. Su administración puso en marcha el fondo para atención de víctimas del delito, cuyo sustento era un decreto del gobierno de Dante Delgado Rannauro, ese fondo fue utilizado para ayudar a familiares de víctimas de secuestro, con dinero marcado, para posteriormente una vez a salvo las víctimas, perseguir a los delincuentes.
El gobierno de Felipe Calderón, al percatarse que un gobierno ajeno a su partido, se anticipaba en medidas relativas a mejorar la seguridad, que era el problema principal de su administración, simulaba impulsar esta acción pero en realidad dejó de hacerlo, tiempo después descalificaba la creación del fondo que sirvió para ayudar a pagar rescates de algunos secuestrados y perseguir a las bandas dedicadas a perpetrarlos. Pero además como se avecinaba la sucesión en Veracruz y la posterior elección presidencial, en la entidad se había puesto en marcha un plan para desestabilizar y descalificar al gobierno en turno, a cuyo titular tenía una animadversión especial que era alimentada por uno de sus secuaces, que al tiempo sería su candidato al gobierno de este estado. (De esto hay datos y evidencias difundidas en los medios)
En síntesis en la docena trágica 2000 – 20012, se imitaron las conductas del pasado, en ese periodo los funcionarios transformaron exitosamente sus fortunas y se persiguieron a los adversarios políticos, difundieron golpes mediáticos sobre seguridad para engañar a la sociedad y desatendieron deliberadamente o por incapacidad el combate a la delincuencia. Irresponsablemente torcieron la ley y utilizaron a las instituciones para lograr sus fines, que nada tenían que ver con la seguridad y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. (Desafuero en el D.F., el caso Veracruz, Florence Cassez, encarcelamiento de integrantes del ejército, etc.) En los gobiernos locales aprobaban cuentas públicas y mantenían una relación cómoda con los gobernadores quienes los atendían con esmero.
El caso de Iguala, Guerrero, pone en entredicho a gobiernos emanados de la izquierda, pues estos sucesos han dejado evidencias sobre complicidades y omisiones delicadas de personajes de esta corriente, existen fotografías de José Luis Abarca, quien está preso y sujeto a proceso por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, donde murieron seis personas y están desaparecidos 43 alumnos, con personajes distintos de la política mexicana, entre los que se encuentran el Presidente Enrique Peña Nieto, el líder de MORENA Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Ángel Aguirre, el ex Secretario de Salud y precandidato de MORENA al gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón, el Senador Armando Ríos Piter y dirigentes del PRD entre otros tantos. Afortunadamente para los fotogénicos aludidos, sus imágenes no son exclusivas y no son prueba de nada, si solo uno de ellos hubiera salido en gráficas, todos absolutamente lo estuvieran linchando mediáticamente como cómplice del recluido alcalde de Iguala.
Las actividades ilícitas que se le imputan a Abarca datan de mucho tiempo atrás, por lo menos desde 2009, existen testimonios de que al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, le advirtieron en 2012 sobre esta situación y que este pidió al entonces Secretario de Gobernación le dijera si había alguna investigación sobre el personaje en cuestión, la respuesta de Alejandro Poiré fue que no había ninguna indagatoria al respecto.
Las evidencias existentes más concretas, apuntan a responsabilidades legales sobre Ángel Aguirre por la falta de acciones y respuestas firmes y Lázaro Mazón, su ex Secretario de Salud quien lo impulso personalmente para ser candidato en 2012. Situación que alimenta las versiones de que diversos personajes de esa administración estaban comprometidos con el munícipe acusado, porque había ayudado a que llegaran al gobierno de Guerrero, algo que amerita un proceso legal que arroje respuestas claras y precisas.
El diputado local de Guerrero, Oscar Díaz Bello, declaro ante los medios de comunicación que el advirtió a Andrés Manuel López Obrador sobre las sospechas en relación a José Luis Abarca, quien había sido nombrado candidato a presidente municipal de Iguala por la coalición PRD, PT y MOVIMIENTO CIUDADANO, entregándole una carpeta con información sobre ese hecho cuando lo abordo en una de las giras que realizó por el municipio de Iguala. La respuesta de López Obrador fue que no podía hacer nada.
En mayo de 2012 que se conoció la decisión del PRD de nombrar candidato a José Luis Abarca, en contra del clamor popular y los integrantes de los comités municipales de los partidos involucrados, Eliseo Ocampo Ávila, dirigente municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO, encabezó una marcha de protesta en contra de la designación, al día siguiente fue desaparecido. A pesar de las advertencias y los graves hechos que incluían la desaparición de un dirigente de la coalición, José Luis Abarca fue candidato de la misma fórmula que postuló a Andrés Manuel López Obrador.
Las protestas de indignación que dicen que el Estado fue el responsable de esta situación, tienen razón, el Estado lo componen las autoridades pero también los partidos, ya que estos son entes que reciben dinero público para sus actividades. En este caso ha quedado claro que las autoridades federales no acudieron en auxilio de la población, su respuesta posterior llegó tarde y sus acciones han sido torpes e ineficientes. Las autoridades estatales actuaron idénticamente. Las autoridades municipales fueron participes en este ominoso caso, eso se sabe por las declaraciones de los policías detenidos, el presidente municipal de Iguala fue capturado, el gobernador Ángel Aguirre se vio obligado a pedir licencia, aunque eso no ha sido suficiente, las investigaciones siguen su curso y deberán tener repercusiones más graves y detener a todos los responsables.
El esclarecimiento de este caso debe tener como prioridad ubicar el paradero de los 43 normalistas, se debe también esclarecer todas las complicidades en las diferentes instancias gubernamentales y al interior de los partidos en todos sus niveles y aplicar sanciones ejemplares. No olvidando apoyar la búsqueda de otros miles de desaparecidos procurando justicia, ese puede ser el punto de partida para iniciar el establecimiento del estado de derecho y el respeto a las instituciones, actualmente no existe, con un cambio fundamental la rendición real de cuentas ante los ciudadanos.
Los partidos nunca más deberán poner candidatos bajo la óptica del dinero, quienes los representen deberán tener conductas intachables y capacidad para poder articular políticas que respondan a las demandas de la sociedad, ya que desde ese momento son corresponsables de sus actos. No se vale ante tanto sufrimiento los deslindes frívolos, manifestando que ignoraban lo que sucedía, porque ha quedado claro que por lo menos escucharon lo que acontecía, todos sabían que algo ocurría y todos hicieron oídos sordos. Deben ya dejar de lado sus disputas electorales y poner manos a la obra en la reconstrucción de la República. El responsable fue El estado, todos lo que lo componen, sin excepción, esto incluye a los medios que desvían la atención de lo importante, privilegian sus convenios y que toman partido sin objetividad.
















