Por: Vicente Bello.
Seguía Venezuela en el centro de un debate inédito en los territorios del Congreso de la Unión. Que se recuerde, nunca antes el Legislativo mexicano se había ocupado con tanta sevicia de lo que sucede en otro país latinoamericano. Se trataba, sin duda, de condenar la Asamblea Constituyente venezolana. De echarla para atrás. Pero con argumentos que, por mucho, bien podían haber sido aplicados a cuando menos los dos últimos sexenios:
El de Felipe Calderón y el actual, de Peña Nieto.
Ahora el PAN habló a través del senador Juan Carlos Romero Hicks: “El silencio es complicidad, los hechos son contundentes. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? No.
¿Hay libertad de medios de comunicación? No. ¿Hay libertad de tránsito? No. ¿Hay mejores condiciones de vida y bienestar? No. ¿Hay Estado de Derecho? No. ¿Hay contrapeso republicano? No”.
Y apostillaba el panista: “Frente a eso, tenemos principios de política exterior. Y tenemos que poner la jerarquía de las circunstancias, los derechos humanos, y por supuesto que también el Estado de derecho”.
PAN y PRI, recurrentes, insistían en golpear al régimen venezolano de Nicolás Maduro, y, de paso, a Andrés Manuel López Obrador, de gira entonces por Sudamérica. Hacía tres oradores, la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, senadora panista, hubo dicho: “El señor Nicolás Maduro insultó al Presidente Peña Nieto y a México; insultó también al presidente Santos y a Colombia. Nos llamó súbditos de los Estados Unidos”… El PRI envió a tribuna a José Olvera Acevedo, senador zacatecano, quien políticamente ciego, sordo, desmemoriado, y cínico, dijo: “La elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela ha incrementado el deterioro democrático de esa nación generando mayor inconformidad en la población y en la sociedad internacional.
“Los comicios estuvieron marcados por una nueva jornada de violencia que cobró más vidas y en la que las autoridades venezolanas coartaron derechos fundamentales, como la libertad de reunión, de asociación pacífica y de expresión.
“A nivel mundial diversos países, organizaciones internacionales y No Gubernamentales, desconocieron los comicios por ser inconstitucionales y contrarios a los principios básicos de la democracia”.
Entonces a todos ellos los alcanzó la realidad transfigurada en respuesta. David Monreal Ávila, senador del PT, dijo:
“En medio de los hechos internos recientes en la República Bolivariana de Venezuela y bajo una postura injerencista el gobierno mexicano se autoproclama obispo de la democracia para señalar y juzgar los acontecimientos recientes de esa nación.
“¿Qué pretende el gobierno mexicano con esta actitud injerencista? ¿A favor de quién permitirá la misma injerencia en México en las elecciones del 2018? ¿O acaso el gobierno mexicano pretende justificar ese mismo intervencionismo para nuestro país, en caso de ser necesario? ¿A qué intereses responde esa actitud del gobierno federal?
“Sin embargo, se niega a señalar con esa misma intensidad lo que acontece al interior de México, y tal parece que una de sus intenciones es distraer a la opinión pública respecto de la manera en que se ha de resolver el fraude electoral en Coahuila y el Estado de México.
Sin olvidar las elecciones del 2006 y el 2012.
“¿Por qué están tan preocupados por los resultados de una Asamblea Constituyente de un país autónomo, independiente, y no por las elecciones nacionales más controvertidas?
“¿Acaso no deberían probar su calidad moral dando total transparencia a los resultados electorales en Coahuila y el Estado de México?
“Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela.
“Lamentablemente se le olvida los casos de Tlatlaya, donde elementos del Ejército nacional asesinaron de manera arbitraria a 22 personas.
“Otro grave caso es la violación de los derechos humanos en la que prefirieron no condenar los hechos, y que han olvidado la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, donde las investigaciones hechas por el grupo de especialistas manifiestan impunidad por parte del Gobierno federal para esclarecer ese hecho.
“Las cifras hablan por sí solas. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se tienen registrados hasta el momento más de 160 mil homicidios; más de 30 mil desaparecidos en el país; y sólo en el año de 2016, en ese año 35 mil 433 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados, y en el 2016 y 2017 se han localizado poco más de 855 fosas clandestinas.
“La administración federal también ha manifestado su preocupación por la presunta violación de los derechos a la información en el pueblo de Venezuela, ha expresado que el gobierno de aquel país se ha convertido en una dictadura que coopta a los medios de comunicación para influir en la sociedad venezolana.
“La preocupación del gobierno contrasta con la situación que vive el gremio periodístico en nuestro país; siendo el sexenio de Enrique Peña Nieto uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
“En lo que va de la administración se han registrado al menos 37 asesinatos de periodistas, y se han presentado, cuando menos, 700 denuncias ante la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
“En lugar de ocupar su tiempo en intentar influir en la situación de Venezuela, especialistas en el tema han llamado al gobierno mexicano a estar atentos en la actitud injerencista de Estados Unidos a nuestro país, con el pretexto del narcotráfico y pretendiendo a sus actividades de vigilancia al territorio mexicano, violando totalmente la soberanía nacional”.
Ahí venían otra vez Gómez del Campo y Miguel Barbosa, y Maricela Contreras Julián. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















