Por: Vicente Bello.
Dos datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cayeron como un trueno, ayer, en los territorios de la Cámara de Diputados, durante el foro La Libertad de Expresión en México, al que convocó la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación: “Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 124 periodistas, y, de 2005 a la fecha, 20 más están bajo condición de desaparecidos.
Quien citó los datos fue Virgilio Caballero, un periodista metido a diputado federal de esta 63 Legislatura. Pero no fue el único. Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de marras, hubo dicho también: “99.7 por ciento de las agresiones a periodistas en México están sin castigo”. Y citaba un dato de la Organización internacional de defensa de los periodistas Artículo 19: “El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento contra la libertad de expresión”.
De convocatoria vigorosa, al foro asistieron dos personajes de peso completo: Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Aunque no fueron los únicos, porque ahí estuvieron también Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Protección y Defensa de la organización Articulo 19 para México y Centroamérica. Y una decena más de ponentes, la mayoría catedráticos.
“La impunidad es el círculo perverso que, precisamente, propicia que se vuelvan a actualizar nuevas y más violentas agresiones a los periodistas”, resellaba un flamígero Luis Raúl González Pérez en su discurso inéditamente directo sobre la condición de grave riesgo que viven los oficiantes del periodismo en México, de manera muy especial, muy concreta, los que se la rifan todos los días en los estados de la República.
Luis Raúl González había dicho que la democracia en México nunca será robusta si siguen matando a periodistas.
Jan Jarab puso el cascabel a la Cámara de Diputados: a sus legisladores señaló la obligación de “generar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Y dijo cómo: “Junto con la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) trabajen coordinadamente, sugiero, para asignar recursos al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que brinde medidas de protección durante 2017 y 2018”.
Y en la ley, insistió en señalarle acentos al Poder Legislativo, “asegurar que tipos penales como las injurias, difamación y calumnias sean derogados a nivel estatal; generar regulación para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión”.
También, siguió Jarab, “regular el uso de la publicidad oficial y construir un marco legal que proteja a quienes denuncien irregularidades, así como asegurar que las iniciativas sobre la Ley General de Archivos tengan como finalidad primordial garantizar el derecho a la verdad a la sociedad y a las víctimas”.
Directa la flecha para la Cámara de Diputados: Las Naciones Unidas, comprometió Jarab, “podrían brindar asesoría técnica y cooperación que requiera la Cámara de Diputados para que la legislación incorpore los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas”.
Y apostillaba una vez el representante del Alto Comisionado: “El momento que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en México requiere una reflexión amplia y participativa, y una discusión que traduzca acciones efectivas que transformen la compleja realidad, combatan la impunidad y se adopten medidas preventivas”.
Y apostillaba dos veces, pero ahora apuntando hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto: “La creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, no ha revertido la realidad para que sean castigados estos delitos”.
Y entonces dijo Jan Jarab: “No hay mejor medida de protección para la libertad de expresión que una investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones; en la medida en que procuradurías federales como locales no lo hagan, seguiremos siendo testigos de estos delitos, y todas las medidas que puedan adoptarse serán meros paliativos”,
Hacía unos oradores, el ombudsman Luis Raúl González Pérez hubo dicho: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado, investigado, brindado acompañamiento y exigido que se deslinden responsabilidades en los casos de agresiones y ataques a periodistas y comunicadores que se han presentado. Hemos hecho esfuerzos importantes al publicar en distintos momentos recomendaciones generales sobre esta temática”.
Fue él quien aludió a la ONU: “La más reciente es la Recomendación General número 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, dada a conocer en el mes de febrero de 2016, y en la que analizamos las agresiones, el nivel de impunidad y la situación que este Organismo Nacional advirtió al analizar las indagatorias, la legislación existente en las entidades federativas, la existencia o no de fiscalías especializadas para conocer de las denuncias por agresiones contra la libertad de expresión”.
En voz de la Cámara de Diputados, la presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien dijo: “Es innegable que los frecuentes ataques sufridos por los periodistas en México, muchos de los cuales han perdido la vida, son un problema de Estado y de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata”.
Y remachó: “Es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables. Basta de impunidad. Basta de simulaciones. Basta de complacencias, porque una sociedad sin periodistas comprometidos con la verdad, podría estar en riesgo de quedarse sin historia”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















