Por: Rafael Loret de Mola.
No son pocos los indicios acerca de que el poder Judicial ni actúa con autonomía plena ni concluye con justicia verdadera las querellas que tocan los cimientos del sistema, bajo el falaz argumento de preservarlo aún por encima de la corrupción y la inequidad política.
Sucede, por ejemplo, con los ex presidentes: Toman el camino del olivo,
por el temor de que su presencia en México encienda discusiones y obligue a señalamientos, como si se tratase de un pacto para evitar el escándalo y el consiguiente escarnio público; si no están cerca no se les observa y, con ello, las asechanzas disminuyen.
¿Cuántas veces, durante la larga hegemonía priísta -hasta el 2000-, observamos la sumisión del Congreso, eso es del poder Legislativo, a un Ejecutivo cuyos impulsos eran leyes porque sus iniciativas eran sólo una especie de trámite burocrático? ¿Acaso no se daba el singular fenómeno, en ese mismo lapso, de que las oposiciones ganaban entonces los debates y perdían las votaciones asfixiadas por los mayoriteos de un partido casi único?
Pero, apremiadas por las presiones internacionales -solo los cubanos Castro y el extinto venezolano Chávez las repelieron y soportaron en sus respectivos momentos-, las concesiones fueron convirtiéndose en gracias habituales de los mandatarios urgidos de poner ciertos sellos republicanos durante sus inicios sexenales; y así llegamos a las reglas que fueron llevando al PRI a la urgencia de la alternancia bajo los auspicios de la Casa Blanca y a punta de traiciones -bien documentadas desde que se cedió el gobierno de Baja California al PAN en 1989-, que culminaron con la ruindad de Ernesto Zedillo. Lo recuerdo por si a enrique Peña Nieto le han cerrado ojos y oídos para separarlo de estos hechos.
En línea semejante, el Judicial, hasta su instancia mayor, la Suprema Corte de Justicia, ha dado muestras fehacientes de una especie de supeditación a ciertas reglas “de oro” de un sistema carcomido, entre ellas la de no tocar a los expresidentes.
Sólo existe una pobre excepción: El caso de Echeverría, quien fue arraigado temporalmente en su exuberante residencia de San Jerónimo durante dos años y exonerado con parcialidad escandalosa por el tremendo delito de genocidio –con la justa denuncia, rebosante de pruebas y argumentos, de por medio-, para tranquilizar a ciertos sectores de opinión, los de priístas intransigentes, quienes pensaban que golpeando al exmandatario difamaban igualmente a su partido de origen.
Todos sus sucesores, en mayor o menor grado, y su antecesor Díaz Ordaz, cuando ya poblaba uno de los camposantos, han sido objeto de severas denuncias, sea por prevaricación, peculado o, peor aún, por las persecuciones y muertes de centenares o miles de personas adjudicadas a sus fuerzas de seguridad. En el caso reciente de calderón la cifra fue espeluznante: De los 83 mil registrados al final de su mandato, las organizaciones no gubernamentales europeas alegan tener un listado de 130 mil lo que obliga a situar a nuestro país dentro de la franja de las naciones más violentas del planeta.
Las cifras aumentan desproporcionadamente: durante el peñismo bárbaro ya se suman 80 mil cadáveres más en sólo tres años de ejercicio; y todo ello sin considerar a los desaparecidos, que no son sólo los normalistas de Ayotzinapa, cuya suma ya es de más de nueve mil en este periodo sumados a los veinte mil que “heredó” la bazofia de calderón interesado en prolongarse a través de una candidatura para su mujer y GRAN administradora, Margarita Zavala.
Pero nadie se explica los porqués de las discrecionales amnistías dictadas a favor de los “ex” aun a pesar del clamor general o de buena parte de las comunidades afrentadas
–siempre habrá defensores que postulen lo contrario-, sin siquiera indagatoria alguna sobre los torcidos procedimientos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el ex procurador Antonio Lozano Gracia, panista colocado como procurador general en la primera fase de la administración de zedillo, me confió –“El Gran Simulador”, Grijalbo, 1997-:
–A mí me retiraron del cargo cuando pretendí formalizar una denuncia contra el entonces presidente Zedillo por una controversia de índole constitucional.
–Pero él era su jefe…
–Sin estar exento de la justicia –replicó-. Pero, además, teníamos encima al ex presidente Salinas quien me llamaba, a cada rato, preguntándome, después de la
aprehensión de su hermano Raúl, sí íbamos a ir por él.
–¿Qué le respondió usted?
–Que no, porque no teníamos pruebas concluyentes.
–Entonces, ¿no había responsabilidad alguna del ex mandatario sobre los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu en 1994?
–El de Colosio –afirmó- fue un crimen desde el poder.
–El poder era salinas…
–No necesariamente…y creo que le estoy dando una pista.
Hasta allí llegó, obviamente insinuando que el gran asesor de entonces, Joseph-Marie Córdova Montoya, debía responder por cuanto le señalaba; pero éste fue tan hábil que puso en la encrucijada a los legisladores perredistas que le acusaron: si no presentaban pruebas les amenazó con querellarse contra ellos… y Cuauhtémoc Cárdenas, lo que le hubiera imposibilitado, en la víspera de las elecciones de 197, a acceder a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En el PRD optaron por dejar ir a la liebre para evitar poner en riesgo el triunfo cantado del ingeniero en el centro neurálgico del país y que, desde entonces, representa el mejor filón para este partido, política y económicamente hablando.
¿No es significativa, entonces, la supeditación de los órganos judiciales al poder supuestamente superior aun cuando por encima del Ejecutivo debiera estar la “soberanía popular” representada por el Congreso de la Unión? Esta interrogante ni siquiera se dignan en contestarla los integrantes de la nueva clase política experta en negociaciones soterradas y alianzas turbias como las de 2010 y 2011 entre el panismo gobernante y el partido que no reconocía al mandatario Calderón –minúscula- por sus pecados originales –esto es la usurpación de una Presidencia precaria-.
Así llegamos a los últimos episodios de aquel 2012 lamentable que sembró las malas semillas: Un grupo de académicos acusó a Calderón –minúscula- por “genocidio económico”, un delito no tipificado en ninguno de los códigos penales –el federal y los estatales- que rigen en México aun cuando se pretenda crear jurisprudencia al respecto bajo las bases de un endeudamiento colosal, tres veces mayor a las propaladas reservas internacionales del país que alcanzaron niveles récord y ahora se sitúan en 169 mil millones de dólares, veinte mil menos que hace dos meses, tan ociosos como espectaculares, esto es se sabe que existen pero nadie puede verlos sobre todo lo referente al oro por cuatro mil millones de dólares… resguardado en una bóveda de Arizona; y el segundo capítulo lo escribió Humberto Moreira Valdés, endeudador ex gobernador de Coahuila y pasajero presidente del PRI, al presentar en el Tribunal Internacional de La Haya, en Holanda, una denuncia contra el mismo ex mandatario arguyendo el genocidio cometido por este en agravio de decenas de miles de personas, en su mayor parte inocentes en cuanto a las mafias dominantes cuyos elementos se mataron entre sí. ¿Ochenta mil? ¿130 mil o más? Y ello sin contar a los desaparecidos, otros veinte mil, que obviamente tienen más probabilidades de estar bajo tierra… como los huesos en el desierto de Samalayuca, alrededor de Ciudad Juárez.
No faltaron panistas, como Luis Alberto Villarreal ex coordinador de su bancada en la Cámara Baja, quienes soltaron todo tipo de calificativos. Por ejemplo, el “probo” Juan Molinar Horcasitas –quien nunca fue enjuiciado, hasta su muerte en este mismo año, pese a los infinitos señalamientos por su responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo que visité no hace mucho en uno de los instantes más duros que recuerdo por cuanto las fotografías de decenas de bebés calcinados sin justicia alguna sobre sus pequeños cuerpecitos; y pocos recuerdan que fue Margarita Zavala quien gestionó la concesión criminal-, se dio el lujo de calificar la querella de Moreira como “política barata”. Tan barata como las vidas de los niños quemados y de la barbarie encendida por obra y gracia de un sujeto execrable, Felipe Calderón Hinojosa. Nunca hubiéramos siquiera imaginado que nos iría peor, mucho peor, con Peña.
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Fuente: Zócalo de Saltillo.
















