Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
El miércoles pasado, Reforma daba cuenta de dos noticias que retratan de manera clara algunos de los dilemas profundos del país. En primer término, el informe de la Academia Internacional de Derecho Humanitario que sitúa a México en el segundo lugar de los países con más muertes en 2012, producto de conflictos armados. El documento destaca que, aunque en México no se reconoce así,
el país está viviendo un conflicto armado por “la magnitud de la violencia, la estructura de los cárteles y los activos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”. Al mismo tiempo que en Berlín se daba a conocer este reporte, en la sede de la ONU en Nueva York, según destaca Reforma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Juan Silva Meza, recibía de manos del secretario adjunto de la ONU el Premio de Derechos Humanos que recayó en nuestro máximo tribunal.
El premio que le otorgaron a la Suprema Corte sólo se puede entender cabalmente si se asume que es una Corte operando en un contexto de conflicto armado. En ese contexto, la defensa y protección de derechos humanos no es una tarea nada sencilla. En medio de un incremento abrupto de la violencia, es muy complicado tener jueces que defiendan el debido proceso, los derechos de los acusados, la defensa adecuada, el control de la detención, etcétera. La Corte, en estos años, una y otra vez ha tenido que intervenir en asuntos que dibujan de forma paradigmática el abuso y la arbitrariedad de policías, militares, ministerios y jueces que operan en contextos de guerra. Creo que esas intervenciones de la Corte han sido fundamentales para que no perdamos la brújula de los valores que distinguen a una democracia de una dictadura. En este sentido, el reconocimiento de la ONU a nuestro máximo tribunal está muy bien merecido.
Algunos de los casos más relevantes en estos temas que resolvió la Corte en el 2013 son: Israel Arzate, acusado de la masacre de Villas de Salvárcar, sienta un precedente sobre confesiones extraídas por tortura. También el asunto del sacerdote salesiano, José Carlos Contreras, liberado por la Primera Sala, sienta un precedente importante sobre el valor de las pruebas indiciarias y la politización de la justicia. Varios amparos resueltos por el Pleno de la Corte sientan jurisprudencia sobre el derecho del acusado a una defensa adecuada, el cual necesariamente exige de un abogado y no, como hasta antes de esa decisión, sólo una persona de confianza. También está el caso de Florence Cassez, el cual sienta un precedente crucial con relación a los derechos humanos del detenido por la policía, la calidad de las pruebas y el tiempo de traslado al MP. Finalmente, también está el asunto de Hugo Sánchez, un joven mazahua, puesto en libertad por la Primera Sala después de pasar cinco años en la cárcel con una acusación que no tenía ni pies ni cabeza. Si los jueces inferiores no estuviesen haciendo eco al clamor popular de que “vale todo contra los criminales”, muchos de estos casos no hubiesen tenido que llegar a la Corte. Lo relevante es que los ministros, sobre todo los de la Primera Sala, han hecho un esfuerzo sistemático por remediar las graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos y las deficiencias de la justicia ordinaria, esperando que los jueces inferiores emulen estas prácticas.
La agenda de los derechos humanos apenas está tomando forma. Todavía nuestra jurisprudencia en la materia no se compara en su calidad y extensión con la que han generado los tribunales constitucionales más prestigiados en el mundo. Al interior de nuestro máximo tribunal existen muchas tensiones y ambivalencias entre los ministros, las cuales inhiben la potencia de la voz del tribunal y su impacto en la vida concreta de los ciudadanos. Esperemos que el premio sea un incentivo para que los máximos jueces del país asuman con mayor vigor el papel que les toca jugar en el México de hoy: ser una voz que articula, a la luz de casos concretos, los valores que compartimos y que nos hacen ser una comunidad política. Sin ellos va a ser muy difícil volvernos a hilvanar.
Fuente: Reforma.
















