Por: Facundo Rosas.
Los delitos federales equivalen solo al 4% del total denunciado, el estado de fuerza que el gobierno federal destinó para atenderlos representó el 35% del total nacional.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, durante 2024 se denunciaron 1 millón 979, 896 delitos,
de los cuales 1 millón 901 mil 285 correspondieron al fuero común y únicamente 78 mil 611 al fuero federal.
En términos de Carpetas de Investigación la suma de delitos del fuero común y federal significó 1 millón 908 mil 616; 1 millón 830 mil 005 comunes y 78 mil 611 federales. Además se encuentran pendientes de concluir 2 millones 397 mil 281 Carpetas, 98.5% de ellas del fuero común.
Cabe subrayar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece dos cifras más sobre Carpetas de Investigación abiertas por delitos del fuero común durante 2024: 2 millones 91 mil 647 y 2 millones 92 mil 093, dependiendo de las fechas y portal que se consulte.
No obstante que los delitos federales equivalen solo al 4% del total denunciado, el estado de fuerza que el gobierno federal destinó para atenderlos representó el 35% del total nacional. Al 65% de los policías y Ministerios Públicos locales les correspondió atender el 96% restante, que corresponde a los delitos del fuero común.
En números redondos, durante 2024 a 223 mil efectivos federales (132 mil de la Guardia Nacional, 78 mil del Ejército Mexicano y de la Armada de México, 5 mil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como 4 mil de la Policía Federal Ministerial y 3 mil 500 Ministerios Públicos de la FGR) les correspondió atender 78 mil 611 delitos federales.
Mientras que a 411 mil servidores públicos estatales y municipales (381 mil preventivos estatales y municipales, así como 17 mil policías investigadores y 13 mil MP de los estados), les tocó atender 1 millón 901 mil 285 delitos del fuero común.
Sin embargo, a la hora de rendir cuentas el gobierno federal informa sobre las detenciones como si las hubiera realizado el solo y los estados no hicieran nada. En el mejor de los casos se menciona que las autoridades estatales se coordinan con la federación o forman parte del Gabinete de Seguridad.
En el mismo sentido, llama la atención que cuando se trata de delitos de alto impacto no se destaque la participación de las autoridades locales cuando que de los 10 delitos considerados como tales, solo el secuestro es de competencia concurrente (federal y estatal), pero desde hace 10 años solo es atendido por las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de los estados y no por la FGR o SSPC.
De hecho, los delitos de alto impacto solo representan entre el 20% y 30% del total que se denuncia cada año y de acuerdo a lo asentado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del gobierno federal, se considera como de alto impacto a los siguientes:
Homicidio doloso
Feminicidio
Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego
Secuestro extorsivo
Robo de vehículo con violencia
Robo a negocio con violencia
Robo a transeúnte con violencia
Robo a transportista con violencia
Robo a casa habitación con violencia
Extorsión
Es decir que a la hora de informar el gobierno federal hace caravana con sombrero ajeno, ya que no le corresponde atender los delitos de alto impacto, incluida la extorsión en sus modalidades telefónica y presencial (mejor conocida como “cobro de piso”), ya que estos son competencia de los gobiernos de los estados, independientemente del apoyo que puedan recibir del gobierno federal.
El mejor ejemplo de ello es justamente la atención de la extorsión, cuya Estrategia cumple tres meses y el responsable de informar ante el Congreso fue el titular de la SSPC, quien proporcionó solo cifras alegres aunque estás choquen con la realidad, como deel reciente asesinato del líder de los productores de limón de Michoacán Bernardo Bravo, cuya muerte fue visualizada con mayor claridad que lo plasmado por escritor Gabriel García Márquez en su novela “Crónica de una muerte anunciada” en la que todos sabían que iba a suceder y nadie hizo nada para evitarla.
Pese a ello, informó que el teléfono dedicado a la recepción de denuncia anónima para casos de extorsión 089 recibió 59 mil llamadas de las cuales en 43 mil se evitó que el delito se concretara, es decir que en 16 mil de ellas sí se pagó un monto económico. Agregó que llevan detenidos 400 presuntos responsables, pero sin decir quien efectuó las puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común.
Pese a lo positivo que pudiera resultar dicho avance y sirva de sustento para decir que la Estrategia sí está funcionando, estas cifras rompen por completo lo que venía informando el SNSP que de enero a septiembre de 2025 reportó que se habían registrado únicamente 7 mil 715 Carpetas de Investigación que involucran a 8 mil 157 víctimas y que en todo el 2024 se registraron 10 mil 240 Carpetas y 10 mil 862 víctimas. Es decir en solo tres meses se tendrían que haber abierto 59 mil Carpetas de Investigación por el delito de extorsión, casi cinco veces más que en todo un año.
En síntesis, por más que se quiera destacar el trabajo de las autoridades federales, la “talacha” la siguen haciendo las autoridades locales y las cifras así lo indican, la razón es que los delitos del fuero federal apenas si pintan y que mientras la nueva ley en materia de extorsión no avance este delito seguirá siendo del fuero común y paradójicamente son las que menos apoyo tienen, hasta para difundir sus logros.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















