Por: Luis Acevedo.
La noticia es la decisión de un juez de enviar a prisión a Rosario Robles mientras se investiga su responsabilidad en el desvío de 5 mil millones de pesos del erario cuando fue titular de dos Secretarías del gobierno mexicano.
El asunto es relevante porque si bien revive en el imaginario popular esquemas ya vistos durante los regímenes priistas de Carlos Salinas de Gortari,
en contra del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, y en el de Enrique Peña Nieto, que privó de la libertad a la maestra Elba Esther Gordillo, por ejemplo, también dispersa el neblumo mañanero de desaciertos, bromas y proyectos sin objetivos claros.
Aquellos acontecimientos se percibieron ejemplares del cambio que proponían esas gestiones. Lo mismo ocurre ahora, como un nuevo parteaguas en el combate a la corrupción.
Independientemente del proceso legal que se sigue contra la cabeza principal de la llamada “Estafa Maestra” y de su desenlace, el efecto es mediático y, por tanto, de efecto perecedero si estas acciones no están suficientemente documentadas y si se agotan en este o en unos cuantos personajes considerados en el amplísimo muestrario de la corrupción gubernamental.
Las acciones no pueden agotarse en el pasado reciente ni en los discursos en donde no vemos resultados por el huachicoleo, por ejemplo.
Todas las formas de delincuencia, con la corrupción incluida, tiene que ser atacada con más profundidad y fuerza durante la gestión actual para poder hablar de transformación.
El riesgo de decepción popular -inclusive entre los fanáticos- es muy elevado si no se llega hasta las últimas consecuencias.
Por tanto, es indispensable ampliar las investigaciones a otras personalidades relacionadas con el caso y sus relaciones en líneas ascendente y descendente, pero también laterales en el gobierno o con los familiares de los involucrados, incluido el presidente Peña Nieto.
No solamente eso.
Se deberá garantizar que el proceso será impecable para descartar cualquier sospecha de que también ahora se actúa para para alimentar al graderío, pero no para corregir prácticas que, por venganza o para imponer esquemas de dominación y control, han deteriorado nuestro Estado de Derecho.
La imagen de Rosario Robles en el reclusorio es un duro golpe que, por todas las formas de maquinación y ocultamiento que han sido utilizadas por los políticos en todo momento, sin que el actual sea excepción todavía, hizo tambalear a la tradicional estructura de lealtad institucional.
El ocultamiento es un delito penal, ya sea que se cometa por nobleza, miedo u omisión. Enfrentarlo con rigidez jurídica puede ser devastador para el infractor, pero también para el juzgador si no garantiza que su actuación y sus decisiones se desenvuelven con independencia del poder gubernamental.
La autonomía judicial está a la vista de todos: nacionales y extranjeros, que no quieren pifias que amplíen las dudas en el aparato de justicia como sucedió con el caso Cassez.
No hay cultura jurídica que asegure en México procesos transparentes y al confiables. Porque nada es expedito y todo tiende a la última instancia a causa de argucias legales o “chicanadas”, acusaciones e investigaciones defectuosas o por las sentencias bajo consigna que desgastaron la credibilidad del aparato de justicia.
Por lo que puede significar, el proceso que se sigue contra Rosario Robles debe ser ejemplar. No se puede limitar en ella ni en su círculo cercano de responsabilidad.
Tiene que investigar a profundidad a quien otorgó los recursos del desfalco con dinero público, a sus operadores y a quienes debieron auditar el correcto destino; pero también a quienes debieron hacer sonar las señales de alarma, lo que involucra a los secretarios de Hacienda, Función Pública, la PGR y la Presidencia de la República, sin dejar de lado a los probables beneficiarios.
Cualquier forma de ocultamiento que impida fincar responsabilidades profundizará las raíces de la impunidad y corrupción, no solo del pasado sino del presente y del futuro del país.
Poner tras las rejas a Rosario Robles, por ahora no es más que una acción mediática efectista.
Sin embargo, puede ser paradigmática para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque si el proceso se desarrolla de manera transparente, honesta y verosímil, marcará la transformación histórica de México; pero, de no llegar al fondo y no ser la pauta para la impartición de la justicia en todos los órdenes, será argumento toral para asegurar que el cambio solamente fue para que el país tuviera más de lo mismo.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















