Por: Ricardo Pascoe Pierce.
Desde la Independencia de nuestro país, las distintas corrientes políticas (en el siglo XIX, éstas eran consideradas como “conservadores” y “liberales”) han debatido, a veces con las armas, el carácter que debiera tener el sistema político. En pocas palabras, el centralismo considera que las decisiones esenciales del país debieran tomarse en la ciudad capital por el gobierno federal,
mientras el federalismo estima más conveniente que los estados tengan una capacidad significativa de decisión sobre sus territorios. En general, la noción del “pacto federal” o federalismo le ha ganado la partida al centralismo, de palabra aunque, en los hechos, siempre ha regido un centralismo feroz.
El porfiriato siempre enfrentó conatos de rebelión locales, cobijados en un pensamiento federalista, y los derrotó en toda la línea, hasta el último día de su gobierno. De hecho, el levantamiento de Madero, ocurrido en el norte del país, encontró un gobierno debilitado por tanto años de conflictos regionales, y un Presidente anciano.
La Constitución de 1917 refrendó el concepto del “pacto federal” pero, en la práctica, generó un régimen político ultra centralista en lo político y financiero/presupuestal, aunque federalista en el manejo de policías y elecciones locales. Sin embargo, esta combinación de centralismo y federalismo en el régimen político posrevolucionario en realidad pudo funcionar únicamente debido a lo que López Portillo denominó correctamente las facultades “meta constitucionales” del Presidente de la República. Estas facultades le permitían al Presidente decidir quiénes serían presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores, además de decidir cuándo terminaban sus respectivas carreras políticas. Y qué negocios se harían, con qué resultados. Es decir, formalmente México era una República federal, pero en los hechos era un régimen centralizado y autoritario.
A partir de 2000 se acabaron las facultades meta constitucionales del Presidente, y México se encontró ante la necesidad de contar con un andamiaje institucional que le permitiera hacer realidad y coherente la combinación de federalismo y centralismo, tal y como existe en nuestra leyes. Y entonces el debate sobre el peso específico de cada concepto se reabrió.
Hoy hay tres frentes abiertos que inciden en la discusión sobre federalismo/centralismo, en los que se disputan futuros significativos para la agenda nacional. Uno refiere la creación del Instituto Nacional Electoral, otro pertenece al manejo del magisterio, y el último es el debate sobre la creación de la policía nacional.
La creación del Instituto Nacional Electoral les restaría a los gobiernos estatales y municipales el manejo de las elecciones. Ya los institutos estatales han expresado su rechazo a la medida, justamente argumentando el pacto federal y la autodeterminación de los gobiernos estatales y municipales. Quienes más rechazan la medida son los gobernadores, pues pierden un instrumento importante para asegurar su continuidad en el poder, sin transparencia ni rendición de cuentas.
En el caso del magisterio, la medida tomada de centralizar, de nueva cuenta, el presupuesto de educación de todo el país en la SEP ha provocado enojo y molestia en la gran mayoría de los gobiernos locales, quienes argumentan que la centralización inevitablemente será ineficiente, habida cuenta que son ellos, los estados, los que tienen que lidiar con las secciones sindicales, para mantener la paz social. Es de observarse que el presupuesto educativo servía para muchos propósitos político-personales que no tenían nada que ver con la educación.
Por último, el modelo de una única policía nacional, como existe en todos los países de Sudamérica, recibe la oposición, por igual, de gobernadores y presidentes municipales en todo el país. Expresión de esa resistencia silenciosa es su negativa a aplicar exámenes de confianza a sus elementos policiacos. Se violó la ley en este sentido con total impunidad. En tiempos como los actuales, cada cuerpo policiaco es, potencialmente, el brazo armado de cada interés local, legítimo o no.
Visto en este contexto, y con los tres procesos en curso, ante distintos grados de posible éxito o fracaso, el país enfrenta un fenómeno silencioso, pero real: la rebelión de los gobernadores, la mayoría de ellos del PRI, en contra del gobierno federal, también en manos del PRI. El desenlace de este enfrentamiento está por verse, especialmente si los gobernadores siguen estimulando el arribo de contingentes magisteriales al DF para seguir creando la sensación de desgobierno en el centro.
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Fuente: Excélsior.
















