Por: Salvador Martínez G.
En México hay más de 400 casinos y establecimientos de apuestas presenciales, así como un gran número de plataformas digitales y casinos en línea que para la economía nacional representan un valor estimado de 3 mil millones de dólares anuales y la aportación de 200 mil empleos directos o indirectos.
No es menor lo que esta actividad representa, como tampoco lo son los riesgos y desafíos que le atañen, como el impacto negativo en la salud pública, la seguridad, el estímulo a la ludopatía, las apuestas ilegales y el lavado de dinero, amén del financiamiento al crimen organizado.
Por eso es que siempre han sido motivo de debate desde su autorización hace poco más de 20 años, pues desde entonces se advertía de los peligros que representaba su actividad, pero ganó el sentido lucrativo de quienes lo impulsaron y han ganado inconmensurables cantidades con las apuestas.
En este contexto, se dio la noticia de que trece casinos (presenciales y/o digitales) han sido clausurados por realizar operaciones millonarias en efectivo y de flujo de capital internacionales, como prueba de lavado de dinero para el crimen organizado.
No es nuevo que los casinos sean lavadores de capitales de oscuro origen, pero sí lo es que hoy se actúe con firmeza por parte del gobierno, especialmente de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, que suspendió de inmediato las operaciones de estos centros de apuesta con mano firme, como suele actuar.
Fuente: Índice Político.
















