Por: Sofía García.
Es un mercado multimillonario. Redes enteras extraen agua de tomas clandestinas y la distribuyen en colonias que llevan años sin servicio.
Si en el Estado de México el huachicol del agua quedó al descubierto, lo que viene podría sacudir con más fuerza a otras entidades. Los operativos lanzados bajo el gobierno de Delfina Gómez no sólo desmantelaron pozos y redes clandestinas,
lo que sigue será la detención de los responsables, aunque lleven corbata o banda presidencial municipal.
No es ningún secreto que también en Guanajuato, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México, además del Edomex, el negocio del agua ha dejado ganancias millonarias. En lugar de invertir en infraestructura hidráulica, muchos gobiernos locales optaron por someter a la población a comprar este líquido vital, a sabiendas de que agua sí hay, pero controlada por unos cuantos. Un negocio que se sostiene gracias a la complicidad política.
El huachicol hídrico no es un delito nuevo: es un mercado multimillonario. Redes enteras extraen agua de tomas clandestinas —a veces sin tratamiento alguno, con apenas un toque de cloro— y la distribuyen en colonias que llevan años sin servicio regular. Esas familias pagan hasta el doble por un recurso que es un derecho humano. Y detrás de cada pipa, de cada pozo ilegal, hay nombres y apellidos en los ayuntamientos cómplices que “se hacen de la vista gorda”.
Tan sólo en el Edomex, se estiman ganancias cercanas a los 12 mil millones de pesos anuales, un botín que explica por qué algunos ayuntamientos prefieren las ganancias antes que invertir para acabar con el desabasto de agua en cientos de municipios. Las pipas se revenden con sobreprecios de hasta 60% frente a la tarifa regulada. Con esos márgenes, no es un delito menor: es una industria paralela sostenida por complicidades.
Las alertas se encendieron. En Guanajuato, me dicen, ya hay varios alcaldes en la mira, y en Hidalgo, algunos presidentes municipales ya están empacando discretamente. Porque será inevitable una operación en cadena, la caída de varios, sin distinción de partido.
El desmantelamiento de redes clandestinas apenas comienza. Ya hay nombres en los escritorios de las fiscalías y de los gobernadores, y quienes creyeron que el agua era un botín inagotable, están por descubrirlo.
El verdadero reto no será sólo castigar a los culpables, sino garantizar el agua potable y constante a las comunidades que por años fueron saqueadas y estafadas.
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En corto: En Baja California Sur hay dinero, pero no hay salud. Este año el estado recibió 727.5 millones de pesos federales para servicios médicos, pero los hospitales siguen sin insumos y el personal lleva material de su casa.
El gobernador Víctor Castro Cosío presume abasto de 90%, mientras los trabajadores dicen que no llega ni a 50 por ciento.
No es el único, Cuauhtémoc Blanco fue observado por más de 148 millones de pesos en fondos de salud desviados, por lo cual es investigado. Y si alguien duda de hasta dónde puede pudrirse el poder, ahí está Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, preso, por darle agua a los enfermos en lugar de quimios.
Nos vemos a las 8 por el 8 TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















