Por: Martín Espinosa.
Varios líderes magisteriales y uno que otro político deben estar “felices” a esta hora, luego de que a finales de la semana pasada los diputados —en el marco de las discusiones de la reforma fiscal— aprobaron modificaciones legales que quitan a los gobernadores y sus estados el control de la nómina de los maestros.
Como parte de los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal se aprobó por más de 420 votos a favor de la transformación de lo que hasta este año se llamará Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y que a partir de 2014 llevará el nombre de Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
Lo anterior implica que la Secretaría de Educación Pública será la autoridad responsable de operar un sistema de administración de nómina a nivel nacional, con lo que desaparece la “doble ventanilla” que existía desde 1992, cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se aprobó la llamada “descentralización” de la educación y las negociaciones en cuanto al pago de la nómina de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se llevaban a cabo, en primer lugar, en cada estado del país con los respectivos gobernadores y líderes estatales del magisterio y, posteriormente, se negociaba también en “el centro” con las autoridades federales, como sucede en la actualidad.
Pareciera que la medida es un “golpe” para los gobernadores y los líderes sindicales que se encargaban de “negociar” lo referente al pago del salario de los maestros en sus estados, pero no. En realidad, no se trata de nada que afecte a los políticos y dirigentes estatales. Más bien, salieron “ganando”, ya que con el paso de los años y con el deterioro de las finanzas estatales, para los mandatarios estatales y la dirigencia magisterial que encabezaba la hoy presa Elba Esther Gordillo la negociación se convirtió en un “vía crucis” debido a la falta de dinero en las arcas estatales para el pago de la nómina magisterial.
Con esta modificación aprobada por una parte del Congreso federal, que ahora deberá ser ratificada por los senadores en las próximas semanas, la nómina de los maestros del país vuelve a ser administrada “en exclusiva” por el gobierno federal, con lo que de suyo implica el manejo político que cada año se lleva a cabo cuando se trata de “negociar” todo lo referente al pago de los miembros del SNTE.
La forma arbitraria con la que se ha manejado en los últimos años el tema de la negociación de los recursos que se destinan al magisterio podría convertirse, nuevamente, en un riesgo de seguir “alimentado” liderazgos desde “el centro” que se volverían —una vez más— incontrolables como sucedió con la lideresa caída en desgracia.
La decisión de los legisladores ha sido “muy bien recibida” por todos los actores involucrados en el tema: desde los gobernadores que finalmente se “deshicieron” del lastre económico que les representaba a sus finanzas el destinar una parte importante del presupuesto estatal al pago de la nómina de los profesores hasta para quien encabeza el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de maestros, porque la negociación quedará nuevamente centralizada en la Federación y los líderes regionales únicamente acatarán lo que acuerde su dirigente nacional.
En lugar de tener fragmentadas las negociaciones económicas en poco más de 50 dirigentes de igual número de secciones sindicales, a partir del año que viene habrá una sola negociación, con las implicaciones que esto tendrá incluso para la llamada “disidencia magisterial” que encabeza la única Sección de esa corriente que pertenece en su totalidad al Sindicato: la 22 de Oaxaca. Ya que los demás grupos que forman parte de la llamada Coordinadora Nacional únicamente son producto de la ruptura que ha habido en otras secciones que forman parte del SNTE.
Si finalmente se aprueba la medida en la llama Cámara alta el sueldo de los maestros llegará directamente a una cuenta bancaria desde la Tesorería de la Federación y nadie podrá “meterle mano” a esos recursos. Para ello, en los próximos meses las autoridades educativas de los estados deberán proporcionar a la SEP toda la información relacionada con la nómina de los maestros que fueron transferidos en 1992 a las entidades como parte del proceso de Descentralización Educativa. Todo el proceso deberá concluir durante el año próximo y aplicarse hasta 2015. A ver si no surge “algo” que lo atore en el camino.
Fuente: Excélsior.
















