Por: Omar Ortega Soria.
Dicen que las crisis están para aprovecharse, y ¿por qué no ayudar a alguien mientras que también se obtiene beneficio? Como país, hemos enfrentado: inundaciones, sequias, incendios, explosiones, temblores, y hoy el Covid19; en cada una de ellas aparecen benefactores, están los que actúan desinteresadamente y que tan solo son solidarios, pero por supuesto, también están los que buscan obtener algún beneficio, como podría ser proyección política.
Vivir en un país con tantas desigualdades sociales y un estado paternalista, ha hecho un caldo de cultivo muy interesante, en donde es más fácil hacer política con despensas que con ideas. Y aquí nace un problema adicional, que pasa cuando un servidor público (del nivel que sea) aprovecha su encargo para promocionarse.
El termino promoción personalizada, aunque no es nuevo, si es muy desconocido para el ciudadano, tan es así que estamos tan acostumbrados a ella, que se ve como normal. La regulación data de 2007 cuando se buscó establecer un nuevo modelo de comunicación política al prohibir la contratación de los tiempos en radio y televisión por los partidos y candidatos y la difusión de propaganda gubernamental en tiempos de campaña
Nuestra Constitución es muy clara: Todo servidor público tiene en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Sin embargo, cuántas veces hemos visto propaganda en donde se asocia los logros de un determinado gobierno con la persona más que con la institución; o el nombre y las imágenes hacen apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. Hay una línea muy delgada, entre la propaganda institucional o gubernamental, que tiene como fin comunicarse con los ciudadanos para rendirle cuentas, y la otra propaganda que busca posicionarse en la mente del ciudadano para generar un voto.
Esto no quiere decir que los funcionarios dejen de realizar sus tareas como servidores públicos, como participar activamente en la entrega de bienes y servicios; o que dejen de informar sus labores. Sino que sencillamente cumplan con lo que les marca la ley al momento de realizar su trabajo.
En este sentido, cobra especial relevancia, el exhorto que hizo el IEPC a todos los servidores públicos, para que ante la problemática que está causado el Covid19, al momento de dar algún apoyo a la ciudadanía o al personal de salud, no influyan en la equidad de la competencia electoral ni hagan promoción personalizada, es decir eviten que contengan distintivos, o en pocas palabras, que no lleven agua a su molino, aprovechándose de la crisis.
Twitter: @omarortegasoria
Fuente: Siglo de Durango.
















