Por: EDUARDO ESQUIVEL.
:a reciente aprobación de la llamada reforma energética, que contempla la apertura del sector a la inversión privada y rompe el paradigma de no permitir ninguna participación del capital privado y extranjero en la industria energética del país, nos debe llevar a hacer un análisis de cómo ha sido la apertura y privatizaciones de empresas y sectores productivos en el pasado reciente de México y aprovechar estas experiencias
y no repetir los errores que se cometieron y que en muchos casos han significado un freno al desarrollo económico del país.
Eran los años ochenta del siglo pasado, el fantasma de las privatizaciones y la apertura de la economía recorrían el mundo, el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, hace recortes en la planta laboral de las minas de carbón que administraba su gobierno y estas carboníferas son vendidas a empresarios privadas con lo que se da el comienzo para muchas privatizaciones de empresas del estado en varios países y así seguir las recetas emanadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), esto con el fin, según se dijo, de “modernizar”, “eficientar” y “purificar” las finanzas públicas.
La ola privatizadora se extienden rápidamente en el mundo. Chile, con el general Augusto Pinochet en el gobierno, pone el ejemplo al desincorporar las empresas estatales a favor de los empresarios privados y corporativos transnacionales, estas aperturas de la economía coincide con la desilusión que venía arrastrando el conocido como el Estado Promotor y Benefactor y sus excesos, corrupción y malos manejos, cosa que aprovecharon muy bien los promotores de la economía neoliberal para poner en boga sus conceptos básicos y sus principios macro económicos.
México no fue ajeno a esta ola privatizadora, siendo el presidente Miguel De la Madrid el que comienza por abandonar las políticas económicas que habían caracterizado a los gobiernos pos revolucionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) progresista y nacionalista, en donde el Estado conduce la economía y muchos sectores productivos estaban cerrados a la participación de la inversión privada.
El gobierno de Miguel De la Madrid en 1984 promulga la Ley de Entidades Paraestatales en la que se clasifican los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como estratégicos prioritarios y no prioritarios y se ordena todo el sector paraestatal conforme a esos criterios. Con los criterios ya establecidos se inicia la privatización de aquellas empresas del estado mexicano no prioritarias y es así como el gobierno vende en 1986 su participación de la empresa Cigarros La Tabacalera Mexicana (CIGATAM) al Grupo Carso de Carlos Slim, en 244 millones de dólares. Esta operación significó para el magnate un gran negocio, ya que la compañía tabacalera aportó a su grupo empresarial un flujo de efectivo considerable tan sólo en 2 años de haberlo adquirido, que sirvió para incrementar el portafolio del grupo.
Cabe hacer mención que el grupo Carso, en 2007 vendió el 30 por ciento de su participación en CIGATAM a su socio la estadunidense Philp Morris. La transacción fue por un monto de 1.1 millones de dólares, con lo que la empresa de Slim ya solamente controlaba un 20 por ciento de las acciones de la empresa cigarrera y el otro 80 por ciento era controlada por la empresa norteamericana. El pasado mes de mayo Grupo Carso informó la venta de su participación del 20 por ciento de las acciones que ha un conservaba de la cigarrera a su socio Phip Morris en aproximadamente 700 millones de dólares.
La desincorporación de empresas paraestatales de 1982 a 1988 que comprende el gobierno de Miguel De la Madrid se liquidaron, y se extinguieron 294 empresas paraestatales, otras 72 empresas se fusionaron y 155 empresas se vendieron al sector privado o al sector social, según informó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La mayoría de estas empresas se consideraba no prioritarias, como era el caso de la empresa Tereftalatos Mexicanos, (productora de ácido teraftálico) que fue adquirida en 1988 por el Grupo Alfa de la familia Garza Sada en 106 millones de dólares.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) se caracterizó por una profunda política de privatizaciones y de sectores como la siderurgia, la banca o la telefonía, que en la mayoría de los casos no fueron desincorporaciones exitosas y por el contrario causaron problemas para la economía del país.
El sector siderúrgico que era controlado por el gobierno en la década de los noventas del siglo pasado era conocido como Sidermex. Estaba conformada por tres siderurgias Altos Hornos, S A., Fundidora Monterrey, SA., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S A de C.V.
La mala administración de la siderúrgica, el exceso de personal y la baja en los precios internacionales del acero en la década de los noventas del siglo pasado, aunado a las continuas devaluaciones que se dieron en México, hicieron que Sicartsa tuviera perdidas muy grandes y que el gobierno tuviera que asumir pasivos por aproximadamente 1000 millones de dólares.
Altos Hornos, SA (AHMSA) era una siderúrgica muy exitosa que pertenecía a Nacional Financiera, (Nafinsa), pero las devaluaciones y grandes pasivos en moneda extranjera le fueron minando su productividad, por lo que fue vendida en 1991 al Grupo Acerero del Norte de las familias Ancira y Autrey.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar las siderúrgicas Las Truchas que tenía en su poder, por lo que está se vendió a la empresa acerera más grande del mundo, y que es de origen europeo (de Inglaterra y Luxemburgo) Arcelor Mittal, y otra parte la adquirió Grupo Villacero de Julio César Villareal. Esta segunda empresa acabó vendiendo a Mittal su parte tras una huelga en 2006 de 141 días, que se enfrentó con el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia.
Para el economista Emilio Sacristán Roy, el resultado de la gestión de venta de las siderúrgicas por parte del gobierno fue prácticamente un regalo; por Sicartsa I se obtuvieron 164 millones de dólares, por Sicartsa II, 170 millones de dólares, y por AHMNSA, 145 millones de dólares; siendo en total de 755 millones de dólares, frente a un capital contable que se estima en por lo menos 6000 millones de dólares, cuando los pasivos de estas empresas fueron absorbidos por el gobierno federal. En conclusión, el gobierno gastó muchos millones de dólares en sanear las empresas siderúrgicas y luego las vendió a precios muy bajos, un magnífico negocio para la inversión privada.
El gobierno salinista decidió privatizar la empresa estatal que detentaba el monopolio del servicio telefónico, pero para realizar la venta el gobierno realizó varias acciones. Se estableció en la empresa estatal un título de concesión, donde se especificaron los ajustes y metas cuantitativas para la telefonía de larga distancia internacional, nacional y de servicio local, así como otros servicios conexos, también se reestructuró la empresa en su capital y sus tarifas, se realizaron ajustes fiscales y se llegó a un convenio con el sindicato que desde ese entonces era ya dirigido por Francisco Hernandez Juárez.
La privatización de Telmex se realizo en dos etapas. La primera era una licitación que comprendía el capital social por 2 085 millones de dólares, por el 100 por ciento de las acciones comunes, reservando al sindicato 4.4 por ciento del capital social. El ganador de la licitación fue el Grupo Carso, Southwesterm Bell y France Cables et Radio.
Entre 1991 y 1992 se realizó la segunda etapa y se colocó, en diversas bolsas del mundo, 4 240 millones de dólares de acciones preferentes.
Las exigencias del gobierno de Salinas para vender la empresa telefónica fueron puntualmente cumplidas por los compradores, pero las ganancias que ha tenido el grupo empresarial de Carlos Slim son inigualables, además de que los nuevos dueños contaron con un lapso de tiempo en que prestaban sus servicios como monopolio privado y contaron con ayuda del gobierno para frenar la posible competencia, como la de ITT, que quería competir en el mercado mexicano una vez que se dio la apertura de servicios telefónicos, además de que la competencia también necesitaba colgarse a la red de Telmex para poder dar el servicio en todo el país y las tarifas que cobraba la telefónica de Slim por este servicio de interconexión eran muy altas, cuestión que restaba competitividad a los competidores de la empresa dominante en telefonía.
El servicio que presta Telmex en cuanto a telefonía fija es bueno en comparación con el servicio que daba cuando la empresa era administrada por el gobierno, pero si hacemos un análisis de las tarifas, estas son muy altas, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) del 2011, sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, llegó a las siguientes conclusiones: la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado un mercado ineficiente que provoca la imposición de costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población; son de las tarifas más altas del mundo.
El estudio de la OCDE indicó que el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía, dirigida por el magnate mexicano Carlos Slim, quien posee el 80 por ciento del mercado de la telefonía fija y el 70 por ciento de la móvil.
La privatización de los servicios telefónicos no trajo más competencia ni bajó las tarifas de este servicio, y sigue existiendo una empresa dominante a pesar de la apertura en el sector.
En dos entregas más seguiremos con el análisis de la apertura de la economía del país y las privatizaciones, ya que como dicen, “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.
Fuente: sdpnoticias.com
















