Por: SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA.
El pasado 5 de febrero de 2014 se cumplieron 97 años de que fue expedida por el Congreso Constituyente de Querétaro, en esa misma fecha pero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ha dicho que tenemos una Constitución de las más longevas del mundo,
y esto es parcialmente cierto si consideramos que desde entonces no se ha creado un nuevo documento constitucional en su integridad, pero se desvirtúa a la luz de las más de 500 reformas, adiciones y derogaciones que ha tenido, las cuales arrojan como uno de sus consecuencias que solo este vigente alrededor del 3% del texto original de 1917.
Mientras que en diferentes partes del mundo, Estados de los más diversos signos ideológicos y con disímbolos desarrollos político-democráticos, han optado por formular nuevas Constituciones, en México hemos tenido un derrotero de transformación constitucional a través de múltiples y diversas reformas, particularmente durante los últimos 30 años, periodo que se traslapa con la etapa de la transición a la democracia y su incipiente consolidación.
Recordemos que durante la mayor parte del periodo del sistema de partido hegemónico y del híper presidencialismo autoritario, donde los titulares del Ejecutivo Federal, dentro de lo que don Daniel Cosío Villegas denominaba el estilo personal de gobernar, eran en algunos casos los grandes legisladores, y marcaban su paso por el poder a través de reformas a la Constitución.
Sin embargo, la vorágine del reformismo constitucional se desata a partir del régimen de Miguel de la Madrid y su punto más alto ocurre durante gobierno de Felipe Calderón, paradójicamente un presidente proveniente de un partido político que no tiene mayoría ni en el Congreso de la Unión ni en la mayor parte de las Legislaturas de los Estados.
Recordemos que a partir de 1988, producto de las controvertidas y disputadas elecciones de ese año, ninguna fuerza política podía, y no puede hasta la fecha, reformar por sí sola la Constitución, obligando el concurso de por lo menos dos, y en algunos casos más, grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y en los Congresos Locales.
Es el inicio de la democratización del sistema político y de la construcción del Estado constitucional y democrático, por lo que tendremos reformas trascendentes en ese cometido, como las que tuvieron que ver con la materia político-electoral, la modernización de las relaciones iglesia-estado, la transformación del ejido y la justicia agraria, la autonomía e independencia del poder judicial y la incorporación de instrumentos de control constitucional, convirtiendo a la Suprema Corte en un auténtico tribunal constitucional; las reformas de transparencia y acceso a la información pública, así como del sistema nacional de rendición de cuentas, la reforma indígena y un muy largo etcétera.
Durante el año previo y el posterior a la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, estuvo muy presente la propuesta de que era la ocasión propicia para la expedición de una nueva Constitución, dentro del marco de la denominada Reforma del Estado, pero este impulso se fue perdiendo rápidamente, en gran medida por las carencias y limitaciones que tuvo el régimen foxista y la incapacidad de construir acuerdos de tal envergadura de la oposiciones del momento.
Sin embargo, una vez estabilizada la pluralidad política, esta no fue obstáculo para que se continuará con el reformismo constitucional, pasando el otrora gran poder presidencial en la materia, al poder legislativo, con todo y su diversidad imperante, pues desde 1997 ninguna fuerza política tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en varias casos también en la de Senadores.
Para muchos constitucionalistas este aniversario no tiene nada para celebrarse, por el derrotero que ha tenido el reformismo constitucional, carente en muchos casos de una sistemática coherente y ordenada, con repeticiones y un sinnúmero de particularidades y detalles que deberían de estar en legislaciones secundarias, respondiendo a circunstancias históricas y políticas muy diferenciadas y en algunos casos contratantes y hasta contradictorias.
Sin duda que son ciertas todas esa críticas, muchas de ellas derivadas de una inadecuada o carencia de técnica legislativa, pero otras producto de negociaciones políticas particulares que podría cuestionarse su legitimidad constitucional.
La clase política plural que tenemos ha podido realizar importantes reformas constitucionales para la construcción y consolidación del Estado democrático, pero no para una asignatura fundamental, como la responsabilidad de los propios actores políticos, particularmente en el poder legislativo. Pasamos de un híper presidencialismo autoritario a un cuasi despotismo del legislativo, sin controles y equilibrios.
El mejor homenaje que le podemos hacer al pacto social y normativo que es la Constitución, es su revisión integral o reformulación, con miras a su centenario en 2017.
Fuente: Sdpnoticias.com
















