Por: Martín Quitano Martínez.
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Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
Enrique Tierno Galván(1918-1986) Político e intelectual español
XALAPA, VER.- La corrupción es un fenómeno consustancial de la sociedad mexicana; por lo arraigado y amplio de su existencia es cultura y patrimonio que se recrea en las ironías de la convivencia social,
siendo también tristemente parte del aprendizaje de vida y sobrevivencia del mexicano.
Sin duda que su ámbito de origen se ubica en el ambiente político y público, lugar en donde se solaza en su creatividad, convirtiéndose enrazón de los cínicos y garantía para construir las impunidades.
La descomposición de la administración pública está íntimamente ligada a la privatización de las formas de gestión de los quehaceres institucionales. Ante la discrecionalidad del ejercicio público, de la interpretación y aplicación de la ley, de la omisión de responsabilidades, poco se hace para revertir tales prácticas, para sancionarlas. Bajo este marco de actuación se ha construido nuestro país.
Los derroteros de los últimos años han dejado en claro que los canales de actuación por los que se canalizaban las actividades irregulares, han sido rebasados por la magnitud de los actos cotidianamente ilegales que al amparo de la opacidad del ejercicio público y su relación con sectores privados forjaron también la pobreza, consolidaron atrasos y lograron detener nuestro desarrollo.
Diría un amigo, “el trinomio maligno”: opacidad, corrupción e impunidad, como flagelos de una sociedad acostumbrada por los poderes,a reconocerse en el rostrodescompuesto de las malformaciones sociales, de asumir como normal la incapacidad institucional y la escasa participación social; una sociedad mutilada de aspiraciones ciudadanas.
Ahora mismo en nuestro país, la discusión de las reformas peñanietistasestá basada primeramente en la sospecha, bien fundada claro, en la historia de las ganancias privadas de las clases poderosas, esas que controlan los patrimonios públicos, que se han llenado los bolsillos a costa de la miseria de millones. Como siempre ha sido así, aflora una genuina incertidumbre en las mayorías.
Quien puede creerle al gobierno que con las reformas se persigue el bien común, por más que los discursos oficiales lo digan. En algún lugar debe estar la trampa para jodernos abierta o veladamente. Una cosa es lo que dicen que van a hacer, lo que está escrito y aprobado, y otra distinta es lo que el gobierno hace. A nadie le explica ni le rinde cuentas nunca.
Las reformas cuestionadas por la desconfianza, empezando por darse cuenta que el candidato presidencial que se comprometió con la lucha contra la corrupción, a un año de gestión, no ha materializado ninguna propuesta seria, profunda que vislumbre que se pretende realmente combatirla. Porque el Elbazo es visto solo como un castigo a la política insolente, mucho más que a la dirigente corrupta y por lo tanto, una acción punitiva de un gobierno de venganzas.
El establecimiento de líneas administrativas responsables para orientar un sistema de rendición de cuentas, de transparencia y de riguroso acceso a la información, ha sido obviado por frases y discursos que no concretan iniciativas o acciones para revertir el complicado y urgente tema de la corrupción.
Los adeudos nacionales no son menores en las entidades: los privilegios de los señoríos feudales han logrado en ocasiones hacer parecer las corruptelas nacionales un juego de niños, excepto por los montos mayores, la forma cínica y de soberbia impunidad es mucho más profunda en muchos gobiernosde los estados de la República.
Las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en los estados del país está condicionada a los actuares y voluntades de los gobiernos locales en turno, que sin duda han aplaudido la opacidad como elemento favorable que oculta y permite la discrecionalidad de las decisiones y primordialmente de las acciones que favorecen sus intereses.
La cereza del pastel del actuar del poder, es la mayoría socialsilenciosamente cómplice u omisa de reclamar puntualmente que las acciones de gobiernos e instituciones públicas se desarrollen con apego a la ley, y que los gobernantes y funcionarios tengan el escrutinio públicoque garantice la vigilancia, la rendición de cuentas, y aplique, en su caso, las sanciones a que haya lugar.
En suma y sin olvidar a muchos de nuestros municipios, el ejercicio de buenas razones políticas y públicas y el de responsabilidad democrática para gobernar de cara a la sociedad rindiendo cuentas, es una aspiración de la cual estamos muy lejos aún.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
No pasa nada. El que guste de la chatarra que la pague al precio que se la pongan. En una de esas hasta se mejora la salud pública.
















