Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez.
En México, donde la gran mayoría de los delitos no se denuncian, las estadísticas de “incidencia delictiva” que generan las procuradurías de las 32 entidades federativas tienen escaso valor como indicador del nivel de delincuencia, ya no digamos como mecanismo de rendición de cuentas. Entre otras deficiencias, cada procuraduría clasifica los datos según su propio entender.
Mientras en Baja California ningún homicidio se clasifica como culposo, es decir no intencional, en Michoacán los reportes por este tipo de homicidio se duplicaron de 2007 a 2013 (lo que resulta inverosímil, y sugiere que hay inconsistencias graves en la recopilación de cifras por parte de algunas procuradurías). Más grave todavía, una procuraduría ineficaz y corrupta recibirá menos denuncias (pues los ciudadanos les verán poca utilidad, o incluso tendrán miedo a denunciar), y podrá presumir menores tasas delictivas que una procuraduría que haga bien su trabajo.
En virtud de lo anterior, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que publica anualmente el INEGI, es el instrumento más confiable para conocer la evolución de la seguridad pública en el país. A diferencia de las cifras reportadas por las procuradurías, la ENVIPE levanta información de forma consistente en todo el país. Además de reportar el número de delitos, esta encuesta presenta datos relevantes sobre las circunstancias en las que ocurrieron, el perfil de los delincuentes, la percepción de la población sobre su entorno, y su evaluación de las instituciones del sector seguridad. La edición 2013 de la ENVIPE, que fue presentada esta semana, se levantó con base en una muestra de más de 95 mil viviendas.
La ENVIPE también tiene algunas limitaciones. La principal es el lapso necesario para recopilar y procesar la información. Al respecto, es importante destacar que se pregunta de forma retrospectiva sobre los delitos que tuvieron lugar durante el año previo: en la edición 2013 se reportan los delitos ocurridos de enero a diciembre de 2012 (y para saber cómo nos fue en 2013 tendremos que esperar a 2014). A continuación describo algunos hallazgos interesantes de la edición 2013.
Lo alentador: a nivel nacional se observa mayor confianza en todas las instituciones del sector seguridad. Esta mejora fue marginal en el caso de las Fuerzas Armadas, pero sustancial tanto para las policías como para las instituciones de procuración e impartición de justicia. Algunas de las instituciones que han llevado a cabo una labor más intensa de profesionalización ya registran avances. Por ejemplo, en la ENVIPE 2013, 59% de los encuestados en Nuevo León manifestaron confiar en la policía estatal, frente a 50% en el año previo (lo que coloca a dicha institución entre las cinco policías estatales que generan mayor confianza).
Lo desalentador: se estima que en 2012 ocurrieron 35 mil delitos por cada 100 mil adultos, un incremento del 20% respecto a 2011, la extorsión aumentó 37%, y la “cifra negra” permaneció estable: 92% del total de delitos no se denunciaron o no dieron lugar a una averiguación previa. Las entidades en las que los delitos aumentaron de forma más acelerada fueron Jalisco (un incremento del 70%) y el Estado de México (52%). En la ENVIPE también se pregunta a los encuestados si han dejado de llevar a cabo una serie de actividades por temor a ser víctimas de algún delito. Estas preguntas nos permiten conocer la medida en la que la inseguridad afecta la vida cotidiana, e incluso restringe la libertad de la población. El 52% de los encuestados manifestaron que por miedo han dejado de salir de noche y 33% que han dejado de salir a caminar; a nivel nacional “sólo” 5% han dejado de ir a la escuela, aunque esta cifra se eleva a 16% en Tamaulipas y 11% en Coahuila.
Lo escalofriante: en esta edición de la ENVIPE, el INEGI realizó una exploración del homicidio, la desaparición forzada y el secuestro. De acuerdo con los resultados se estimaron cifras de homicidio cercanas a los registros del mismo INEGI (alrededor de 26 mil homicidios a lo largo de 2012). Sin embargo, se estimaron 4,007 desapariciones forzadas, contra 718 denuncias registradas ante la CNDH; y 105,682 secuestros, cifra 79 veces superior a las 1,317 denuncias de secuestro registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con información de las procuradurías de las entidades.
editorial@reforma.com
Lantia Consultores, S.C.
Twitter: @laloguerrero
Fuente: Reforma.
















