Por: Luis Manuel Garza.
El proyecto de ley que garantiza el derecho de réplica, enviado por la Cámara de Diputados a la de Senadores el pasado 5 de diciembre, obliga a los medios de comunicación a publicar las aclaraciones de cualquier persona que se sienta agraviada por información o crítica periodística, sustentada en hechos falsos o inexactos.
Aunque el fin es loable, pues se legisla sobre un derecho humano fundamental, el proyecto contiene tres graves errores.
El primero es utilizar la palabra “inexacta”, pues por más rigor periodístico que exista en una publicación, si por cuestión de espacio se requiere editarla, cualquier persona con criterio estrecho la tachará de inexacta por incompleta, lo cual riñe con uno de los principios básicos del ejercicio del periodismo, que es comunicar la verdad en el menor espacio posible.
El segundo error es igualar a los políticos con los gobernados, siendo que los primeros deben estar sujetos a un mayor escrutinio, pues la función del periodismo libre es escudriñar en el quehacer gubernamental, no en el de la vida de los ciudadanos comunes.
Esto queda explicado dentro de la jurisprudencia 38/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Registro 2003303), en la cual se establece que los “límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna”.
Sin embargo, la ley está siendo gestada para que los políticos se puedan entrometer en los medios informativos, incluyendo opiniones editoriales, dando al traste con la libertad de prensa.
El dictamen debe modificarse para limitar a los políticos el ejercicio de ese derecho a casos de gravedad extraordinaria.
El tercer error es encomendar a un ente gubernamental, como lo es el Poder Judicial federal, las decisiones sobre la procedencia o no de la réplica, pues si consideramos que son los políticos quienes se perfilan para decirse “agraviados” por las notas y editoriales periodísticos “inexactos” resultará desequilibrado que sea uno de sus iguales quien resuelva las controversias sobre el tema.
Imposible garantizar imparcialidad, si la contraparte de los políticos somos periodistas, quienes por la propia naturaleza de nuestro trabajo resultamos incómodos para la clase gobernante, incluyendo a los propios juzgadores.
La solución es crear un organismo ciudadanizado con integrantes de las diferentes instituciones de la sociedad civil, quienes sin costo alguno para el erario se reúnan periódicamente a decidir tales cuestiones.
Finalmente, el tema no es nuevo, pues en 1974 la Suprema Corte norteamericana declaró inconstitucional una ley similar promulgada en 1913.
Se trata del emblemático caso Miami Herald Publishing Co. vs. Tornillo, 418 U.S. 241, en el que el periódico mencionado se negó a publicar una réplica solicitada por el entonces candidato a legislador Pat Tornillo, quien había sido criticado en una columna editorial.
La Corte estableció entonces que “la inclusión obligatoria de alguna información equivale a la censura”.
Los senadores deben tomar en cuenta ese precedente y ajustar el proyecto de ley, pues el interés colectivo de tener prensa libre es muy superior al derecho de un político supuestamente agraviado por información que un juez considere inexacta.
Fuente: Reforma.
















