Por: SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA.
Después de la vorágine reformista de 2013 con la reforma educativa, la de telecomunicaciones, la financiera, la hacendaria, culminando el año con la energética (aprobada por el Poder Constituyente Permanente en menos de una semana), quedaron pendientes de concreción la político-electoral y la anti-corrupción, tan solo en la etapa de las modificaciones constitucionales,
ya ni se diga por lo se refiere la reglamentación de las mismas.
Las 3 principales fuerzas políticas del país y el gobierno federal se embarcaron en una serie de acuerdos y compromisos en el Pacto por México, el cual feneció en noviembre pasado, por las diferencias irreconciliables en materia energética, donde la izquierda en su conjunto fue excluida.
Está claro que al gobierno federal y al PRI les importaba sobremanera la energética, muy por encima de las demás, las cuales han dejado a la inercia como la político-electoral y la anti corrupción.
La político-electoral, aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión desde el pasado 5 de diciembre de 2013, ha tenido un recorrido lento y parsimonioso por las legislaturas de los Estados para su eventual aprobación, y hasta el momento de escribir estas líneas solo lo han hecho 6 de ellas, faltando por lo menos de otras 10 de las mismas.
Como todas las reformas que hemos visto en el año reciente, en la político-electoral la consulta a la sociedad ha sido mínima, imponiéndose la visión de la clase política o peor aún, de una pequeña parte de la misma, y que en la coyuntura y como factor de negociación han salido adelante, al menos parcialmente.
La político-electoral implica la reforma de 30 artículos, la adición en 11 más y la derogación de una fracción en otro más. Incluye transformaciones trascendentales en el sistema de planeación, en la evaluación de las políticas de desarrollo social (con la conformación de otro organismo constitucional autónomo), la creación del Instituto Nacional Electoral (el cual vendrá a sustituir al IFE y asumirá buen parte de las funciones de los actuales institutos electorales de las entidades federativas), así como la transformación del sistema nacional de impartición de justicia electoral, entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, con un nuevos sistema de nulidades en la materia.
La reelección de legisladores federales y locales, así como de ayuntamientos no es un asunto nada menor, como tampoco el nuevo esquema de análisis y presentación de informes del Ejecutivo y la aprobación de la estrategia nacional de seguridad pública por parte del Senado, y del plan nacional de desarrollo por los diputados.
El novedoso esquema para poder formas gobiernos de coalición, con la ratificación de la mayoría de los secretarios de Estado, en su caso, como la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo, son cambios de enorme trascendencia.
Las nuevas facultades legislativas para expedir leyes generales en materia de partidos políticos, de procedimientos y delitos electorales, implica un extraordinario trabajo de diseño normativo. Y si a esto le agregamos la necesaria reglamentación que se ha dejado pendiente, entre otras, de las candidaturas independientes, conjuntamente con un régimen de sistema de partidos políticos a nivel nacional, nos da una idea de lo complicado de la tarea.
Solo he referido algunos de los temas centrales de esa reforma, y los que se refieren específicamente a la materia electoral son urgentes, si realmente se quiere que se apliquen para el proceso electoral de 2015, pero no se advierte esa urgencia por algunos actores políticos por ningún lado, especialmente del PRI y del gobierno federal.
Recordemos que el PAN condicionó su apoyo a la reforma energética a la aprobación previa de la política, lo cual ocurrió en parte, pero no en todo su proceso, y ahora pretende no aprobar la reglamentaria de la urgente energética si no se aprueba completamente la política, y su necesaria reglamentación inmediata. Esta sí es urgente, en términos de los tiempos político-electorales y constitucionales, pero parece que para la clase política predominante y en el poder no lo es.
Después de que la reglamentación de la reforma política de 2007-2008 no ha culminado en pleno 2014, parece que poco podemos esperar de una clase política y unos poderes legislativos, federal y locales, controlados y sujetos, en plena pluralidad democrática, a directrices centrales. El viejo centralismo y control político priista está de regreso, y los equilibrios y contrapesos de la oposición no se ven muy eficientes.
Fuente: SDPNOTICIAS.COM
















