Por: Raúl Contreras Bustamante.
* La Constitución es la institución política del Estado. Es un factor de identidad, unidad y pertenencia nacional.
La ciencia jurídica, define a la Constitución a partir de distintos enfoques. Es “la suma de los factores reales de poder”, según Lassalle; “el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”, como la define Hauriou;
o bien, “la Norma de Normas”, de acuerdo con Carl Schmitt.
En México, la Constitución es la primordial institución política del Estado. Es un factor de identidad, unidad y pertenencia nacional. Constituye el principal instrumento para tratar de lograr el cambio social y el bien común. Se piensa que una reforma política o jurídica, puede modificar la realidad social, las costumbres del pueblo y hasta su idiosincrasia; con sólo incorporarla al texto constitucional.
A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —que es su nombre completo se le rinde homenaje cada cinco de febrero y no hay discurso político que no la refiera con respeto y veneración—.
Tanto se le ha exaltado, que todos los gobernantes han tratado de dejar labrado su paso por la política, mediante la promoción de reformas al texto constitucional. No hay consenso político, que no se pretenda elevar a rango supremo.
Ello ha generado la terrible costumbre de modificar la Constitución para todo. Con el afán de respetar el texto original de nuestra Carta Magna, que deviene desde 1857, se ha impuesto el corsé de no alterar la extensión del texto más allá de los 136 artículos originarios. Sin ese limitante histórico, quizá nuestra Constitución ya iría por el artículo 500.
Se decía que nuestra Carta Magna tenía dos partes: la dogmática, que comprendía del artículo primero al 29; y la orgánica, que estaba contenida en el resto del articulado. Ahora, con tanta reforma carente de técnica y cuidado, esta clasificación es imposible de realizar.
No se le puede recomendar a un alumno que compre una Constitución, sabiendo que a pocos meses ya no estará actualizada, debido a la aparición de una enésima reforma. Creo que sólo la miscelánea fiscal es más efímera.
La página de internet de la Secretaría de Gobernación, que informa respecto del régimen legal del país, denominada ordenjuridico.gob.mx, reporta que: del 4 de diciembre de 2006, al 8 de octubre de 2013, el Poder Constituyente Permanente nacional, ha aprobado 43 reformas constitucionales; que han modificado, derogado o adicionado un total de 67 artículos. Es decir, en menos de siete años, se ha trastocado la mitad del articulado constitucional.
Se ha reformado al artículo 73, que es el que contiene las facultades del Congreso de la Unión, 15 veces. Esto significa que, se le han agregado —en demasía— más facultades de las que ya detentaba, en demérito de la soberanía de las entidades federativas.
Algunas enmiendas han sido trascendentes como: las relativas al nuevo sistema acusatorio o el reconocer los derechos de las víctimas de los delitos, en materia penal; la protección de datos personales; la creación de las bases para la nueva legislación de amparo; la nueva concepción de los Derechos Humanos; elevar a la educación media superior al carácter obligatorio o la reciente reforma educativa; por citar algunas importantes.
Pero por el contrario, muchas otras reformas han sido injustificadas, carentes de técnica legislativa, excesivas e innecesariamente reglamentarias.
Esta tendencia parece que seguirá siendo utilizada en el futuro. Están ya en proceso de negociación un sinnúmero de reformas que aspiran a formar parte del texto constitucional.
Es necesaria reflexión, para evitar que nuestra Carta Magna se siga desfigurando. El texto constitucional debe ser materia de respeto. A ella sólo deben incorporársele decisiones políticas fundamentales y bien meditadas, que procuren trascender en el tiempo y en la conciencia de nuestra sociedad.
La Constitución es la síntesis histórica del país y el orden legal supremo de la nación. Merece un trato solemne y cuidadoso.
Fuente: Excélsior.
















