Por: Carole Simonnet.
* El Pacto Por México trabaja una propuesta de reforma político-electoral que sería presentada en el Senado en próximos días.
A marchas forzadas, los representantes de los partidos en el Pacto por México elaboran una reforma política que tratarán de hacer transitar en el Senado de la República, donde un grupo de legisladores mantiene su oposición a que el Pacto imponga una reforma superficial.
Según los compromisos del adendum al Pacto por México –firmado en mayo–, esta reforma debía haberse aprobado en un periodo extraordinario antes de septiembre. Sin embargo, a la fecha no hay ni siquiera un acuerdo sobre su contenido esencial.
Legisladores que participan en las mesas de negociación afirman que esta reforma se procesará en cinco comisiones del Senado en los próximos días: Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos Segunda, Justicia y Reforma del Estado. Pero su alcance provendrá finalmente del acuerdo al que lleguen el Ejecutivo y las dirigencias nacionales de PAN y PRD en el consejo rector del Pacto.
Anuncios contradictorios
En reuniones celebradas los pasados miércoles 2 y jueves 3, el consejo rector acordó impulsar antes de que finalice el mes, una reforma constitucional que cumpla los compromisos 87 y 90 del Pacto: permitir los gobiernos de coalición y crear una autoridad electoral nacional.
Pero, ante el miedo de que el PRD y un sector del PAN bloqueen la reforma por diferencias con sus líderes nacionales, y por considerar que esta reforma no propicia un verdadero cambio de régimen, los dirigentes Gustavo Madero y Jesús Zambrano acordaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, abstenerse de presentar una iniciativa formal.
La decisión se tomó tras una serie de anuncios contradictorios de los dirigentes partidistas que evidenciaron desacuerdos en el mismo seno del Consejo Rector:
El 3 de octubre, presionado por la amenaza de la oposición de que no se aprobarían la reforma fiscal y energética sin antes sacar la electoral, el líder priista César Camacho aseguró que el Pacto presentaría en 10 días una propuesta de reforma política. Pero el 6 de octubre, Madero le corrigió la plana, al señalar que la mayoría de la propuesta sería procesada con información que ya existe en el Senado.
“No vamos a presentar una iniciativa por una razón: no vamos a sustituir a los legisladores, andan muy sensibles y ante todo lo que sea del Pacto van a mentar madres”, explica un miembro del consejo rector, quien recuerda que la Cámara alta se quejó por ser una mera oficialía de partes cuando se negociaron en el primer semestre del año las reformas constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones.
Un legislador cercano a las negociaciones del Pacto agrega que la estrategia consistirá en dejar trabajar el Senado con base en las tres principales iniciativas turnadas a comisiones: la que presentó el grupo de 22 senadores de PRD y 24 de PAN encabezados por Miguel Barbosa y Ernesto Cordero el pasado 17 de julio, y las últimas dos iniciativas presentadas por separado el 23 de septiembre por las dirigencias de PAN y PRD.
“Nuestras propuestas están finalmente en las iniciativas y lo que vamos a hacer es que en el marco de la discusión en las comisiones presentaremos como planteamientos nuestros los ya consensuados en el Pacto”, afirma la fuente, quien pide no ser identificada.
Aceleran trabajos en comisiones
La semana pasada se llegó a un primer acuerdo en torno a la creación del Instituto Nacional Electoral, impulsado por el PAN, avalado por la dirigencia del PRD y aceptado a ragañadientes por el PRI.
Tras ese acuerdo, el PRI en el Senado y los legisladores afines a Madero apuraron las reuniones de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras, en las cuales se encontraban congeladas todas las iniciativas, para perfilar una ruta de trabajo.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos (PRI), pactó con la presidenta priista de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz; con el presidente perredista de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, y con las mesas directivas de las comisiones con derecho a opinar (Justicia y Reforma del Estado), iniciar el próximo lunes el análisis de la reforma.
Anunciaron que tomarán como ejes para el dictamen las 36 iniciativas existentes en la materia –28 de ellas presentadas en la actual Legislatura–, las cuales contienen tanto cambios de carácter electoral como propuestas de cirugía mayor al régimen político.
El lunes 14 sostendrán también un encuentro con los presidentes de los 32 institutos locales y tribunales locales que se pretenden desaparecer en la propuesta del Pacto. En declaraciones públicas, tras una junta de apenas 20 minutos Burgos y Díaz expresaron su deseo de que se pueda dictaminar la reforma en octubre.
Encinas, uno de los críticos del Pacto por México, alerta sobre la intención de las tres dirigencias nacionales de imponer una reforma limitada vía sus legisladores afines en comisiones.
Detractor del INE, Encinas señala que la propuesta del Pacto viola el pacto federalista, no busca establecer mayores controles legislativos sobre las funciones del Ejecutivo y, por tanto, no resuelve los problemas de la ingobernabilidad derivada de un presidencialismo agotado. Con él, un grupo de senadores del PRD ha expresado sus reticencias a concentrar en un solo ente nacional la organización de todas las elecciones en el País.
Señala que si bien han circulado rumores sobre la llegada de una iniciativa del Pacto por México, en las reuniones privadas no se habló del trabajo paralelo que realiza el consejo rector, ni se fijó tampoco un plazo para la dictaminación.
A su juicio, el Ejecutivo y los líderes nacionales del PAN y PRD no han querido presentar una propuesta formal porque la creación del INE lastima severamente la relación con los gobernadores, y el Ejecutivo no quiere cargar con este costo de confrontación, a lo que se suma la presión del PAN para chantajear con el voto de la reforma energética.
A su vez, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, se dice consciente de la nueva estrategia del Pacto de dejarles legislar en comisiones, y se muestra escéptico sobre el producto legislativo que se vaya a construir.
Y es que los números en comisiones favorecen a las fuerzas pro Pacto: PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos panistas forman la mayoría simple que se requiere para aprobar el dictamen.
Sin embargo, en el pleno se requieren dos terceras partes de los presentes para votar la reforma, por lo que los legisladores de izquierda buscarán el apoyo del grupo panista afín a Cordero para forzar la aprobación de una verdadera reforma al régimen político, que todavía deberá turnarse a la Cámara de Diputados para su análisis.
Al margen del Pacto y en un acto de desafío a su dirigencias, la fracción del PRD y 24 de los 38 senadores panistas presentaron una propuesta que plantea modificaciones constitucionales en 9 temas, 15 cambios al Cofipe y la creación de dos nuevas leyes sobre propaganda gubernamental y derecho de réplica.
El senador panista Roberto Gil, afín a Cordero, advierte que del Senado tendrá que salir una reforma de fondo.
“La reforma del Pacto no va, no la vamos a aceptar y tampoco tenemos prisa”, advierte Gil.
Reforma acotada
La molestia de los senadores se debe a que la reforma política que se cocina en el Pacto deja fuera muchas de sus propuestas, como la plena autonomía de la PGR y el Coneval, la segunda vuelta, la eliminación de plurinominales, la reelección de alcaldes, y la instauración de un régimen semi-parlamentario con gobiernos de coalición, en el que el jefe de Gobierno y el Gabinete debieran ser ratificados por el Congreso. Además, pretende aprobar los cambios a cuentagotas desahogando primero los cambios constitucionales y dejando para meses venideros la elaboración de la Ley de Partidos, el Código Electoral único y otras modificaciones reglamentarias.
La propuesta del Pacto se ha ido gestando desde agosto, con la instalación de siete mesas de negociación con legisladores y representantes del gobierno y de los partidos. De ellas, no se logró sacar iniciativas por falta de consensos entre sus integrantes.
De acuerdo con asistentes a las reuniones más recientes del consejo rector, existe ya un acuerdo para desaparecer los 32 institutos electorales locales y crear un INE con un solo Código Electoral Federal. Las implicaciones laborales de dicha medida se incluirían en un transitorio para que la ley establezca posteriormente el futuro de los funcionarios locales actuales.
Aunque las diferencias de fondo sobre la naturaleza del INE y sus facultades se han ido limando, las negociaciones se han visto dificultadas por el procedimiento de designación de los nuevos consejeros y también porque la reforma se empalma con la obligación legal que tiene la Cámara de Diputados de sustituir de inmediato al presidente del IFE, Leonardo Valdés y los consejeros Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa, cuyos mandatos terminan el próximo 30 de octubre.
El consejo rector prevé mantener la designación de los consejeros del INE por el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, pero el PAN pugna porque los candidatos sean evaluados previamente por órganos reguladores autónomos como la CNDH, el INEGI y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Los negociadores plantean también que los partidos políticos nacionales y locales sean fiscalizados por el propio INE, según tres principios establecidos en la Constitución: tiempo real, oportunidad y exhaustividad.
El INE sería el encargado de distribuir el financiamiento a los partidos y llevar una vigilancia paralela a la realización de las campañas. Los integrantes del Pacto llegaron también al acuerdo de elaborar más adelante una Ley de Partidos con el objeto de que estos transparenten sus gastos y actúen dentro de un marco jurídico estable.
Otros acuerdos que se están formando son los de incorporar a las causales de nulidad de una elección el rebase de topes de campaña, la contratación en los medios de comunicación de publicidad engañosa y el dinero ilegal en las campañas, así como establecer como sanción la imposibilidad de volver a ser candidatos en las elecciones extraordinarias. PAN y PRD buscan también que se prohíba el uso y la entrega de mobiliarios electorales.
Además del INE, el Ejecutivo y los partidos definieron establecer en la Carta Magna la facultad optativa del Presidente electo de conformar un gobierno de coalición.
De no optar el Ejecutivo por esta figura, se prevé que sólo los titulares de Hacienda sea ratificado por la Cámara de Diputados y los de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública por el Senado.
Los negociadores avanzaron también en impulsar la reelección para diputados y senadores por un solo periodo a partir de 2018.
La propuesta incluye, además, las leyes secundarias de la consulta popular, la iniciativa preferente, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, figuras aprobadas en la reforma política de 2012 y que no han sido reglamentadas a pesar de que el plazo legal para ello venció hace más de un mes.
Fuente: Reforma.
















