Por: Juan José Huerta.
Los graves sucesos recientes en Michoacán, ya sean calificados como simple vandalismo, rebelión o terrorismo en un Estado fallido, señalan con claridad la imperiosa necesidad de un cambio drástico en las medidas de gobierno para combatir la inseguridad y el alto grado de delincuencia en el país, cambio que,
además de no basarse en el enfoque prohibicionista de las drogas ni en la represión militar y policíaca al tráfico y consumo de éstas, se concentre, con una política de Estado muy específica y fuertemente apoyada con recursos financieros y de organización para una ejecución eficaz, en reducir la pobreza, la aguda falta de empleos de calidad y por consiguiente la amplísima desigualdad económica y social entre los mexicanos. Que implemente ya un Programa Nacional de Empleo para los Jóvenes, que lleve a cabo ya la reforma del sistema carcelario y racionalice las penas por delitos menores, que no favorezca una alta tasa de reemplazo en los cuerpos policíacos.
…Y que reactive con urgencia el campo mexicano. Porque, a la par que en los últimos decenios se ha metido al país en un agudo proceso de desindustrialización, se le ha empujado también a una fase de “desagriculturización”, en detrimento de la autosuficiencia alimentaria pero también del modo de vida y del sustento de las poblaciones campesinas en muchos estados, especial, aunque no únicamente, del sur sureste de la República (que en una selección flexible incluye a Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Puebla, Tabasco, Yucatán).
Así, es completamente inaceptable que en los cuatro estados del sur sureste del país con mayores problemas actualmente, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con una razonable dotación de recursos naturales, especialmente de tierras para cultivo, el 21 por ciento del total del país, para proveer con holgura un aceptable nivel de vida a sus habitantes, que suman apenas unos 18 millones en total en los cuatro estados, tengan tan severos índices de pobreza, de atonía en las actividades económicas, de desempleo y de inseguridad.
En el caso específico de Michoacán, el número de sus habitantes es actualmente de unos 4.5 millones, en un estado bien dotado por la naturaleza: su territorio es el 2.99 por ciento del total del país, pero cuenta con el 4.95 por ciento de la superficie total de tierras de cultivo en México, aparte de su gran riqueza forestal, su litoral de 228 kilómetros y todas las actividades industriales, comerciales y de servicios. ¿Por qué, entonces, muchos de sus habitantes, no tienen buenas oportunidades de ocupación productiva y lícita, de tal forma que prefieren dedicarse al cultivo y tráfico de mariguana y otras drogas?; ¿por qué, su puerto de Lázaro Cárdenas, proyectado para ser un polo de desarrollo industrial y portuario, se ha convertido en la entrada del corredor que lleva al interior del país las sustancias químicas utilizadas en la producción de las prohibidas anfetaminas?; ¿por qué se le ha dejado convertirse en campo de dominio de grandes grupos delincuenciales?
Obviamente hay una mala gestión de gobierno y administrativa, federal, estatal y municipal, al mismo tiempo que la organización de la sociedad deja mucho que desear, pues en Michoacán los grupos empresariales, las organizaciones civiles, las iglesias, no han podido contribuir eficazmente a prevenir o corregir esas graves distorsiones que aquejan al cuerpo social michoacano y muy en particular la falta de empleos de calidad y adecuadamente remunerados para la población joven del estado, que se ve fácilmente arrastrada a las actividades delictivas.
De aquí la necesidad de empezar a romper ese círculo vicioso desde alguna de las áreas de oportunidad más fácilmente alcanzables, siendo la producción agropecuaria y pesquera una que puede ser muy prometedora, por los amplios recursos con que cuenta el estado, que podrían ser movilizados rápidamente para alcanzar resultados tangibles en el corto plazo. Y es que es curioso que aunque Michoacán es importante productor y exportador de bienes agrícolas de gran valor, como aguacate, limón, melón, los forestales, el total de la aportación a la producción total del estado de las actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) es apenas cercana al 12 por ciento, en tanto que las actividades terciarias (servicios diversos como comercio, restaurantes y hoteles, banca, transporte, educación, médicos, gobierno) representan el 68 por ciento. Las actividades secundarias (industria manufacturera, minería, construcción y electricidad, agua y gas) sólo alcanzan un 20 por ciento. Queda claro que la potencialidad del campo michoacano es muy grande, y su reactivación dinámica ocuparía productivamente a miles de habitantes del estado, muchos de los que ahora se encuentran engrosando los diversos bandos en conflicto.
Sí, claro, a finales de agosto pasado autoridades, legisladores, representantes de partidos (los del PRD no ratificaron al final el Acuerdo), de organizaciones sociales y empresarios firmaron el Acuerdo por Michoacán, orientado precisamente en sus seis estrategias a generar empleos, mejorar el desarrollo económico y social y restaurar la seguridad en el estado. Este Acuerdo “se encuentra más vivo que nunca”, expresó ésta semana el secretario de Gobierno de la entidad, Jaime Mares Camarena, y podría ser un instrumento útil en un programa muy específico, con auspicio federal, para reactivar las actividades primarias al gran nivel que Michoacán tiene en potencia. Asimismo, el Pacto por México acordó en su Compromiso 67 una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur–Sureste que incluye “la creación de polos de desarrollo… agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables”, lo que también sería un apropiado catalizador del impulso al campo michoacano. De hecho, ya en el Pacto por México se está hablando de la “reforma estructural que el campo mexicano necesita”, y la semana pasada el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, presidieron una reunión con representantes de organizaciones campesinas del país y funcionarios de las secretarías de Hacienda, Economía, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y Sedesol, al final de la cual se informó que ”la reforma del campo que se pretende, contemplará no sólo la solución a problemas de coyuntura, sino lo más importante es resolver los problemas estructurales para hacer un campo más productivo, más incluyente y más justo”.
De esta forma, en Michoacán, en los estados del sur–sureste, y en otros del país donde asientan sus reales la pobreza extrema y la inseguridad, un Programa Nacional de Reactivación del Campo sería una iniciativa trascendental para dinamizar la economía de muchas regiones, para generar ocupación en actividades agropecuarias y pesqueras cercanas a sus habitantes, para levantar así el ánimo de muchos mexicanos que no se sienten partícipes del progreso del país, y para quitar importancia y desplazar el atractivo de las actividades delictivas.
Está claro que, junto a las medidas de estímulos directos a los productores agropecuarios y pesqueros para impulsar su productividad, con el apoyo de obras de infraestructura, programas técnicos, de crédito y comercialización con el mismo fin, este Programa Nacional tendría que retomar los principios de estricto respeto a los derechos agrarios y a los territorios campesinos e indígenas, y que cuando por necesidad imperiosa dichos territorios fueran utilizados para proyectos como presas, parques eólicos, carreteras u otras obras de interés general, ha de asegurarse que los titulares de esos derechos o territorios sean adecuadamente compensados. Al mismo tiempo, habría que asegurar sus derechos ambientales.
Dados sus amplios alcances y los recursos financieros y de organización de que habría que disponer, este Programa Nacional de Reactivación del Campo tendría que ser liderado por el gobierno federal pero necesariamente en coordinación estrecha con autoridades estatales y municipales, las más cercanas al pulso de los habitantes en cada región. Habría también que estimular la participación de la sociedad en su conjunto, sus organizaciones civiles, empresarios, universidades. Ojalá que una iniciativa así no se empantane en las discusiones sin fin de las llamadas “reformas estructurales”.
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Fuente: crónica.
















