Por: Eduardo R. Huchim.
Intelectuales y políticos rechazan en México el término Estado fallido y consideran estridentes a quienes se atreven a sugerir que el nuestro lo es. Para discutir el tema, habría que consensuar primero su definición, pero es indudable que algunas de sus características están presentes aquí y también resulta indudable que estamos lejos de Somalia o el Congo, paradigmas de esa calidad. Ciertamente,
la mayoría de nuestras instituciones funcionan (aun cuando lo hagan con deficiencias), pero también debiera admitirse que el concepto es aplicable en algunas franjas del territorio nacional, en particular Michoacán.
Al margen del polémico concepto, en todo el país hay casos en que el Estado falla evidente y dolorosamente en seguridad, servicios de salud y justicia, protección civil y en la aplicación de leyes y normas. Y como si fuera una gran capa que lo cubre todo o casi todo, están la corrupción y la impunidad.
Convengamos, pues, en que no tenemos un Estado fallido, pero sí un Estado que falla. Y sus fallas producen, entre otras negativas consecuencias, pobreza, destrucción, inmovilidad social, desencanto, desempleo e incluso dolor y muerte.
Los casos en que el Estado falla proliferan en esta nación donde se organizan espectáculos a los cuales la gente va a divertirse y termina perdiendo la vida o con lesiones; donde el sistema de salud parece suponer que patios y jardines de los hospitales son lugares idóneos para que las madres den la vida y los enfermos desvalidos la pierdan por falta de atención; donde la fuerza pública es tan ineficaz que no puede siquiera proteger del latrocinio a la riqueza petrolera; donde el crimen organizado mata impunemente, obtiene miles de millones de pesos por extorsión (desde inmobiliarias hasta productores de aguacate), corrompe a autoridades civiles y militares y llega al extremo de determinar cuándo y dónde se venden tortillas.
Es fácil rasgarse las vestiduras y responsabilizar de tales fallas al gobierno. Por supuesto que éste es el principal responsable, pero la realidad muestra una fea cara de responsabilidad colectiva que abarca también al empresariado y a veces a la sociedad misma. Ejemplo: si los huracanes causan tanta destrucción y muerte es porque previamente hubo una conspiración contra la seguridad habitacional, en la cual participaron autoridades federales, estatales y municipales que autorizaron, propiciaron y permitieron… pero también empresas privadas que construyeron en zonas de peligro, pagaron “diezmos” y omitieron obras de protección.
¿Qué hace el Estado mexicano frente a sus muchas y graves fallas? Hace varias cosas, pero ninguna da certeza de que la situación cambie porque su interés está en otra parte:
a) Discute cómo recaudar más dinero pero sin ampliar el universo de causantes; planea cómo gastarlo, pero no dice cómo evitará corrupción y dispendio ni ofrece garantías de que los billonarios recursos tendrán un destino socialmente útil. En cambio, presupuesta más burocracia, multiplica comisiones, direcciones generales adjuntas y puestos de asesoría. Soslaya que si los grandes, medianos y pequeños contribuyentes se niegan a pagar más impuestos es porque tienen la certeza de que buena parte de sus contribuciones serán vorazmente consumidas por servidores públicos que navegan en aguas de corrupción, ineptitud y dispendio.
b) Promueve reformas constitucionales y legales, pero hace poco para cumplir y hacer cumplir las leyes que ya existen. No parece importarle, además, que una de esas pretendidas reformas divida y confronte a la nación y ponga a la riqueza petrolera en condición de sardina en ruta a las fauces del tiburón.
c) Se empecina en políticas que ya probaron su fracaso, como la del combate al crimen organizado que clama por un replanteamiento y la del déficit en las finanzas públicas. No hay que temerle al déficit, es cierto, pero siempre que sea temporal, mesurado y con ejercicio responsable y útil del gasto público, pero sobre todo con transparencia efectiva y real rendición de cuentas. Nada de eso se avizora.
En síntesis, salvo golpes de timón no perceptibles por ahora, el Estado que falla continuará. Pero pese a todo, es imperativo exigir que cesen o se atenúen las graves deficiencias e insuficiencias.
Omnia
Si el feudalismo vigente -que no federalismo- sigue avanzando, pronto los gobernadores podrían tomar como rehén a la Presidencia de la República. El Instituto Nacional de Elecciones no hará desaparecer el feudalismo, sería injusto pedírselo. Pero puede frenar su crecimiento.
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@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















