Por: Eduardo R. Huchin.
En las cúpulas del PJF, Corte y TEPJ, el problema de acosos también está presente y no hay instancias efectivas para investigar y sancionar
En el Poder Judicial de la Federación (PJF) menudean los casos de acoso sexual y laboral, y combatirlos con eficacia es asignatura pendiente en México.
El problema acosador agobia también al resto del sector público, pero me detendré en el PJF porque sería deseable que, en seguimiento de la gran reforma en desarrollo, se diseñaran controles eficaces para frenar vicios que enturbian instituciones.
Un dato revela la dimensión del problema: hasta fines de octubre, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se habían presentado 42 denuncias por acoso y hostigamiento sexual, es decir, más de una queja por semana (El Universal, 25/10/24), y a esa cifra habría que sumarle los muchos casos no denunciados. Otro dato: en septiembre de 2024, Zorayda Gallegos, de Quinto Elemento Lab, documentó que, en los últimos 24 años, el Poder Judicial fracasó en castigar a jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual.
En los órganos cupulares del PJF, Corte y Tribunal Electoral, el problema de acosos también está presente y ahí se da la singularidad de que no hay instancias efectivas, justo por el carácter cupular, para investigar y sancionar conductas acosadoras de sus altos mandos.
Recientemente, un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue señalado por acoso laboral y sexual, pero hasta donde se sabe el caso no ha tenido consecuencias y el magistrado sigue alardeando su capacidad de interlocución con la presidencia del Senado, con oficinas del Ejecutivo y con dirigencias partidarias, incluida la de Morena.
De acuerdo con una solicitud de información al agonizante INAI, presentada en mayo de 2024 y visible en la Plataforma Nacional de Transparencia, una trabajadora de nombre Mónica presentó ante el Comité de Ética del CJF una queja por hostigamiento y acoso laboral por parte del magistrado con quien trabaja, además de presuntos actos de corrupción.
La quejosa señala que no es la primera en sufrir estos ataques, ya que el magistrado “aprovecha su posición para obligar a sus subordinadas a viajar con él a cargo del erario público, y durante su estancia las obliga a tomar alcohol y realizar tocamientos no consentidos”. Cita por su nombre a siete colaboradoras y excolaboradoras del magistrado que han sido víctimas de acoso y enumera con datos precisos viajes en primera clase del funcionario a diversas ciudades del extranjero y de México, todos con cargo al erario.
La solicitud también pide se dé a conocer la normativa que permitió al magistrado hostigar laboralmente a la denunciante, al suspenderla un mes de sus labores. No cito el nombre del magistrado por el principio de presunción de inocencia y porque, si bien la mayoría de las veces los señalamientos de este tipo son fundados, en ciertas ocasiones no lo son y se utilizan para dañar reputaciones de personajes públicos.
PLUS ONLINE: ACOSO LABORAL
Otro caso de acoso, éste laboral, se dio en el TEPJF por reporte de una secretaria de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, cuando por instrucciones de éste se investigaron presuntas irregularidades atribuidas a Erick Iván Núñez Carrillo, quien fue acusado de “hechos con apariencia de delito cometidos en contra del TEPJF”. El origen fue el interés de Núñez en tener acceso a un proyecto de sentencia que aún estaba en sustanciación.
En octubre de 2022, a instancias de la secretaria de nombre Mariana, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del TEPJF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin pruebas, la acusación. Además, del asunto se dio vista a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del propio tribunal. Ese mismo mes, Mariana fue ascendida de técnica operativa a secretaria de apoyo.
Una agente del ministerio público federal determinó abstenerse de investigar, pues consideró “evidente que los hechos denunciados no son constitutivos de delito”. Sin embargo, en marzo de 2023 y por insistencia de sus acusadores, Núñez tuvo que asistir a una audiencia con un juez de control, el cual revocó la determinación de no investigar y el ministerio público ordenó la indagación contra Erick, entonces acusado de tráfico de influencias.
Nuevas diligencias acreditaron que la secretaria Mariana había mentido en su acusación. Sin embargo, Núñez tuvo que comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal en calidad de imputado. Ahí, al desmentir la acusación, declaró que ésta era un acto de molestia, acoso y discriminación por homofobia.
Finalmente, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Núñez y dio vista a la Dirección General de Responsabilidades del tribunal, por las “posibles conductas irregulares” de Mariana. Y de forma sorprendente, pese al señalamiento de la FGR, la secretaria de apoyo fue ascendida en enero de 2024 a secretaria técnica de mando superior. Su salario pasó de 36 mil pesos mensuales a 77 mil al presentar la denuncia y a más de 90 mil después del señalamiento de la FGR. Cosas veredes…
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EDUARDORHUCHIM
Fuente: Índice Político.
















