Por: EDUARDO ESQUIVEL.
@EsquivelAncona
La apertura económica en México no sólo comprendió la desincorporación y privatización de empresas que administraba el gobierno, sino que también se dieron concesiones para la construcción y administración de carreteras a la inversión privada, cuestión que antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba estrictamente reservado para el estado.
Es bueno recordar este esquema de concesiones que se hicieron a empresas privadas para la construcción y administración de carreteras de peaje, y ver los errores que se cometieron para no repetirlos, ya que la reforma energética recientemente aprobada contempla contratos o licencias para que compañías privadas entren a la exploración y extracción de hidrocarburos, (con pagos hechos por medio de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez extraídos del subsuelo).
La red carretera que existía en México en los años ochenta del siglo pasado presentaba signos de obsolescencia y congestionamiento vehicular, y era deficiente para incentivar el desarrollo económico del país; la inversión que se hacía en esos años para infraestructura carretera por parte del gobierno era escasa, concentrándose sobre todo en la zona centro del país y en la frontera norte, esto debido principalmente a que en esos años era muy elevado el endeudamiento externo, los precios del petróleo que era, y sigue siendo el principal producto de exportación, estaban muy bajos.
El gobierno de Carlos Salinas se propuso aumentar la infraestructura carretera, y para ello en 1989 emprendió un programa de construcción de autopistas de cuota de altas especificaciones mediante concesiones al sector privado (programa carretero).
El programa carretero del gobierno salinista incluyó la construcción de 4 mil kilómetros de autopistas de cuota de altas especificaciones y siete puentes internacionales; la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) planificó la red, ubicó los proyectos y diseñó el mecanismo de concesión. Las metas del programa carretero representaban una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares a precios de 1989, alrededor de 8 mil millones de dólares.
Una de las primeras carreteras de peaje bajo el régimen de concesiones al capital privado fue un tramo de 21 kilómetros de la carretera México – Toluca; esta concesión fue otorgada a la constructora Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), de David Peñaloza Sandoval; esta carretera actualmente tiene un costo de 70 pesos, 3.3 pesos por kilometro (lo que equivale a 25 centavos de dólar por kilometro al tipo de cambio actual), lo que la hace una de las carreteras más costosas del mundo, a más de veinte años de haber sido construida.
En agosto de 1989 el gobierno de Carlos Salinas concesionó a privados la construcción y administración de la llamada Autopista del Sol (Cuernavaca – Acapulco), el proyecto se dividió en tres tramos, otorgando la ejecución del mismo a los consorcios Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que en ese tiempo era presidido por Gilberto Borja Navarrete; Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), de José Luis Ballesteros Franco y Tribasa (que desde el 2005 cambio su razón social a Promotora y Operadora de Infraestructura, Pinfra).
La construcción de la Autopista del Sol concluyó en 1993, con un costo 2,200 millones de pesos, cifra 275 por ciento superior al costo inicial del proyecto. Debido a la orografía y a las condiciones climáticas donde se trazó la carretera, son frecuentes los derrumbes a lo largo de la autopista, principalmente en períodos de lluvia; esto provoca que existan acciones permanentes de mantenimiento que son excesivamente costosas para los contribuyentes, además de que el peaje que se cobra es muy oneroso para una carretera mal trazada y peligrosa.
El proyecto de la autopista del Sol se planificó en forma inadecuada, la selección y la ubicación de los tramos a concesionar fueron deficientemente soportados por estudios de tráfico, donde los aforos del proyecto eran exagerados con el fin de darle viabilidad artificial al proyecto; los materiales usados en la construcción eran de mala calidad y los costos financieros no fueron debidamente sustentados lo que provocó que se incrementaran, lo que causó un desastre financiero al diseño original del mismo.
El mantenimiento y reparación de la autopista Cuernavaca – Acapulco ha sido motivo también de grandes y oscuros desembolsos de recursos financieros por parte del gobierno, en el 2003 el gobierno del presidente Vicente Fox otorgó a Gutsa Infraestructura, de Juan Diego Gutiérrez Cortina, un contrato para la rehabilitación de la autopista del Sol. El 25 de junio de 2007 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafufe), notificó a la empresa Gutsa el inicio de un proceso de recesión del contrato respectivo, debido al incumplimiento en la ejecución de las obras de rehabilitación. Estos trabajos tenían un costo original de 335.19 millones de pesos y un tiempo de 270 días, pero la empresa de Gutiérrez Cortina llevaba más de 1,200 días de retraso y apenas un avance superior al 30 por ciento, por lo que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte se vio obligada a reiniciar las obras.
La mala planificación del Programa Nacional de Autopistas del gobierno de Carlos Salinas, la corrupción que existió en la asignación de los proyectos y el hecho de que la mayoría de los concesionarias estaban integradas por constructoras que fueron incapaces de cuantificar los riesgos financieros de los proyectos, debido a que estaban más interesadas en los trabajos de construcción que en la factibilidad financiera de largo plazo causaron que los precios de sus insumos se modificaran, además de que se inflaban los presupuestos.
Las concesionarias de carreteras estaban sumamente endeudadas y con graves problemas financieros, por lo que en 1997 el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decidió recuperar 23 de las 52 autopistas, asumiendo la deuda de los concesionarios por 58 mil 123 millones de pesos, las empresas que más se favorecieron con esto fueron Tribasa, ICA y GMD.
En 2003 el entonces secretario de hacienda, Francisco Gil Díaz, y el que era el director de Banobras, Felipe Calderón Hinojosa, subastaron la deuda carretera y se trasladaron en concesión otros 26 tramos carreteros del patrimonio propio de Capufe, no incluidos en el decreto de 1997, y así, ahora maneja un total de 49 carreteras rescatadas, y los ingresos obtenidos por su explotación han sido destinados al pago de indemnización; con estas decisiones y los intereses del rescate carretero la deuda se elevó a 165 mil millones de pesos.
El rescate carretero también contempló la creación del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para el manejo de las carreteras rescatadas.
El gobierno de Vicente Fox, en 2005, privatizó la línea aérea “Mexicana”, empresa que había sido absorbida por el gobierno en 1995, debido a su excesiva deuda, que la hacía inviable. La línea aérea fue adquirida por el Grupo Hotelero Posadas, de Gastón Azcárraga Andrade, en 165 millones de dólares, una verdadera ganga, ya que el valor en libros era de aproximadamente de 700 millones de dólares. Para justificar la ganga en que el Grupo Posadas adquirió Mexicana de Aviación, se dijo que la empresa de Azcárraga absorbería un pasivo neto de 294 millones de dólares, en paralelo a otro de 992 millones de pesos por el arrendamiento de aviones de Airbus. El problema es que el monto de los pasivos no se reflejó en los estados financieros de Cintra, que era la coordinadora de parte del gobierno para administrar la aerolínea, además de que nunca se firmó ningún convenio que permitiera garantizar la amortización de los supuestos adeudos.
Cinco años después de que se privatizó Mexicana de Aviación, la empresa se encontraba en una latente y virtual quiebra, por lo que en agosto del 2010 se suspendieron las operaciones de la aerolínea y se tuvo que recurrir a un concurso mercantil para reestructurar financiera o administrativamente sus obligaciones para con los acreedores, y mantener sus relaciones y operaciones adecuando además los costos laborales a “los estándares de la industria”, ya que en el consejo de administración de Mexicana consideró que son superiores a los de empresas homólogas del extranjero. Pero lo cierto es que el Grupo Posadas, desde que adquirió la aerolínea, empezó a desmantelar la compañía vendiendo por partes todo, como fue la venta de la Torre de Mexicana, que era el edificio insignia de la empresa, en 30 millones de dólares.
La intención de Gastón Azcárraga era la de culpar a los trabajadores y su contrato colectivo de trabajo de la quiebra de la aerolínea, y que la opinión pública rotulara a estos trabajadores como gente revoltosa y floja, tal como se hizo con los electricistas al ser despedidos de su empleo cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La suspensión de operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación provocó pérdidas económicas a las aerolíneas nacionales por 100 millones de dólares, pues las aerolíneas extranjeras acapararon gran parte del mercado abandonado por la línea aérea entre septiembre de 2010 y marzo de 2011. Unas siete compañías extranjeras captaron 65 por ciento de los pasajeros dejados por Mexicana.
Por el lado laboral, la quiebra de Mexicana de Aviación significó que un total de 8 mil trabajadores se quedaran sin trabajo, entre ellos dos mil 500 empleados de tierra, mil 400 trabajadores de confianza y mil 400 sobrecargos.
En conclusión podemos afirmar que si bien es cierto el programa carretero impulsado por el gobierno de Carlos Salinas aumentó la infraestructura carretera del país al concesionar la construcción y administración de los caminos carreteros a la inversión privada; muchas de estas autopistas estuvieron mal trazadas, son peligrosas para los automovilistas y el peaje es costoso, lo peor es que los contribuyentes tenemos que pagar la mala planeación financiera, ineficiencia y, en muchos casos, corrupción de funcionarios, empresas constructoras y administradoras de las carreteras.
La privatización de la Compañía Mexicana de Aviación fue un rotundo fracaso que lejos de remediar los problemas en materia de empleo que se tenían en el país, los agravaron, y se favoreció a una empresa privada que en muy poco ha colaborado con el desarrollo económico del país. Hay que recordar que el Grupo Hotelero Posadas fue beneficiado por el régimen de consolidación fiscal; para darnos una idea de esto, en el 2008 la empresa de los hermanos Azcárraga Andrade tuvo ventas por 6,904 millones de pesos, y pagaron de impuestos en relación a sus ventas de -1.6 por ciento (es decir, no pagaron nada) y difirieron impuestos por un monto de 1,216 millones de pesos.
A lo largo de estas tres entregas hemos visto y analizado algunas de las privatizaciones y concesiones que se han dado en México en los últimos años, que en la mayoría de los casos no han sido exitosas, además que se han tenido que hacer rescates con fondos de los contribuyentes de los bancos y carreteras que fueron privatizadas y muchas veces tuvimos que pagar operaciones fraudulentas de empresarios que fueron favorecidos con la adquisición de estas instituciones financieras, como fue el caso de Carlos Cabal Peniche o Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”. También hemos tenido que pagar con nuestros impuestos las ineficiencias, como la empresa de David Peñaloza Sandoval Tribasa, ahora Pinfra.
La reforma energética que acaba de ser aprobada y de la que ahora se discuten las leyes secundarias tendrá que conocer perfectamente a las empresas privadas con las que firmará los distintos contratos que contempla, y no debe dejar espacio a empresas como Gutsa, que después de ser inhabilitada por la Secretaria de la Función Pública por su ineficiencia en la rehabilitación de la Autopista del Sol, pero después fue beneficiada por el gobierno de Felipe Calderón con el otorgamiento de la construcción de la Estela de Luz, dando como resultado un fraude en la edificación de ese monumento, que se suponía era para celebrar el bicentenario de la independencia, y únicamente sirvió para simbolizar toda una época de corrupción en el gobierno panista.
Bibliografía y fuentes.
*Gómez – Ibáñez, J.A. (1997), Mexico´ s Private Toll Road Program, EUA, Kennedy School of Government, Harvard University.
*Ruster J. (1997) A Retrospective on the Mexican toll Road Program (1989- 94), Public Policy for the Private Sector, EUA, The World Bank.
*SCT (1994), Programa Nacional de Autopistas 1989 – 1994 (Informe a marzo de 1994).
*(1999), Anuario Estadístico 1998 de Autopistas de Cuota, México.
* Informes de INEGI y Banco Mundial.
@EsquivelAncona
La apertura económica en México no sólo comprendió la desincorporación y privatización de empresas que administraba el gobierno, sino que también se dieron concesiones para la construcción y administración de carreteras a la inversión privada, cuestión que antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba estrictamente reservado para el estado. Es bueno recordar este esquema de concesiones que se hicieron a empresas privadas para la construcción y administración de carreteras de peaje, y ver los errores que se cometieron para no repetirlos, ya que la reforma energética recientemente aprobada contempla contratos o licencias para que compañías privadas entren a la exploración y extracción de hidrocarburos, (con pagos hechos por medio de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez extraídos del subsuelo).
La red carretera que existía en México en los años ochenta del siglo pasado presentaba signos de obsolescencia y congestionamiento vehicular, y era deficiente para incentivar el desarrollo económico del país; la inversión que se hacía en esos años para infraestructura carretera por parte del gobierno era escasa, concentrándose sobre todo en la zona centro del país y en la frontera norte, esto debido principalmente a que en esos años era muy elevado el endeudamiento externo, los precios del petróleo que era, y sigue siendo el principal producto de exportación, estaban muy bajos.
El gobierno de Carlos Salinas se propuso aumentar la infraestructura carretera, y para ello en 1989 emprendió un programa de construcción de autopistas de cuota de altas especificaciones mediante concesiones al sector privado (programa carretero).
El programa carretero del gobierno salinista incluyó la construcción de 4 mil kilómetros de autopistas de cuota de altas especificaciones y siete puentes internacionales; la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) planificó la red, ubicó los proyectos y diseñó el mecanismo de concesión. Las metas del programa carretero representaban una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares a precios de 1989, alrededor de 8 mil millones de dólares.
Una de las primeras carreteras de peaje bajo el régimen de concesiones al capital privado fue un tramo de 21 kilómetros de la carretera México – Toluca; esta concesión fue otorgada a la constructora Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), de David Peñaloza Sandoval; esta carretera actualmente tiene un costo de 70 pesos, 3.3 pesos por kilometro (lo que equivale a 25 centavos de dólar por kilometro al tipo de cambio actual), lo que la hace una de las carreteras más costosas del mundo, a más de veinte años de haber sido construida.
En agosto de 1989 el gobierno de Carlos Salinas concesionó a privados la construcción y administración de la llamada Autopista del Sol (Cuernavaca – Acapulco), el proyecto se dividió en tres tramos, otorgando la ejecución del mismo a los consorcios Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que en ese tiempo era presidido por Gilberto Borja Navarrete; Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), de José Luis Ballesteros Franco y Tribasa (que desde el 2005 cambio su razón social a Promotora y Operadora de Infraestructura, Pinfra).
La construcción de la Autopista del Sol concluyó en 1993, con un costo 2,200 millones de pesos, cifra 275 por ciento superior al costo inicial del proyecto. Debido a la orografía y a las condiciones climáticas donde se trazó la carretera, son frecuentes los derrumbes a lo largo de la autopista, principalmente en períodos de lluvia; esto provoca que existan acciones permanentes de mantenimiento que son excesivamente costosas para los contribuyentes, además de que el peaje que se cobra es muy oneroso para una carretera mal trazada y peligrosa.
El proyecto de la autopista del Sol se planificó en forma inadecuada, la selección y la ubicación de los tramos a concesionar fueron deficientemente soportados por estudios de tráfico, donde los aforos del proyecto eran exagerados con el fin de darle viabilidad artificial al proyecto; los materiales usados en la construcción eran de mala calidad y los costos financieros no fueron debidamente sustentados lo que provocó que se incrementaran, lo que causó un desastre financiero al diseño original del mismo.
El mantenimiento y reparación de la autopista Cuernavaca – Acapulco ha sido motivo también de grandes y oscuros desembolsos de recursos financieros por parte del gobierno, en el 2003 el gobierno del presidente Vicente Fox otorgó a Gutsa Infraestructura, de Juan Diego Gutiérrez Cortina, un contrato para la rehabilitación de la autopista del Sol. El 25 de junio de 2007 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafufe), notificó a la empresa Gutsa el inicio de un proceso de recesión del contrato respectivo, debido al incumplimiento en la ejecución de las obras de rehabilitación. Estos trabajos tenían un costo original de 335.19 millones de pesos y un tiempo de 270 días, pero la empresa de Gutiérrez Cortina llevaba más de 1,200 días de retraso y apenas un avance superior al 30 por ciento, por lo que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte se vio obligada a reiniciar las obras.
La mala planificación del Programa Nacional de Autopistas del gobierno de Carlos Salinas, la corrupción que existió en la asignación de los proyectos y el hecho de que la mayoría de los concesionarias estaban integradas por constructoras que fueron incapaces de cuantificar los riesgos financieros de los proyectos, debido a que estaban más interesadas en los trabajos de construcción que en la factibilidad financiera de largo plazo causaron que los precios de sus insumos se modificaran, además de que se inflaban los presupuestos.
Las concesionarias de carreteras estaban sumamente endeudadas y con graves problemas financieros, por lo que en 1997 el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decidió recuperar 23 de las 52 autopistas, asumiendo la deuda de los concesionarios por 58 mil 123 millones de pesos, las empresas que más se favorecieron con esto fueron Tribasa, ICA y GMD.
En 2003 el entonces secretario de hacienda, Francisco Gil Díaz, y el que era el director de Banobras, Felipe Calderón Hinojosa, subastaron la deuda carretera y se trasladaron en concesión otros 26 tramos carreteros del patrimonio propio de Capufe, no incluidos en el decreto de 1997, y así, ahora maneja un total de 49 carreteras rescatadas, y los ingresos obtenidos por su explotación han sido destinados al pago de indemnización; con estas decisiones y los intereses del rescate carretero la deuda se elevó a 165 mil millones de pesos.
El rescate carretero también contempló la creación del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para el manejo de las carreteras rescatadas.
El gobierno de Vicente Fox, en 2005, privatizó la línea aérea “Mexicana”, empresa que había sido absorbida por el gobierno en 1995, debido a su excesiva deuda, que la hacía inviable. La línea aérea fue adquirida por el Grupo Hotelero Posadas, de Gastón Azcárraga Andrade, en 165 millones de dólares, una verdadera ganga, ya que el valor en libros era de aproximadamente de 700 millones de dólares. Para justificar la ganga en que el Grupo Posadas adquirió Mexicana de Aviación, se dijo que la empresa de Azcárraga absorbería un pasivo neto de 294 millones de dólares, en paralelo a otro de 992 millones de pesos por el arrendamiento de aviones de Airbus. El problema es que el monto de los pasivos no se reflejó en los estados financieros de Cintra, que era la coordinadora de parte del gobierno para administrar la aerolínea, además de que nunca se firmó ningún convenio que permitiera garantizar la amortización de los supuestos adeudos.
Cinco años después de que se privatizó Mexicana de Aviación, la empresa se encontraba en una latente y virtual quiebra, por lo que en agosto del 2010 se suspendieron las operaciones de la aerolínea y se tuvo que recurrir a un concurso mercantil para reestructurar financiera o administrativamente sus obligaciones para con los acreedores, y mantener sus relaciones y operaciones adecuando además los costos laborales a “los estándares de la industria”, ya que en el consejo de administración de Mexicana consideró que son superiores a los de empresas homólogas del extranjero. Pero lo cierto es que el Grupo Posadas, desde que adquirió la aerolínea, empezó a desmantelar la compañía vendiendo por partes todo, como fue la venta de la Torre de Mexicana, que era el edificio insignia de la empresa, en 30 millones de dólares.
La intención de Gastón Azcárraga era la de culpar a los trabajadores y su contrato colectivo de trabajo de la quiebra de la aerolínea, y que la opinión pública rotulara a estos trabajadores como gente revoltosa y floja, tal como se hizo con los electricistas al ser despedidos de su empleo cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La suspensión de operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación provocó pérdidas económicas a las aerolíneas nacionales por 100 millones de dólares, pues las aerolíneas extranjeras acapararon gran parte del mercado abandonado por la línea aérea entre septiembre de 2010 y marzo de 2011. Unas siete compañías extranjeras captaron 65 por ciento de los pasajeros dejados por Mexicana.
Por el lado laboral, la quiebra de Mexicana de Aviación significó que un total de 8 mil trabajadores se quedaran sin trabajo, entre ellos dos mil 500 empleados de tierra, mil 400 trabajadores de confianza y mil 400 sobrecargos.
En conclusión podemos afirmar que si bien es cierto el programa carretero impulsado por el gobierno de Carlos Salinas aumentó la infraestructura carretera del país al concesionar la construcción y administración de los caminos carreteros a la inversión privada; muchas de estas autopistas estuvieron mal trazadas, son peligrosas para los automovilistas y el peaje es costoso, lo peor es que los contribuyentes tenemos que pagar la mala planeación financiera, ineficiencia y, en muchos casos, corrupción de funcionarios, empresas constructoras y administradoras de las carreteras.
La privatización de la Compañía Mexicana de Aviación fue un rotundo fracaso que lejos de remediar los problemas en materia de empleo que se tenían en el país, los agravaron, y se favoreció a una empresa privada que en muy poco ha colaborado con el desarrollo económico del país. Hay que recordar que el Grupo Hotelero Posadas fue beneficiado por el régimen de consolidación fiscal; para darnos una idea de esto, en el 2008 la empresa de los hermanos Azcárraga Andrade tuvo ventas por 6,904 millones de pesos, y pagaron de impuestos en relación a sus ventas de -1.6 por ciento (es decir, no pagaron nada) y difirieron impuestos por un monto de 1,216 millones de pesos.
A lo largo de estas tres entregas hemos visto y analizado algunas de las privatizaciones y concesiones que se han dado en México en los últimos años, que en la mayoría de los casos no han sido exitosas, además que se han tenido que hacer rescates con fondos de los contribuyentes de los bancos y carreteras que fueron privatizadas y muchas veces tuvimos que pagar operaciones fraudulentas de empresarios que fueron favorecidos con la adquisición de estas instituciones financieras, como fue el caso de Carlos Cabal Peniche o Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”. También hemos tenido que pagar con nuestros impuestos las ineficiencias, como la empresa de David Peñaloza Sandoval Tribasa, ahora Pinfra.
La reforma energética que acaba de ser aprobada y de la que ahora se discuten las leyes secundarias tendrá que conocer perfectamente a las empresas privadas con las que firmará los distintos contratos que contempla, y no debe dejar espacio a empresas como Gutsa, que después de ser inhabilitada por la Secretaria de la Función Pública por su ineficiencia en la rehabilitación de la Autopista del Sol, pero después fue beneficiada por el gobierno de Felipe Calderón con el otorgamiento de la construcción de la Estela de Luz, dando como resultado un fraude en la edificación de ese monumento, que se suponía era para celebrar el bicentenario de la independencia, y únicamente sirvió para simbolizar toda una época de corrupción en el gobierno panista.
Bibliografía y fuentes.
*Gómez – Ibáñez, J.A. (1997), Mexico´ s Private Toll Road Program, EUA, Kennedy School of Government, Harvard University.
*Ruster J. (1997) A Retrospective on the Mexican toll Road Program (1989- 94), Public Policy for the Private Sector, EUA, The World Bank.
*SCT (1994), Programa Nacional de Autopistas 1989 – 1994 (Informe a marzo de 1994).
*(1999), Anuario Estadístico 1998 de Autopistas de Cuota, México.
* Informes de INEGI y Banco Mundial.
Fuente: sdpnoticias.com
















