Por: Martha Martínez.
Ginebra, Suizar.- A pesar de haber logrado una reforma constitucional de vanguardia en derechos humanos, México recibió ayer duros cuestionamientos a la situación de las garantías individuales por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, la supervivencia del fuero militar,
violencia en contra de las mujeres, desapariciones forzadas y tortura fueron los principales señalamientos en un catálogo de 180 recomendaciones hechas por los Estados miembros de la ONU a México durante su segundo Examen Periódico Universal.
Se trata de los mismos temas por los que fue criticado en 2009, cuando el Estado mexicano se sometió por primera vez a una evaluación de este tipo y recibió 91 recomendaciones.
A pesar de que los 88 Estados inscritos para participar en el EPU de México calificaron la reforma constitucional en materia de derechos humanos –que entró en vigor en 2011– como un hito, insistieron en que los problemas del país siguen siendo los mismos que hace cuatro años.
Las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos fue el tema que más pronunciamientos generó.
De las 180 recomendaciones emanadas del EPU, 30 se refirieron a este problema que ya había sido abordado en 2009, aunque con menos fuerza.
El tema de la violencia en contra de las mujeres generó 20 recomendaciones. Entre los Estados que demandaron erradicar la violencia en contra de este sector están Chile, Nicaragua, Paraguay y Filipinas. Desde 2003 los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua han sido motivo de pronunciamientos de diversos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas.
Diez países se pronunciaron a favor de una reforma al Código Militar para garantizar que sean las autoridades civiles, y no los tribunales castrenses, los que conozcan de agresiones cometidas en contra de civiles por parte de elementos del Ejército. Entre ellos están países como Canadá, Francia y República Checa.
La reforma al fuero militar ya había sido una recomendación del primer Examen Periódico Universal, rechazada hace cuatro años por el gobierno mexicano.
Las desapariciones forzadas y la práctica de la tortura también fueron abordadas por 10 naciones, que recomendaron al Estado mexicano homologar el concepto de estos delitos con los estándares internacionales, investigar los casos, sancionar a los responsables y reparar el daño ocasionado por las víctimas.
Los países que emitieron un pronunciamiento sobre este tema fueron Suiza, Francia, Irán, y España, entre otros.
La reforma
En respuesta, la delegación mexicana desglosó una lista de reformas legales y constitucionales.
El Canciller José Antonio Meade resaltó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 es una muestra de que el reconocimiento y la protección de los derechos humanos son ejes rectores de la acción del Estado.
“La reforma a la Constitución en materia de derechos humanos del año 2011, representa la mayor ampliación de derechos desde su promulgación en 1917”, aseguró.
La encargada de responder a los posicionamientos sobre periodistas y defensores de derechos humanos fue la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.
A pesar de las críticas que ha recibido por la falta de resultados en la investigaciones de casos, la funcionaria federal resaltó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, las reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales aprobadas en mayo de 2013 para otorgarle mayor capacidad de respuesta, así como la existencia de un fideicomiso de alrededor de 13 mil millones de dólares para dicho mecanismo.
Sobre desapariciones forzadas, el Canciller Meade dijo que el gobierno federal ya trabaja en homologar este concepto a los estándares internacionales.
El tema de la justicia militar fue abordado vagamente por el Canciller.
“Se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar”, indicó.
La delegación mexicana informó que será hasta marzo de 2014, cuando informará al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal cuáles de las 180 recomendaciones emitidas serán aceptadas por el Estado mexicano.
Fuente: Reforma.
















