Por: Juan José Morales.
En realidad, la llamada reforma energética aprobada el pasado martes por los diputados del PRI, el PAN —con un par de honrosas excepciones de este último— y sus comparsas del Panal y el llamado Partido Verde Ecologista, y que mediante una reforma constitucional entrega formal y abiertamente nuestro petróleo al capital extranjero,
es sólo un paso más en una larga cadena de privatizaciones iniciada hace casi tres décadas y a través de las cuales los gobiernos de aquellos dos partidos han venido poniendo en manos de las transnacionales nuestros recursos petroleros. Veamos lo que al respecto dijo en Radio AMLO la Dra. Catalina García, investigadora del Centro Nacional de Estudios de la Energía y catedrática de la Escuela Normal Superior de México.
El primer paso en esa dirección lo dio en 1984 el presidente priísta Miguel de Lamadrid, quien a petición del Banco Mundial aceptó “…limitar el papel de Pemex como el único productor de petroquímicos básicos, a través de la participación del sector privado en petroquímica básica.”
Dos años después, el propio De Lamadrid permitió que empresas privadas pudieran importar petroquímicos básicos, con el pretexto de que la producción nacional de los mismos era insuficiente. Lo que no se dijo entonces era que la insuficiente producción se debía a que deliberadamente el gobierno había reducido las inversiones en la industria petroquímica básica de su propiedad.
Ese mismo año, el gobierno reclasificó 36 productos petroquímicos básicos, pasándolos a la categoría de secundarios. Con esta triquiñuela, se pudo permitir que fueran manufacturados en México por empresas extranjeras, cosa que no podían hacer cuando estaban catalogados como productos básicos. Medidas similares fueron puestas en práctica por el gobierno de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, para seguir abriendo la petroquímica al capital extranjero.
Luego, el propio Salinas creó en 1988 Petróleos Mexicanos Internacional, como un holding o conglomerado de seis empresas que tendría la titularidad de los bienes de Pemex en el extranjero, lo cual expuso al propio Pemex a la intervención financiera internacional.
Un resultado de la creación de PMI fue una alianza, en 1992, también bajo el gobierno de Salinas, con la transnacional Shell para manejar la refinería de Deer Park en Texas. Para Pemex, esto no significó ninguna ventaja, sino que le resultó muy costoso, pues tuvo que pagar dividendos a los accionistas de Shell por más de nueve mil millones de dólares en el período 1992-2011.
En 1994 Pemex fue reestructurado, dividiéndolo en cinco subsidiarias a las cuales se autorizó a contratar con empresas privadas, nacionales o extranjeras, la ejecución de grandes obras y el suministro de diversos servicios que hasta entonces habían sido realizadas o manejados por la paraestatal con su propio personal, o por empresas nacionales.
Ernesto Zedillo, por su parte, dio un paso más en ese camino de privatización gradual al eliminar de un plumazo la exclusividad que hasta entonces tenía el Estado mexicano en materia de transporte, almacenamiento, distribución, venta y comercio exterior de gas natural, permitiendo la participación en tales rubros de empresas privadas mexicanas o extranjeras. Y en 1996 el propio Zedillo abrió totalmente la industria petroquímica a la inversión extranjera.
Igualmente, bajo el gobierno de Zedillo, en 1998 se puso en manos de la empresa norteamericana Bechtel el manejo del gran campo petrolero marino de Cantarell, considerado la joya de la corona de Pemex. Bechtel, dicho sea de paso, administró tan mal el yacimiento que fue necesario cancelar el contrato, aunque la empresa norteamericana se llevó una suculenta compensación de casi 712 millones de dólares.
Después, bajo la anodina denominación de “Contratos de Servicios Múltiples”, se entregó a empresas extranjeras la extracción de gas natural de la cuenca de Burgos en Tamaulipas.
Y en el año que está por terminar, en agosto, se entregó al capital extranjero el gran complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, que había sido dejado —como acostumbran los gobiernos del PRI y el PAN para justificar privatizaciones— en el abandono casi total.
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Fuente: Por Esto.
















