Por: ARTURO SANTAMARÍA.
Desde la dictadura porfiriana no ha habido una etapa histórica que haya generado tantas muertes. Desde 2006, cuando inicia su periodo Felipe Calderón hasta la fecha cerca de 140 mil, según cifras oficiales. Pero este modelo de Estado, el neoliberal, responsable de muchas de esas muertes, también ha sido el más golpeado en su eslabón más débil: el municipio.
Cinco alcaldes asesinados en 2016, tres entre finales de julio y los dos primeros días de agosto. Cincuenta y siete en 13 años. Según otras fuentes 88 en los últimos diez años. Quince en este sexenio. Si sumamos los ex alcaldes y sus familiares asesinados en un plazo de quince años, dice la politóloga María Amparo Casar, las cifras se elevan a 170. Estas estadísticas fatales son un síntoma más, muy grave, de una crisis no de Gobierno sino de Estado porque incluye los sexenios de Calderón Y Peña Nieto.
Estas cifras luctuosas incluyen a Saúl Rubio, ex alcalde de Sinaloa de Leyva, quien fue ultimado en mayo de 2005. Y podían haber sumado a Alejandro Higuera, quien siendo Presidente Municipal de Mazatlán el 8 de noviembre de 2011 sufrió un atentado a balazos en el kilómetro 12 de la Maxipista Culiacán-Mazatlán. Higuera primeramente lo negó, pero años después lo aceptó. El 6 de marzo de 2015, el alcalde de Choix, Juan Raúl Acosta Salas salió ileso de un ataque a mano armada. Ignoro si de 2006 a la fecha ha habido más atentado contra ediles en Sinaloa, pero no estamos fuera de esta seria crisis de seguridad y de impotencia del Estado ante la violencia que ha desestabilizado a la Nación.
La crisis del Estado, en su ropaje neoliberal, obedece a varias causas, pero dos son muy evidentes: los desafíos de los movimientos sociales de masas, como el de los maestros, y la violencia del crimen organizado.
No hay Estado neoliberal, rico o pobre, que no desate respuestas sociales masivas a sus draconianas políticas económicas. Llámese Estados Unidos, Francia, España, Egipto o México. Pero, en sociedades como la mexicana, donde las diferencias sociales cavan muy hondo, los movimientos sociales se radicalizan y las organizaciones armadas no desaparecen porque siempre encuentran condiciones sociales para alimentarse.
La novedad del Bloque Social hegemónico y del Estado neoliberal mexicanos es que el crimen organizado es parte de ellos. Tanto en términos de capital económico como del político, el crimen organizado compite con poderosas empresas legales y con los grupos de interés más fuertes en los diferentes partidos políticos. Las ganancias de las empresas del narco son semejantes a las del turismo y de la industria manufacturera a nivel nacional. Por eso es que en diferentes estados, como Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Durango, Veracruz, Michoacán, Guerrero y varios más, el capital del narco es tan fuerte como el de otros sectores económicos. Con su poderío económico y represivo ha logrado acumular un considerable capital político, a través de gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y funcionarios de diferentes dependencias federales, estatales y municipales, y también de jefes policiacos y militares, así como jueces.
El gran problema es que uno de los métodos de competencia más socorridos por el crimen organizado es la violencia. Pero esta es su gran ventaja sobre otros grupos empresariales y políticos. Con ella a veces compite con la del Estado y somete a ciudadanos, funcionarios públicos, políticos, policías y militares. Los pone a su servicio.
El poderío y la influencia del narco, a través de sus empresas ilegales y legales, y de los políticos y funcionarios públicos a sus pies es tan grande como la de los empresarios favoritos de cada sexenio o de los potentados mexicanos de escala global.
Ante este actor, inédito en la historia mexicana, en cuanto a la dimensión de su poderío, el Estado mexicano ve cómo progresivamente se reduce su fuerza para enfrentarlo.
Es decir, el actual Estado mexicano, no tiene los recursos ni políticos ni coercitivos para someter al crimen organizado y a los movimientos sociales radicales. Carece de legitimidad para hacerlo y la popularidad del Presidente Peña Nieto está por los suelos.
Hay organizaciones empresariales, políticos y comentaristas de los medios que exigen un mayor uso de la fuerza para detener a los actores mencionados, pero hacerlo contra el crimen organizado se ha visto que es un fracaso y hacerlo contra los movimientos sociales, saben los dirigentes del gobierno, implicaría una mayor radicalización de ellos y la posible emergencia de otros. Con la política de la represión, Felipe Calderón fortaleció aún más a los cárteles y profundizó la desestabilización social del País. Cuando Díaz Ordaz y Luis Echeverría recurrieron a la represión masiva de los movimientos sociales hicieron surgir numerosas organizaciones armadas.
Lo que desean las organizaciones empresariales, con al argumento del respeto a le ley, es una masiva represión que incendiaría muchas regiones de la república. El gobierno de Peña Nieto no está en condiciones de hacerlo. Ni siquiera un golpe de Estado de los militares podría sosegar al mar embravecido en que se ha convertido México. En realidad, el Estado neoliberal a la mexicana no tiene salida alguna. Se necesita una orientación distinta en él.
Sin embargo, de los dos actores sociales mencionados, el que está desafiando a un nivel nunca visto al Estado es el crimen organizado. Lo ha penetrado, está dentro de él y recurre a la violencia cuando lo considera necesario, lo cual es cada vez más frecuente. El mejor ejemplo de ello, son las decenas de alcaldes asesinados, quienes son los eslabones más débiles de este Estado menguante.
Fuente: Sdpnoticias.com
















