Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez.
El 15 de diciembre de 2012 un grupo de funcionarios mexicanos, en el que se encontraban los titulares de Segob, PGR y Cisen, acudió a una reunión en la embajada de Estados Unidos con mandos de la DEA, la CIA y el FBI. De acuerdo con una nota del Washington Post, los recién nombrados funcionarios se quedaron “sin expresión en el rostro” tras conocer el nivel que la injerencia de las agencias norteamericanas de seguridad había alcanzado en nuestro país durante los años previos.
El gobierno de Peña Nieto ya suspendió algunas de las formas más intrusivas de colaboración: la relación entre las agencias americanas y las mexicanas quedó bajo la supervisión del secretario de Gobernación; y en mayo pasado se anunció que ya no se permitiría la presencia de personal estadounidense en centros de “fusión de inteligencia” (en los que la información que recopilan diversas dependencias se integra para el desarrollo de operativos y estrategias).
En algunos casos, el gobierno de Calderón se excedió en su apertura. Fue un desacierto hacer propia la doctrina de la DEA según la cual la captura de capos es una prioridad en la lucha trasnacional contra el crimen. Pero el principal error de Calderón no fue buscar la colaboración con Estados Unidos, sino afianzar tal colaboración veladamente con la pretensión (ilusa) de que ello permitiría suprimir costos políticos (como lo ilustran las filtraciones que revelaron que la operación “Rápido y Furioso”, y el patrullaje de territorio nacional por “drones” norteamericanos ocurrieron con el visto bueno del gobierno mexicano). Si el Ejecutivo hubiera reconocido inicialmente sus concesiones a Estados Unidos, el escándalo por las filtraciones hubiera sido menor. Más importante, el gobierno hubiera estado en posición para negociar mejores condiciones a cambio de la mayor injerencia de agencias norteamericanas.
En cualquier caso, la expansión de la presencia de la DEA y la CIA supone un dilema para el actual gobierno. Es iluso pensar que la estructura que las agencias de seguridad norteamericanas montaron en México se circunscribirá a tareas marginales. La intervención de los correos electrónicos del Presidente es un incidente menor dada la capacidad de espionaje instalada por estas agencias.
Las actividades que las agencias norteamericanas pretenden desarrollar en nuestro país incluyen temas políticamente sensibles, como el supuesto acuerdo para que sus agentes interroguen a distancia a personas detenidas en nuestro territorio, o su intención de someter a controles de confianza a los funcionarios mexicanos a los que entreguen información sensible. Sin embargo, es preferible que estas formas de intervención se discutan de cara a la opinión pública, y en su caso se regulen, a que simplemente ocurran. Los mexicanos tenemos mucho que ganar si dejamos la retórica patriotera, y las simulaciones que ésta implica, y nos proponemos establecer una colaboración más estrecha, pero también más cauta y justa, con las autoridades estadounidenses. Esta colaboración nos podría reportar beneficios en por los menos tres ámbitos:
Primero, más recursos. Tomando como referencia el gasto militar de Estados Unidos en el exterior, la Iniciativa Mérida no pasa de ser un gesto simbólico. Mientras que el costo total de la intervención militar en Afganistán se estima en 641,700 millones de dólares, hasta 2012 sólo se habían destinado 1,900 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. La responsabilidad de nuestros vecinos como primer consumidor mundial de drogas, y la importancia que la seguridad en México tiene para ellos, justificarían que les pasáramos una factura varias veces mayor.
Segundo, know how. Las agencias norteamericanas han traído a coordinar operaciones de inteligencia en México a analistas con experiencia en Afganistán y otros territorios en crisis. Si se acordara que personal con este perfil participara en el desarrollo institucional de las agencias mexicanas, en el mediano plazo podríamos contar con capacidades que de otra forma nos costará más tiempo y recursos construir, y que son urgentes para atender las crisis de gobernabilidad en nuestro territorio.
Tercero, certeza. Las agencias norteamericanas cuentan con información sensible, tanto sobre las organizaciones criminales, como sobre los actores económicos y políticos de nuestro país. En la medida en que las actividades de las agencias norteamericanas sean reconocidas y reguladas, será más costoso para ellas abusar de esta información.
@laloguerrero
Fuente: Reforma.
















