Por: Raúl contreras Bustamante.
Nuestra Constitución es, sin duda, un documento excepcional. Ha superado muchos retos en el tiempo que otras tantas Cartas Magnas del resto de Latinoamérica no lo han podido hacer. Le ha dado al país estabilidad y paz social, llevando de su mano los cambios más trascendentales del siglo XX y de lo que va del XXI.
Nuestra Constitución —hoy centenaria— ha sido la herramienta que ha dado viabilidad a México como proyecto de nación,
y creo que se debe a que a partir del México posrevolucionario se concibió la importancia de fomentar el culto al respeto a nuestra Constitución, como factor de unidad y guía del rumbo que el país debería seguir.
Nuestra Constitución ha sido utilizada como altar de nuestra síntesis histórica, de principios y valores sociales fundamentales y como sitio solemne en donde se consagran las legítimas aspiraciones de cambio social.
Durante muchos años, sus procesos de reforma dependían de manera fundamental de las iniciativas del Presidente de la República en turno. A partir de 1997, en que ningún partido político ha controlado la mayoría absoluta del Congreso, las enmiendas son producto de los consensos y acuerdos políticos partidarios.
Desde la academia se ha criticado mucho que el texto constitucional está demasiado extenso, reglamentario, a veces contradictorio y que muchas de sus adiciones adolecen de claridad y técnica legislativa.
Ello es producto de que los acuerdos partidarios —debido a la mutua desconfianza que se tienen entre las fuerzas políticas— han exigido su incorporación al texto constitucional, para garantizar su cumplimiento.
Pero a últimas fechas se ha presentado un fenómeno delicado y preocupante: nuestra norma suprema comienza a adolecer de inobservancia de parte de los mismos actores que la reforman.
Y es que convertir a la Constitución en el objeto de una lucha política cotidiana —tal parece— ha dado como resultado banalizar a la misma, en cuanto a su cumplimiento, mientras que en el discurso político se sigue enalteciendo.
En este sexenio se han alcanzado reformas estructurales muy importantes, que han obligado a múltiples reformas constitucionales. Pero muchas de ellas, han quedado sólo plasmadas en el texto de la norma suprema y están siendo incumplidas o su puesta en marcha está inacabada, por culpa y responsabilidad de los mismos actores que las convinieron y procesaron.
Ejemplos de lo comentado hay muchos: la creación de la Fiscalía General —que aparece en el apartado A del artículo 102 constitucional, desde hace años—; la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción o la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia laboral; aquél que desaparecerá a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear Tribunales Laborales y que se supone debería estar listo para 2018 y hasta el momento no ha habido mayor avance.
La importancia histórica y social de nuestra Constitución no tiene discusión. Los partidos políticos no pueden —ni deben— seguir utilizándola como rehén de sus disputas y ambiciones electorales, ya que deben ser los más obligados a respetar lo que ellos mismos han creado.
Como Corolario las palabras del político estadunidense Abraham Lincoln: “La gente somos los amos legítimos del Congreso y los tribunales, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución”.
Fuente: Excélsior.
















