Por: Eduardo R. Huchim.
Miguel Ángel Granados Chapa,
una ausencia que duele.
El peso político que las dirigencias de los tres partidos más votados le dan al Pacto por México ha propiciado que la más importante propuesta de reforma política no esté recibiendo la atención que reclama su trascendencia.
Me refiero al conjunto de iniciativas de modificaciones constitucionales y legales presentadas por un nutrido e influyente grupo de senadores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
La propuesta senatorial tiene la virtud de articular el acceso y el ejercicio del poder con una rendición de cuentas hoy inexistente, mediante controles democráticos que permitirían, si fuera el caso, corregir desviaciones y hacer rectificaciones oportunamente. Ello con la instauración de innovaciones como la segunda vuelta electoral, la figura de jefe de gabinete, las sesiones de control para supervisar el desempeño de las Secretarías, la iniciativa presidencial razonada que supone su exposición y defensa ante el Congreso, la aprobación legislativa de los planes de desarrollo y de seguridad y la moción de censura.
Tales innovaciones implican un acercamiento a un sistema semiparlamentario, lo cual no debe entenderse como una audacia sin futuro, sino como una necesidad connatural al pluralismo político de México. Tampoco están solos los proponentes en esa visión. Incluso los firmantes del Pacto por México (obviamente incluido el PRI) indican explícitamente que tal pluralismo es “una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática (en la cual) ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas”.
Los firmantes del Pacto parten de esa base para plantear un gobierno de coalición del Ejecutivo y una o más fuerzas políticas con tres ejes: un programa de gobierno, una agenda legislativa preferente y un gabinete de coalición. La propuesta senatorial es más vasta e integral (puede verse en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42472), pero lo que me interesa destacar aquí es que tanto en el Pacto como en el grupo de senadores existe conciencia sobre la necesidad de compartir el poder y evitar el absurdo de que quien obtiene mayoría en la elección presidencial ejerza el 100 por ciento del poder, aunque reciba menos o poco más del 40 por ciento de la votación, como ha ocurrido en los últimos dos sexenios y en el actual.
Tampoco es sólo un asunto de porcentajes porque la confluencia de puntos de vista plurales tiene, generalmente, efectos enriquecedores derivados del debate que hace aflorar deficiencias e insuficiencias. Una reforma político-electoral a la cual se quiera insuflar trascendencia y no sólo fines coyunturales debe tener presente el proyecto senatorial, más aun cuando las inconformidades y desigualdades políticas y socioeconómicas están haciendo erupción en distintos cráteres.
El gobierno y el PRI, que poseen la minoría mayor en el Congreso, debieran considerar seriamente la propuesta senatorial y abandonar el “síndrome de eternidad” que suele afectar a quienes están en el poder. Es decir, la ilusión de que van a estar siempre ahí y, por tanto, ven con mirada evanescente la conveniencia de compartir el poder, en consonancia con el mandato de las urnas electorales.
Al hablar de las sesiones legislativas de control, Diego Valadés afirma que cuando adoptemos este modelo, lo estaremos haciendo con un retraso de tres siglos respecto de las grandes democracias, pero aun cuando esta opción se nos siguiera negando, sólo se trataría de un diferimiento, “porque la trayectoria evolutiva de la democracia institucional se puede aplazar por un tiempo pero no se puede cancelar para siempre” (revista La Zurda No. 16, septiembre de 2013).
•OMNIA
En la sesión del Consejo General del IFE del 26/09/13 se evidenció, una vez más, el deficiente trabajo que en materia de gastos de campaña realizó la Unidad de Fiscalización dirigida por Alfredo Cristalinas. Tres botones de muestra: a) La UF señaló que no existía vinculación entre recibos y contratos del PRI con las tarjetas Monex, lo cual resultó falso; b) no investigó el caso de dos tarjetas Bancomer que se asemeja al de Monex; y c) el colmo, cometió reiteradamente errores al hacer notificaciones, lo cual invalidó procedimientos sancionatorios. ¿Ineptitud o corrupción?
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@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















