Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Buenas promesas, pero promesas al fin. Eso es la reforma constitucional que el Congreso recientemente aprobó en materia de transparencia. Aunque el derecho de acceso a la información se ha consolidado como una de las principales herramientas de rendición de cuentas en nuestro país (hace un par de semanas el IFAI recibió la solicitud de información número un millón),
todavía está lejos de desarrollar su máximo potencial.
La promesa más atractiva de la reforma es que las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información se hagan extensivas a un universo más amplio de “sujetos obligados”. Este universo ya no sólo incluirá a las dependencias del Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos, además de que la supervisión se fortalecerá en el caso de las autoridades estatales y municipales. Si esta promesa se cumple, los mexicanos podremos esperar una disminución gradual de algunas de las prácticas más cínicas de corrupción que se observan actualmente en nuestro país. En el caso de los partidos, la reelección de legisladores y alcaldes probablemente se sume al derecho de acceso a la información y, juntas, ambas reformas contribuyan a que los ciudadanos ganemos terreno frente a las fuerzas cupulares que dominan la política mexicana.
La segunda gran promesa de la reforma es que en lo sucesivo las resoluciones del órgano garante en materia de transparencia (es decir el IFAI, o el organismo que se cree para reemplazarlo) serán “vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. Esta segunda promesa viene con jiribilla, pues el nuevo texto constitucional prevé que el Consejero Jurídico del Presidente pueda interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos en los que considere que una resolución del IFAI implique un peligro para la seguridad nacional. Esta salvaguarda no es necesariamente negativa; su abuso podría evitarse si en la legislación se establece una definición acotada de lo que constituye un “peligro para la seguridad nacional”. Por otra parte, el recurso de revisión, si bien retrasará la entrega de la información, no se utilizará de forma indiscriminada, pues daría visibilidad a la negativa del gobierno, además de que propiciaría un debate más amplio en torno a los límites del derecho de acceso a la información en materia de seguridad.
Sin embargo, sospecho que el recurso de revisión no se utilizará casi nunca: sólo en casos de segundo orden o cuando no sea posible recurrir a otros mecanismos para darle la vuelta a las resoluciones del órgano garante (desafortunadamente, casi siempre es posible). Para las solicitudes de verdad incómodas, es de esperarse que los sujetos obligados -viejos y nuevos- recurran a las mañas que los solicitantes de información conocemos bien: alegar la “inexistencia” de los documentos; elaborar “versiones públicas” que casi no contienen información; entregar copias ilegibles, documentos de dudosa autenticidad o que sólo corresponden a una parte de lo solicitado; o simplemente hacer como que les habla la virgen y no entregar nada. Total, de las 78 denuncias por el incumplimiento de resoluciones que el IFAI había presentado ante la Secretaría de la Función Pública desde su creación hasta diciembre de 2012, sólo 10 habían dado lugar a alguna sanción; y la mitad de estas sanciones no pasaron de meras amonestaciones. En este contexto los incumplimientos han continuado. Por ejemplo, en octubre pasado el IFAI denunció a la CFE por no entregar la lista de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que recontrató. Cabe mencionar que los sujetos obligados del sector seguridad -en concreto PGR, Cisen y la Policía Federal- son los que concentran un mayor número de denuncias por no acatar resoluciones del IFAI.
El cumplimiento de las promesas que hace la reforma dependerá de las atribuciones que se prevean en ley para el organismo que sucederá al IFAI. Lo idóneo sería que el propio organismo impusiera sanciones (como ya lo hace el IFAI en el caso de las empresas que hacen mal uso de los datos personales de sus clientes), y que estuviera facultado para llevar a cabo peritajes, intervenciones de archivos y otras diligencias. Sin cambios en este sentido, el derecho de acceso a la información seguirá generando algunos logros, pero no se consolidará como la herramienta de transformación política que podría ser. Como dice el refrán, en el detalle está el diablo.
@laloguerrero
Fuente: Reforma.
















