Por: Aurelio Ramos Méndez.
Impuesto por las elecciones de gobernadores de 2017, en especial las del codiciado Estado de México, el tema de las alianzas partidistas y los gobiernos de coalición está de nuevo sobre la mesa de discusiones. Inspira ardorosos debates, a despecho de la ya largamente probada inutilidad —para fines de ejercicio gubernativo— de los repugnantes, intragables cocteles ideológicos periódicamente administrados a los ciudadanos, en todo el país.
Esta semana, en Veracruz y Oaxaca, asumieron el gobierno Miguel Ángel Yunes y Alejandro Murat, políticos muy cuestionados —el primero de plano con fama de cleptómano en fase terminal—; pero, aún así, acorazados por diversas fuerzas. Llegaron en reemplazo de Gabino Cué y Javier Duarte, también señalados de escandalosa corrupción —el segundo con peor fama que Caín—, en su momento, sin embargo, acuerpados por distintas formaciones políticas.
Las votaciones venideras en Coahuila, Nayarit y la entidad de mayor peso electoral, el Estado de México, así como las maniobras, previsiones y marrullerías de cara a los comicios presidenciales dentro de dos años, tienen a los políticos en febril regateo. En un genuino tianguis de avales, patrocinios, apoyos y toda suerte de ayudas susceptibles de caber en esos irrestrictos burladeros permitidos por la ley, bajo las denominaciones de alianzas, coaliciones, candidaturas comunes y otras estafas.
En el mercadeo de favores político-electorales los aspirantes a candidatos y los dirigentes y negociadores partidistas no han tenido recato para reeditar prácticas que convierten los legítimos intereses de las mayorías y los reclamos de grupos minoritarios o históricamente excluidos, en simples baratijas, mercancías que se muestran u ocultan en función de la rentabilidad electoral.
Así, vimos en 2015 y ya están de vuelta las vergonzosas capitulaciones de un PRD mendicante de ayuda del PAN, que para complacer al mercado y a su rescatista no tuvo empacho en modificar su agenda, esconder principios y propuestas, y en últimas engañar a los votantes.
Encabezados en aquel entonces por Agustín Basave, los ahora súbditos de Alejandra Barrales se apresta a encajonar su ideología progresista y dejar de hablar de temas tales como el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas y otros asuntos que los confrontan con el panismo.
Los dirigentes del PAN jefaturados por Ricardo Anaya, por su lado, están ya listos para atar con una cintita azul y archivar el alijo de sus temas incómodos, los mismos que dizque impulsa el sol azteca. Y de este modo, ambos partidos claudican en la defensa de sus principios, abandonan a sus simpatizantes y, a dos manos, cancelan la atención a los núcleos sociales marginados.
El ocultamiento de postulados con miras a forjar alianzas es común denominador en nuestro enclenque sistema de partidos. De Morena al PRI todos esconden sus principios y silencian a los grupos sociales que dicen representan, cuando de votos se trata. Por algo Andrés Manuel López Obrador hace mutis ante los mismos temas quemantes que dejan de lado el PAN y el PRD. Y por lo mismo hay quienes consideran un error garrafal del tabasqueño el haber develado sus convicciones al verter copiosos elogios sobre la memoria de Fidel Castro.
Por esta vía, pronto en las campañas y los debates de temporada electoral dejará de hablarse de los más sentidos temas de las mayorías: la pobreza y la desigualdad, el estado de la educación y la salud pública, la inseguridad creciente y la violencia imparable, la religión, la soberanía nacional…
Una variante de esta rendición explica el consejo que con sorna les acaba de dar Miguel Mancera a los presidenciables: Si quieren estar hasta arriba en las encuestas absténganse de tomar medidas impopulares. Como quien dice: Olvídense de gobernar, para llegar a la orilla y lograr la postulación hay que nadar de muertito. Todo en aras de un triunfo electoral para acceder al poder y convertir el Estado en botín, tal como hemos visto con un pelotón de gobernadores en fuga, emanados de aberrantes alianzas y coaliciones.
Javier Duarte llegó al poder apuntalado por el PRI, el PVEM y el Partido Revolucionario Veracruzano, y Gabino Cué fue encumbrado por el PAN, el PRD, el PT y Convergencia. Sus sucesores llegan con respaldo del PAN y el PRD, en el caso de Yunes, y del PRI, PVEM y Nueva Alianza, en el caso del heredero de José Murat Casab.
El joven y nuevo mandatario oaxaqueño gobernará sobre una plataforma vieja. De entrada timó a sus electores al deslindarse fingidamente de su progenitor, ocultando que se apoya en el capital político de éste —capital forjado con las peores artes durante décadas— y que, por consiguiente, conducirá el estado con personajes ligados a los distintos grupos que conforman esa base de sustentación.
Para todos los efectos prácticos los gobiernos de coalición promovidos por ahora con singular empeño por Manlio Fabio Beltrones y los interesados en zancadillear al más aventajado rumbo al 2018, en modo alguno se diferencian de las decepcionantes alianzas electorales. En los gabinetes de prácticamente todos los ex gobernadores hoy a salto de mata tuvieron representación las distintas fuerzas coligadas. Y en los congresos locales el control estuvo en manos de esas mismas formaciones políticas. El resultado está a la vista.
Es entonces ocioso y falaz impulsar una reforma constitucional para formalizar las inútiles alianzas en pos de votos en coaliciones de gobierno. Sueñan los promotores de la maniobra con lograr por este camino eficacia y moralización gubernamental. Nada bueno puede resultar de juntar en el gobierno a quienes han pervertido la política.
El Presidente Enrique Peña Nieto ya opinó que es tarde para intentar modificaciones legales con miras al proceso del 2018. Así y todo, persiste el coro a favor de los gobiernos de coalición. Una reforma que, en todo caso y con buena técnica legislativa, no podría hacerse al cuarto para las doce, sino a la distancia mínima de un sexenio. De otro modo, resultaría indisimulable que se trataría de cambios con dedicatoria.
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Fuente: Crónica.
















